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Obras en la casa museo Manuel de Falla en el año 2001.
Una sentencia obliga a la ciudad a abonar 1,5 millones en obras de hace una década

Una sentencia obliga a la ciudad a abonar 1,5 millones en obras de hace una década

El Ayuntamiento alegaba que la empresa las había hecho por su cuenta pero el TSJA señala que los trabajos fueron recepcionados

M. V. Cobo

Martes, 15 de diciembre 2015, 16:07

Al área de Economía del Ayuntamiento de Granada no hacen más que llegar nuevas cantidades a pagar. Las dos últimas sentencias, ambas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, obligan a la capital a abonar 1,5 millones de euros en total, por obras no reconocidas por el gobierno municipal. Algunas de esas obras se hicieron hace más de una década. Las cantidades no son muy elevadas, pero tampoco están sobradas de dinero las arcas municipales, que para el próximo ejercicio tienen que hacer frente a más de 20 millones de euros extraordinarios. Esta cantidad tampoco podrá salir del fondo de contingencia, una suerte de reserva de dinero para imprevistos, puesto que el dinero que había en esa 'hucha' se empleó para abonar otra sentencia por un asunto urbanístico, en concreto, para indemnizar a la promotora que hizo el aparcamiento de Triunfo, por el sobrecoste al que se enfrentaron con la aparición de restos arqueológicos durante los trabajos.

Estos 1,5 millones de euros de los que se tendrá que hacer cargo el Ayuntamiento proceden de dos sentencias del TSJA del mes de noviembre. Los fallos se dieron a conocer a los grupos políticos en la comisión delegada de Presidencia, Contratación y Transparencia, y en la que también se dieron a conocer los asuntos judiciales.

La de mayor cuantía hace referencia a una reclamación de la constructora Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC), que pedía al Ayuntamiento que abonara 18 obras que se habían ejecutado pero que el Consistorio no reconocía, señalando que no las habían encargado desde el gobierno municipal. El Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Granada había dado la razón en parte a la empresa, pero FCC decide recurrir hasta el TSJA. La constructora señalaba que el Ayuntamiento, en una resolución de 2009, se había negado a abonar 18 obras pendientes de cobro, alegando que nunca las había encargado. En primera instancia, el juzgado condenaba a pagar 1.328.130 euros. Señalaba el fallo que las obras desglosadas «fueron recepcionadas a plena satisfacción de ambas partes, sin que se haya probado ningún incumplimiento, ni conste en vía administrativa tampoco la existencia de incumplimiento alguno».

El TSJA, al que recurrió la empresa, revisa todo el expediente y estima, en parte, la reclamación de la promotora, aunque reduce la cantidad que debe abonar el Ayuntamiento en 26.506 euros.

Las obras que los tribunales consideran probadas no son trabajos pequeños ni que pudieran pasar desapercibidos para el Consistorio. De hecho, uno de los abonos es sobre unos trabajos en el edificio que es la sede actual de Urbanismo, en el edificio de las Hermanitas de los Pobres. Alrededor de medio millón de euros tendrá que abonar la capital por trabajos en esa sede. Se tendrán que pagar ahora, más de una década después, los trabajos que se efectuaron en la casa museo Manuel de Falla. También considera probadas las obras de información y registro del Ayuntamiento de Granada en Merca 80, la reparación de cubiertas en el colegio Gómez Moreno, en la policía de barrio Distrito Sur y Distrito Norte y el acondicionamiento de locales en la plaza del Carmen.

«No existe constancia»

La respuesta que dio el área de Urbanismo fue que «no existe constancia de esas obras y que no fueron encargadas por el Ayuntamiento», según se recoge en la sentencia del TSJA a la que ha tenido acceso este periódico.

El Alto Tribunal da la razón sólo en parte da la empresa promotora, que inicialmente reclamaba 2,4 millones de euros en obras atrasadas.

A esta cantidad habrá que sumar los 219.843 euros que tendrá que pagar también el equipo de gobierno local a la empresa Jarquil Andalucía SA. La promotora reclamaba a la capital que abonara esa cantidad por las obras de urbanización que se habían llevado a cabo en la zona oeste de la ciudad, alrededor de un gimnasio. En concreto, se exigía el pago de las obras para la instalación y funcionamiento del suministro de energía eléctrica.

En este caso existía una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada, que consideraba que la promotora no debía reclamar el dinero al Ayuntamiento, sino a la junta de compensación, una especie de comunidad de propietarios, dueños del terreno. Sin embargo, el Alto Tribunal revoca el fallo de primera instancia. Señala el fallo judicial, al que tuvo acceso este periódico, que «esas obras, aunque no fueran expresamente consentidas, sí que tuvieron que ser, necesariamente, conocidas por el Ayuntamiento, y, además, dada su función de control, dirección y supervisión, debieron ser consentidas tácitamente, ya que el Ayuntamiento era el promotor de la obra». Además, establecen los magistrados que si no se abona ese dinero, habría un «enriquecimiento injusto» para el Ayuntamiento de Granada, ya que la mercantil no obtiene un beneficio al hacer esas obras, ni es una decisión ajena al Consistorio. Así se le notificó a la plaza del Carmen, y el equipo de gobierno dio traslado de esta información en la comisión de Presidencia celebrada ayer. Ninguna de estas dos sentencias puede ser recurrida. Esta sentencia se suma a la que, hace sólo un par de meses, condenaba al Ayuntamiento a abonar también 1,6 millones de euros a la empresa que llevó a cabo las obras del aparcamiento de Triunfo.

Esta sentencia llega en un momento complicado para el área de Economía. A estas alturas del año, cuando tendrían que estar perfilándose los presupuestos de 2016, ni siquiera se ha afrontado esa negociación. El gobierno en minoría del PP se ha encontrado con la negativa de la oposición a las ordenanzas fiscales, concretamente a la subida del IBI. Hasta que no se cierre este punto, que afecta a los ingresos, nos e cuadran los presupuestos. Así que, además de los 20 millones extra, habrá que detraer otros 1,5 millones más para esta sentencia.

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