Una mujer pide limosna en la calle con su hijo en brazos.

Condenada a ser 'una buena madre' por mendigar con su bebé de pecho

La acusada, menor de edad, fue sorprendida en dos ocasiones cuando pedía limosna en la calle mientras amamantaba a su hijo recién nacido

Carlos Morán

Jueves, 14 de enero 2016, 16:29

La acusada, una menor de edad, 'convirtió' a su bebé recién nacido en un instrumento para ablandar voluntades y recaudar limosnas. Su 'trabajo' consistía en explotar al pequeño. Usó al niño como reclamo para que la gente se compadeciera de ella y ahora deberá pagar por ello.

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Según el Código Penal, cometió un delito de utilización de menores para la mendicidad. Y con la agravante de que lo hizo de forma continuada. Es decir, que no escarmentó cuando la Policía Local de Granada la sorprendió por primera vez limosneando con su bebé y continuó delinquiendo.

La joven, que aún no había cumplido los 18 años cuando ocurrieron los hechos, ha aceptado ahora una condena de quince meses de libertad vigilada «con el objetivo fundamental de supervisar las responsabilidades de la menor como madre, la retirada de las prácticas de mendicidad» y el control sanitario tanto de ella como de su hijo. En otras palabras, que la justicia ha impuesto a la acusada una medida que persigue que aprenda a ser una 'buena madre' y deje de ganarse la vida a costa del pequeño.

En este sentido, habrá un delegado de libertad vigilada que supervisará constantemente los progresos de la joven y, si durante los quince meses, incumpliera en algún momento el mandato judicial podría ser acusada de desobediencia, lo que podría implicar incluso su encierro en un centro de reforma para menores infractores, el que castigo más severo que prevé la ley para los delincuentes infantiles y juveniles.

Para «dar de comer» al niño

La 'madre-niña' fue sorprendida por primera vez por patrulleros de la guardia municipal cuando mendigaba con su bebé la tarde del 29 de abril del pasado año 2015. Sucedió en pleno centro de la capital granadina. La joven se había colocado en la confluencia de dos calles por las que transitan a diario cientos de ciudadanos. En ese punto, según el relato de los hechos elaborado por la Fiscalía de Menores de Granada, «pedía limosna a los transeúntes mientras amamantaba a su bebé, consiguiendo así que las personas que pasaban por la calle se apiadasen de ella, dándole dinero para, según indicaba la menor, 'dar de comer a su hijo'».

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Los agentes de la Policía Local detuvieron a la joven, y antes de ponerla en libertad, le advirtieron de que su conducta «era delictiva».

Sin embargo, apenas dos meses más tarde, la mañana del 22 de junio, la historia volvió a repetirse, en esta ocasión en las puertas de un supermercado ubicado también en la capital. La adolescente «estaba sentada en el suelo con el bebé en brazos, rodeada de algunas bolsas con alimentos y unas monedas depositadas en un cartón en el suelo, efectos que constituían la limosna que la menor había obtenido exponiendo a su hijo para llamar a la caridad de las personas que entraban y salían» del establecimiento.

El padre, también acusado

El caso es que la joven acabó imputada por la comisión de un delito de utilización de menores para la mendicidad, pero finalmente se conformó con la petición del ministerio fiscal y no fue necesario celebrar la vista oral del juicio.

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La adolescente, originaria del Este de Europa, había llegado a España junto al padre del bebé, que posteriormente también fue detenido por otros hechos delictivos.

La pareja y el niño convivían con su suegra, y su situación económica era precaria. Además, ninguno de ellos hablaba español.

Los juzgados de Menores, así lo ordena la ley, han de tener muy en cuenta todas esas circunstancias antes de dictar sentencia. No se trata solamente de leer lo que dice el Código Penal y aplicarlo. De ahí que la petición fiscal incidiera en la necesidad de reeducar a la menor para que ejerza adecuadamente el papel de madre.

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Para un adulto, la implicación en un delito de utilización de menores para limosnear puede llevar aparejada una condena de prisión que podría oscilar entre seis meses y un año de cárcel.

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