efe
Domingo, 17 de abril 2016, 14:30
Podemos pedirá la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández, y de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para que expliquen las críticas de la Fiscalía General a la actuación policial en la operación en la que fue detenido el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP).
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Lo ha anunciado la diputada de Podemos por Granada Ana Terrón, que ha lamentado que Madrigal se preocupe por la detención de un alcalde relacionado con "siete delitos de corrupción".
Terrón también ha mostrado su preocupación, pero por las críticas de la Fiscalía General a la operación policial en la que fue detenido el miércoles Torres Hurtado, y ha considerado "muy fuerte" que el interés se enfoque ahí y no en apoyar la lucha contra los posibles delitos cometidos.
La diputada de Podemos, que ha participado este domingo en un acto para reivindicar la conclusión de las obras del AVE a Granada, ha subrayado el apoyo de su formación a la policía judicial, la UDEF, la juez instructora de la causa y la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente.
"Tendrá que declarar por qué defiende a un detenido por siete delitos", ha apuntado Terrón en alusión a Madrigal antes de anunciar que Podemos pedirá que el ministro de Interior comparezca junto a ella en el Congreso para aclarar los motivos por los que "no se ponen de lado de la lucha contra la corrupción".
La Unión Federal de Policía (UFP) pidió ayer el cese de Madrigal por esas críticas a la actuación policial en la que fue detenido Torres Hurtado y lamentó que la Fiscalía General atribuyera a la iniciativa policial el arresto y registro en casa de alcalde.
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En el marco la operación fueron detenidos además la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP) y otras quince personas por una presunta trama de corrupción en Granada.
El sindicato recordó que las detenciones se practicaron dentro de una investigación judicial iniciada tras dos querellas de la Fiscalía y que el ministerio público informó favorablemente de la práctica de las diligencias solicitadas por la Policía, salvo de la relativa a la detención y registro en la casa del alcalde.
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