La Diputación, al descubierto

Sólo cuando las cosas se cuestionan, se ponen sobre la mesa y sobrevuela la posibilidad de que desaparezcan es cuando muchos caen en la cuenta de la importancia (o no importancia) que tienen. A grandes rasgos esto es justo lo que está pasando con las diputaciones provinciales y su alternativa de un Consejo Provincial de Alcaldes, una propuesta que, por buena o por mala, no ha pasado desapercibida tanto para los que están dentro como para los que están fuera de la Diputación Provincial granadina. Y una propuesta que tampoco es fácil.

Primero porque para que se materializara habría que acometer una reforma de la Constitución Española -las diputaciones vienen reguladas en el capítulo VIII de la Carta Magna cuando se habla de la organización territorial del Estado- y segundo, porque habría que organizar de manera exquisita sus actuales competencias (centradas en la prestación de servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes); qué hacer con sus trabajadores (funcionarios y personal laboral) y qué hacer con su patrimonio, entre otras muchas cosas.

Hablar de las diputaciones en general y de la diputación provincial granadina en particular es hablar de cifras más grandes de lo que imaginamos. «Es hablar como de un gran pueblo o una pequeña ciudad», como reconocen algunos de los trabajadores. Gobernada desde las pasadas elecciones por el socialista José Entrena, los tentáculos de la institución provincial y de los entes dependientes de ella (Patronato Provincial de Turismo, Patronato García Lorca, Agencia Provincial de Extinción de Incendios y Servicios Provinciales, Servicio Provincial Tributario, Visogsa, Cemci y Granada Desarrollo Innova) llegan a 173 municipios y para ello cuenta con un presupuesto consolidado de 251, 2 millones. Para gestionar a todos los municipios desde la institución se cuenta con una plantilla total de 1.226 trabajadores de los que 1.092 son funcionarios y 107, personal laboral. A ellos se les suman el personal eventual y cargos de confianza, que este año llegan a los 27. Aún así, la máquina de personal de la Diputación crece y puede llegar a los 1.600 empleados, especialmente en verano o cuando se trabajan determinados proyectos. En definitiva, un batallón de trabajadores que habría que reubicar o reasignar si se diera el caso.

Además de los empleados, son las competencias del organismo lo que hacen de su futura supresión un verdadero desafío. Desde la Diputación se trabaja en planes y programas de inversión para los municipios, la asistencia técnica municipal también corre a su cuenta, infraestructuras y equipamientos locales también entran dentro de sus competencias y presupuesto, además de la gestión del agua (desde el abastecimiento a la depuración), la recogida de residuos o servicio de extinción de incendios.

Futuro

Con este panorama y esta estructura la propuesta de una supresión para unos no tiene sentido pero para otros es más que una necesidad. Es el caso de Luis Salvador, responsable de Ciudadanos en Granada y, curiosamente, funcionario de la Diputación granadina. Salvador tiene claro que es necesario «suprimir la grasa que tiene el conjunto de la administración, la duplicidad institucional y buscar el ahorro económico». A partir de ahí, Ciudadanos considera que lo que hay que gestionar es con inteligencia y adelgazar la estructura política que rodea la institución. «¿Por qué un plan de carreteras de la Diputación y otro de la Junta? ¿No sería mejor un plan de carreteras único y trabajar igual sobre todas ellas?». Salvador piensa que atomizar los municipios es dar peor calidad de vida a los ciudadanos y que con una gestión diferente y más optimizada se evolucionaría mucho más. Por último, también destaca que no se perderían los puestos de los trabajadores.

En la misma línea opina Pedro Fernández, alcalde de Baza y diputado socialista, quien valora su utilidad siempre que estén bien gestionadas. «La clave es mejorar su eficacia y buscar que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios públicos de calidad». Fernández explica que el Consejo de Alcaldes planteado mantiene la esencia de las diputaciones y se mejora la redistribución de los fondos públicos. «No es una eliminación de las diputaciones como tal es una sustitución mejorada y siempre que se mantengan los servicios y se aumente la eficacia será beneficioso para todos». El diputado socialista subraya el importante papel de puente que tiene las diputaciones entre los municipios y las administraciones.

Más contundente en contra del cambio propuesto por PSOE y Ciudadanos es el Partido Popular. Su portavoz en la Diputación, José Robles, mantiene que la propuesta no tiene ni pies ni cabeza «especialmente en una provincia con 172 municipios en los que 143 son menores de 5.000 habitantes, donde se hace fundamental la Diputación», sentencia. No obstante, el popular reconoce que puede ser necesario que se reforme y que se mejore, pero que la necesidad es vital para vertebrar la provincial. Asimismo, Robles considera que el cambio de nombre a Consejo de Alcaldes es un «absurdo» ya que no se les puede cargar más a los responsables de los municipios.

Por último, en cuanto al ahorro y la organización del personal tampoco la ve clara «creo que es un acuerdo precipitado que llevaba Ciudadanos en su programa y que no tienen sentido».

Se suma al 'no' al menos en Granada, el representante de 'Vamos, Granada', Luis de Haro-Rossi. El portavoz considera que cada Diputación es un mundo y tiene características diferentes «pero Granada es muy particular porque tiene muchos pueblos y algunos muy pequeños, por lo que lo veo que es muy complicado». De Haro-Rossi sí considera que hay que «redimensionar» la gente que trabaja en las diputaciones y ver si los puestos que hay son necesarios. «Creo que hay más funcionarios de los necesarios, pero suprimirlas así tal cual en lo que atañe a Granada no creo que sea una buena idea».

Por último, Juan Francisco Arenas de Soria, portavoz de IU, señala que no están a favor del acuerdo porque la propuesta simplemente es una denominación, «un cambio de nombre» que, sin embargo, de manera orgánica sí resta pluralidad política a los representantes a los partidos. Insiste en que su grupo ya ha dicho que las diputaciones tuvieron su sentido hace años pero que, actualmente, son un modelo obsoleto en el que se duplican esfuerzos.