La Azulejera, el piso del alcalde y otros casos urbanísticos

El Caso Serrallo no es el único caso urbanístico al que el Ayuntamiento de Granada se ha tenido que enfrentar en los últimos años. Junto a él, se encuentra el caso del Palacio de Hielo, por el que los ocho acusados entre los que se incluía el ex edil de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, fueron absueltos. La construcción pabellón Mulhacén, del piso del alcalde en la calle Obispo Hurtado, los VPO de la Azulejera o la venta de la casa Ágreda también han estado rodedas de polémica en los últimos meses.

Las expropiaciones del PTS

2 de agosto de 2012. El Ayuntamiento de Granada es condenado a abonar algo más de quince millones de euros a los antiguos propietarios de una parte importante de los terrenos sobre los que se ha ido construyendo el Parque Tecnológico de la Salud (PTS). Según sentenció en su día -en 2007- el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las expropiaciones de una buena porción de aquellos terrenos se hizo de forma irregular, por lo que ordenó resarcir a los propietarios devolviéndoles las fincas, una alternativa que era imposible de cumplir porque ya existían edificaciones, es decir, que habría terceros que se verían afectados a pesar de haber contado con todas las bendiciones administrativas.

El caso del Palacio de Hielo

5 de junio de 2015. La Audiencia Provincial de Granada absuelve a los ocho acusados en el caso del Palacio de Hielo, al no apreciar prevaricación en la firma del convenio urbanístico en el que se desarrollaba el plan parcial de los terrenos destinados a albergar -hace casi una década- el Palacio de Hielo, un proyecto que nunca se llegó a materializar. Tanto el ex edil de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, como el exgerente de Urbanismo, Manuel Lorente; los promotores José Julián Romero y Manuel José Rodríguez-Acosta; otros tres altos cargos municipales y un letrado quedaron absueltos tras la celebración del juicio que se llevó a cabo en el mes de mayo y el fallo del tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial. El texto de la sentencia, no obstante, apreció «errores» e «irregularidades» en la tramitación.

Caso Mulhacén

13 de agosto de 2015. La Fiscalía de Medio Ambiente emite un decreto donde pide a la Policía Nacional la apertura de una investigación sobre las presuntas irregularidades denunciadas por el empresario Ramón Arenas, relacionadas con el caso del pabellón de deportes Mulhacén, que invadió en 300 metros cuadrados una parcela de su propiedad. El ministerio público pide a la policía interrogar sobre este asunto al alcalde, José Torres Hurtado, a la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, al concejal de Economía, Francisco Ledesma, así como a ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada y al constructor Roberto García Arrabal, quien obtuvo la concesión administrativa.

El piso del alcalde

10 de noviembre de 2015. PSOE e IU denuncian irregularidades en la construcción de un bloque de pisos en una calle del centro de la capital. En ese edificio vive el alcalde, que era además uno de los propietarios o socios de la cooperativa que hizo la obra. El propio gobierno municipal reconoce en un comunicado que había abierto un expediente disciplinario porque 295 metros cuadrados de los 1.918 que tiene el edificio no cumplen con la "altura mínima establecida por el PGOU". Los propietarios tendrán que pagar 61.394 euros para legalizar esta parte de la edificación, aunque la promotora ha presentado alegaciones.

La Azulejera

18 de noviembre de 2015. La Fiscalía Provincial abre diligencias de investigación penal para comprobar si se cometió alguna irregularidad en la adjudicación de suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas del espacio conocido como La Azulejera en la Carretera de Víznar. La disuelta Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Granada (Emuvyssa) adjudicó a dos sociedades diferentes estos terrenos, pero ninguna de las dos llegó a construir nada en ese terreno. La investigación se produce a raíz de la denuncia de los compradores de aquellas viviendas, que llevaban años peleando por conseguir que el Ayuntamiento les devolviera el dinero que entregaron a cuenta y del que todavía se les retienen 240.000 euros en el Consistorio.

Casa Ágreda

12 de diciembre de 2015. Una denuncia de un particular provoca que el Fiscal Superior de Andalucía decrete la apertura de diligencias de investigación penal, asignando a un fiscal para que lleve a cabo las averiguaciones oportunas. El anuncio de esta nueva investigación judicial lo hace el portavoz de IU, Francisco Puentedura, quien reclamó explicaciones por este asunto. El portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero, califica la acumulación de denuncias como una situación de "persecución" hacia el PP en el Ayuntamiento de Granada". El denunciante subraya el hecho de que en 2008 el inmueble fue tasado por el Ayuntamiento en 6,1 millones de euros, mientras que en 2014 su precio se redujo a 1,6 millones de euros. Y también se pregunta por qué el primer intento de venta lo lleva a cabo la concejalía de Patrimonio, mientras que el concurso de 2014 se redacta y ejecuta desde Urbanismo.