La mitad de las multas de tráfico recurridas en 2015 se retiraron

La posibilidad de pagar sólo la mitad de la cuantía de la multa tiene un doble efecto para el ciudadano. Por un lado, se ahorra la mitad de la sanción, y por otra, disuade a cualquiera de enfrentarse a un largo procedimiento de recurso. Sin embargo, el año pasado hubo 7.770 multas de tráfico impuestas por la Policía Local que fueron recurridas por los destinatarios.

De ese total, en 4.012 casos se atendieron las reclamaciones presentadas por los vecinos, de forma que se retiraron o se redujeron en cuantía. Esto supone un 51% del total, una cifra nada desdeñable. Dentro de esos recursos estimados, debe haber también sanciones que incluso tuvieran que llegar a un procedimiento judicial.

En los otros 3.758 casos, el recurso de los vecinos no se estimó, por lo que siguió adelante la tramitación del expediente sancionador. Estos datos los recabó ayer el grupo municipal socialista en la comisión de Protección Ciudadana y Movilidad, organismo al que se los habían solicitado en la cita del mes anterior. El equipo de gobierno local señaló que en algunos casos esos recursos estaban relacionados con las sanciones de las cámaras, por lo que los ciudadanos podían alegar y se estimaban en un buen número

Sin embargo, para el concejal socialista Baldomero Oliver hay «algún problema en la actividad sancionadora». «Hemos planteado que esto genera malestar y molestias para los ciudadanos y un trabajo adicional para el Ayuntamiento», señaló el edil, en relación al trabajo de emitir esas sanciones y luego abrir el procedimiento de recurso.

Responsabilidades

Por otro lado, la responsable de Movilidad del grupo municipal socialista, Raquel Ruz, exigió ayer responsabilidades políticas «inmediatas» ante el fracaso constatado por el observatorio de Movilidad. Desde el PSOE consideran que la concejala del área, María Francés, «debería presentar su renuncia tras quedar patente en la última reunión que la propuesta puesta sobre la mesa por el PP no ha gustado a ningún colectivo y no recoge ni una sola de las peticiones realizadas por los más de 70 colectivos que durante estos siete meses han participado en el mismo».

Ruz destacó que tras meses de trabajo, «el PP se permite traernos una propuesta que no ha pedido nadie, que no soluciona la movilidad de esta ciudad, y que a todas luces es un parche para el que no hacía falta tanta reunión». La edil lamentó que «los populares hayan vuelto a ningunear la participación en esta ciudad y hayan hecho oídos sordos a un problema que afecta de 250.000 granadinos condenados desde hace casi dos años a un sistema de autobuses y transbordos injustificable por más tiempo».

A juicio de Ruz, «para esto, no era necesario un observatorio de la Movilidad, ya que esta solución estaba diseñada de antemano. Hemos vuelto parcialmente al antiguo sistema de transporte. Se recupera el antiguo 33, el antiguo 4, y parcialmente el antiguo 9. No se plantea una solución integral de la movilidad para todos los barrios y no soluciona el problema del uso del vehículo privado, como tampoco el problema económico o la sangría provocada a las arcas municipales».

La edil le preguntó al equipo de gobierno del PP qué va a pasar «con el resto de barrios, sobretodo los más perjudicados por el sistema de transbordos como son el Albaicín, Haza Grande, el Fargue o Bola de Oro». En este sentido, lamentó que «para el PP siga habiendo barrios de primera y barrios de segunda».

No obstante, Ruz mostró también su preocupación por cuestiones no resueltas como es el «desastre económico provocado por la LAC» y afirmó que «la propuesta no soluciona el problema económico, ya que solo supone el ahorro de unos 400.000 kilómetros y 2 millones de euros, cuando el sobrecoste anual del sistema es de más de 5 millones de euros».

Para la socialista, «la responsable de Movilidad está absolutamente ciega si cree que con tres cambios vamos a recuperar los usuarios que se han perdido estos años», resumió.