El TSJA anula una oposición de 2007 a subinspectores de la Policía Local

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el concurso-oposición que el Ayuntamiento de Granada convocó en el año 2007 para cubrir ocho plazas de subinspector de Policía Local. La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, del 22 de febrero, desestima el recurso presentado por el Consistorio y ratifica la anulación del concurso-oposición al considerar que hubo una filtración de las preguntas a un grupo de cinco de los aspirantes que supuso que «no todos los opositores estaban en las mismas condiciones».

La sentencia del TSJA, a la que ha tenido acceso este periódico, es firme. Y aunque en el texto se señala que no cabe recurso alguno, desde el Ayuntamiento señalaron que presentarán un recurso de casación al Tribunal Supremo cuando les sea notificada la resolución judicial. Estos exámenes permitieron que ocho agentes de la Policía Local accedieran al puesto de subinspector, plaza desde la que alguno de ellos incluso ascendió a inspector posteriormente.

Respuestas aprendidas

La sentencia del TSJA pone fin a un largo proceso judicial que se inició tras la celebración de los exámenes. Así, hubo uno de los aspirantes presentó una denuncia en Fiscalía y se abrió una investigación penal en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Granada. La vía penal se cerró con el sobreseimiento provisional, pero se investigaron los hechos y se alcanzó la conclusión de que se habían producido «irregularidades» en el examen. Concretamente, se concluía la existencia de ilícito penal. En el análisis de los hechos que se hizo en la fase de instrucción se ratificó que cinco de los opositores que aprobaron el examen práctico «contestaron bien a casi todas las preguntas de la 21 a la 100, y en cambio muy regularmente a las 20 primeras preguntas». El bloque bajo sospecha corresponde con preguntas aportadas por el Ayuntamiento de Granada, mientras que en las cuestiones facilitadas por la Junta de Andalucía no se dio el mismo grado de aciertos tan elevado.

La misma situación se produjo en el examen práctico. «Resulta asombroso que los opositores (...) siguieran el mismo esquema con las soluciones dadas por el tribunal, mientras que los demás policías, cada uno lo hizo como mejor sabía, pero sin seguir un orden de respuestas tan predeterminado», recoge el auto. «Hay que denunciar entonces que estos hechos no son fruto del saber, ni de la suerte, ni del destino; y por tanto los hechos revelan indiciariamente que uno o varios miembros del tribunal forzosamente tuvieron que explicar el contenido del examen o parte del mismo, a uno o varios de los opositores aprobados», recoge el escrito.

Respuesta errónea

Se daba incluso la circunstancia de que en los exámenes de estos cinco opositores en los que se producía el mismo patrón de respuesta hubo una pregunta a la que respondieron de forma idéntica y que el tribunal había dado por buena inicialmente, aunque existía un error. El resto de aspirantes contestó correctamente o la dejó en blanco.

En esta primera fase de investigación se dictó el sobreseimiento provisional porque se constataba la existencia de un ilícito penal, pero no se encontró «autor conocido» de los hechos, puesto que no se podía precisar quién había filtrado esas respuestas. Tras revisar los pronunciamientos judiciales anteriores, el TSJA señala que «la mera expulsión del proceso selectivo de los opositores que se vieron favorecidos no basta para depurarlo y para asegurar que fueran seleccionados aquellos en quienes concurrieran mayor mérito y capacidad, dada la más que probable contaminación del propio tribunal», en el que estaban integrados miembros del Ayuntamiento -cuyas preguntas se filtraron- y de la Junta. En la investigación de los hechos llegaron a contar con un experto en Estadística de la UGR que concluyó que no era posible la coincidencia entre los cinco exámenes, si no conocían la preguntas de antemano.

Tras la denuncia presentada a estas oposiciones, el Ayuntamiento convocó posteriormente otro proceso selectivo para ascender a inspector, en el que participaron algunos de los subinspectores participantes en el examen ahora anulado. Así, entre los ocho aprobados hay algunos que ya son inspectores, otro que sigue siendo subinspector y otro que ascendió a intendente en una oposición libre.

El agente que denunció estos hechos debe decidir ahora si pide la ejecución de la sentencia, lo que supondría la degradación de los aprobados en aquellas pruebas. Alguno incluso bajaría dos 'escalones' en la escala de la Policía Local.

La sentencia pone en entredicho la 'limpieza' del proceso selectivo, aunque nunca se llegó a localizar a un autor de la filtración