El PCA ve una "persecución política" en la imputación del exvicepresidente de la Diputación

El Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha considerado este martes que la acusación en el conocido como "caso Mercamed" al exvicepresidente segundo de la Diputación de Granada Julio Bernardo (IU) responde a una "persecución de carácter político" y a "una caza de brujas" por parte del PP.

Este caso, que ha investigado supuestas irregularidades en la gestión de fondos destinados a una feria en Tetuán durante el mandato que compartieron PSOE e IU al frente de la Diputación, se encuentra a la espera de juicio oral contra doce acusados.

Tras conocerse el escrito de acusación de la Fiscalía, que ha solicitado en sus conclusiones provisionales penas de hasta ocho años y cinco meses de cárcel y hasta nueve años de inhabilitación para once de los doce acusados, el PCA ha mostrado su apoyo a Bernardo.

La formación de izquierdas cree que los elementos fundamentales esgrimidos por la defensa no se han tenido en cuenta y ha señalado que la intervención en este caso del exvicepresidente "se ajustó en todo momento a derecho".

Para el PCA la única motivación en las actuaciones del equipo de gobierno de la Diputación en 2011, compuesto entonces por PSOE e IU, fue salvaguardar los intereses de los ciudadanos y evitar que se tuvieran que devolver los fondos concedidos por la Unión Europea para una feria empresarial que se celebrara en Tetuán.

La organización comunista mantiene que las actuaciones emprendidas en su día por el equipo del PP en este caso suponen "una persecución de carácter político" con objeto de dañar la imagen de sus adversarios.

Por ello, ha acusado a través de un comunicado al partido que preside en Granada Sebastián Pérez de usar la administración pública y los impuestos de todos los ciudadanos con "fines partidistas".

"El PP inició una caza de brujas con fines particulares pero financiada desde la Diputación Provincial", ha sostenido el PCA, que ha criticado además que se contratara a un abogado privado en lugar de recurrir a los servicios jurídicos de la institución.

En cuanto a las acusaciones de la Fiscalía sobre Julio Bernardo, ha indicado que "en ningún momento" se dice que haya habido enriquecimiento económico del entonces vicepresidente segundo, a diferencia de otros casos de supuesta gestión irregular que se están juzgando en la actualidad como la trama Gürtel o la de la Fundación Nóos.