El Fiscal Superior pide que se investigue a dos exgerentes de Visogsa por prevaricación

El diputado granadino Luis de Haro-Rossi, que entró en la Diputación tras las elecciones de mayo por la lista de 'Vamos, Granada', presentó el pasado mes de diciembre una denuncia ante el Fiscal Superior del TSJA donde alertaba sobre cuatro presuntas contrataciones irregulares en la empresa pública Visogsa en la etapa de gobierno popular. De Haro-Rosi apuntaba directamente contra el anterior presidente provincial, Sebastián Pérez, en la actualidad senador y, por lo tanto, aforado; lo que implica que una posible causa que se pueda seguir en su contra sólo la pueda conocer el Tribunal Supremo.

En su denuncia, que fue posteriormente ampliada, narraba que estas cuatro personas habían entrado supuestamente sin proceso selectivo y se les había subido el sueldo y contratado de forma indefinida de manera unilateral. Según entiende el denunciante, con «diversas advertencias» en los informes técnicos emitidos. El Fiscal Superior del TSJA decidió comenzar una investigación penal y tras recibir diversa documentación ha remitido la denuncia al juez decano de Granada para que «se incoen las diligencias previas que correspondan por la posible existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa (...) valorando, en su caso y una vez sean practicadas las diligencias de prueba que se estimen pertinentes, la situación de la persona aforada».

De momento, el Fiscal Superior sólo «aconseja» que se tome declaración a dos exgerentes de Visogsa que propusieron las contrataciones. Por otra parte, ha remitido el decreto a la Fiscal General del Estado para su conocimiento, por si la investigación pudiera afectar a Sebastián Pérez, presidente del consejo de administración de Visogsa cuando sucedieron los hechos.

Sin proceso selectivo

Jesús García Calderón detalla en su decreto al que ha tenido acceso IDEAL- que, tras pedir información a la Diputación recibió un informe del jefe de contratación en el que asegura que «no consta que se haya utilizado un proceso selectivo regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad» en los contratos bajo sospecha. La propuesta de contratación de estas cuatro personas parte del gerente de Visogsa y es el presidente -por Sebastián Pérez- el que «emite y suscribe la correspondiente resolución en la que se acuerda la contratación y sus condiciones».

El Fiscal Superior señala que de las primeras pruebas practicadas «se desprende, cuando menos indiciariamente y sin necesidad de practicar diligencia alguna, la necesidad de formalizar la imputación de sendos funcionarios públicos, en ambos casos gerentes de la empresa provincial Visogsa».

Argumenta García Calderón que aunque la Fiscalía del TSJA no es competente para investigar a una persona aforada, sí hay indicios para hacerlo sobre «quienes propusieron la contratación que ahora resulta cuestionada». Incluso señala que de estas pesquisas podría «descartarse la responsabilidad penal de la persona aforada». En cualquier caso, se le notifica a Pérez porque puede decidir comparecer voluntariamente.

Relación con la fiscal provincial

Jesús García Calderón argumenta por qué ha redactado personalmente el decreto y no derivó las diligencias a la Fiscalía Provincial, como es habitual. Señala que uno de los cuatro contratos bajo sospecha afecta a una persona con un «parentesco de segundo grado» con la fiscal Ana Tárrago.

Continúa relatando el fiscal que el análisis de la documentación y la narración de los hechos contenidas en la denuncia aconsejan «la toma de declaración, en primer término, de aquellas personas que en su condición de gerentes de la empresa Visogsa -referido a los dos que hubo en la etapa del PP- propusieron la contratación de las cuatro personas afectadas (...), formalizándose previamente la imputación judicial por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa».

Además, propone la imputación de uno de los exgerentes por «la propuesta unilateral de subida de sueldo» que se aprobó en 2015 de uno de los trabajadores, pasando de 28.259 euros a 35.000 euros «sin que conste tramitación alguna, ni informe de la intervención» y que aprobó la presidencia.