M. V. Cobo
Miércoles, 10 de febrero 2016, 01:34
Los juzgados granadinos siguen luchando contrarreloj para ponerse al día con las demandas que recibieron el pasado mes de enero, cuando entró en vigor la obligatoriedad de comunicarse con las sedes judiciales de forma telemática. Un problema informático dejó ochocientas demandas del ámbito civil 'bloqueadas' en un buzón. A día de ayer, habían logrado rebajar la cifra a menos de setecientas, pero el juez decano de Granada, Jesús Rodríguez, advirtió de que no han descartado aún dejar de aplicar la normativa denominada 'papel cero'.
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El decano de los jueces granadinos, Jesús Rodríguez, alertaba la semana pasada del problema que habían sufrido en la jurisdicción civil, donde el nuevo sistema telemático no empezó a funcionar hasta el 22 de enero. Advertía el responsable judicial que necesitaban personal de refuerzo, algo que han logrado sólo a medias.
«Estamos teniendo alguna persona de apoyo de Informática en el decanato de civil. Gracias a eso, y a que hemos traído a tres funcionarios de otras áreas -donde también hacen falta-, el volumen de asuntos pendientes está en algo más de 600», señaló ayer Rodríguez. Pero el decano granadino pidió a la Junta, una vez más, que les faciliten personal de apoyo, algo que desde el gobierno andaluz le han comunicado que no será posible.
«Estamos intentando estabilizar la situación. Pero no podemos dedicar a esos funcionarios siempre a esas funciones. Esta semana seguiremos así. Pero seguimos con la misma idea. Si vemos que la reducción de demandas pendientes no es importante, tendremos que suspender el nuevo sistema», relató Rodríguez, en relación con el llamado 'papel cero'..
«Estamos intentando actuar de forma cautelosa. Lo que sea paralizar el sistema para empezar más adelante es una medida delicada. Tenemos que reiterar la petición de apoyo a la Junta para que funcionen los medios. Si funcionaba mal fue también por su responsabilidad. No pueden hacer dejación de funciones. Son quienes deben prestarnos apoyo en esto», resumió Rodríguez.
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Todos los colegios de abogados de Andalucía reclamaron este fin de semana al Ministerio de Justicia una moratoria de la normativa.
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