Un año de papel mojado

El pasado mes de septiembre arrancaban las comisiones informativas abiertas a la prensa en el Ayuntamiento de Granada. En el mismo mes nacía también el Observatorio de la Movilidad, a cuyas sesiones también podían acudir los periodistas. Se puso en marcha el portal de la Transparencia -por imperativo legal- y en los plenos se permitió que los vecinos pudieran hacer fotos o grabar vídeos -también obligados por la ley-. Una pátina de novedad y transparencia cubrió el edificio de plaza del Carmen al inicio de un mandato que ya auguraba que iba a ser difícil de llevar a cabo.

Sin embargo, poco cambió en lo esencial. Ha sido un año bloqueado por distintos motivos. Para ser precisos, diez meses según el calendario, pero en realidad se comenzó la actividad en septiembre, casi tres meses después de que el bastón de mando tuviera dueño. Quizá el problema fundamental al que se tuvo que enfrentar el equipo de gobierno local, del Partido Popular, ha sido la falta de dinero en las arcas municipales. Sin dinero no hay inversiones, ni se pagan las facturas. Y el Ayuntamiento de Granada, como otros cientos de consistorios que pidieron créditos millonarios para pagar sus facturas, están bajo la estrecha vigilancia del Ministerio de Hacienda. Tiene un plan de ajuste que cumplir y, si se demora en el pago a sus proveedores, tendrá que afrontar nuevos recortes.

Además de esta escasez económica, los once concejales liderados por José Torres Hurtado estaban en minoría en un salón de plenos con 27 sillas. La 'luna de miel' con Ciudadanos -que permitió a Torres Hurtado acceder a la alcaldía con su abstención- apenas duró un trimestre. La imputación de Isabel Nieto en el mes de noviembre supuso que los cuatro ediles 'naranjas' dejaran de apoyar al gobierno del PP, lo que cercenaba aún más las posibilidades de llegar a la votación con mayoría de manos alzadas.

Año electoral

El ingrediente que podía faltarle a esta receta imposible era el de sumar, en esos diez meses de mandato, unas elecciones generales. Si habitualmente la proximidad de los comicios puede tener un efecto positivo bajo la forma de mayores inversiones, en este caso ha marcado -y lo sigue haciendo- las estrategias de los distintos partidos. Así ocurrió también en los pasillos de plaza del Carmen, donde el PP ha ido demorando ciertas decisiones y negociaciones, como la de los presupuestos, a la espera de que una eventual decisión de los partidos en Madrid pudiera ayudar a nivel local.

Con ese contexto general, resulta más sencillo entender por qué el Ayuntamiento de Granada ha estado sumido en una cierta inercia en estos últimos diez meses. Las comisiones informativas, en las que se revisan los expedientes de pleno, han ido acumulando órdenes del día vacíos en los últimos meses. Y en los plenos se vivieron también situaciones inéditas, como el hecho de que hubiera más mociones que expedientes de gestión en los órdenes del día. Aún así, al haber mayor número de grupos, un expediente podía estar prácticamente una hora debatiéndose para después quedarse sobre la mesa por falta de datos para decidir.

A pesar de las arcas vacías y de la falta de una mayoría que permitiera sacar adelante proyectos, algunas cosas de relevancia han ido ocurriendo en estos diez meses. A los pocos días de la investidura, cuando ya tenía Torres Hurtado un nuevo bastón de mando en su despacho -se fabrica uno por cada edil en cada mandato, aunque repitan- estallaba una de las crisis que acompañaría al gobierno del PP en estos diez meses. Trabajadores de la televisión municipal denunciaban despidos, justo cuando se iban a producir elecciones sindicales. A partir de ahí, el asunto se fue enmarañando con un cóctel de ingredientes. Trabajadores que denunciaron presunto acoso laboral, la productora que reclamó deudas superiores al medio millón de euros -y fuera del contrato- y reacciones políticas, como el abandono del concejal Juan Antonio Fuentes de la 'dirección política', que cayó en manos del edil de Economía, Francisco Ledesma. La televisión pasó a servicios mínimos durante meses y ahora trabajan de nuevo los empleados que la 'dirección política' considera los 'originales', pero con contratos menores. La deuda no se ha resuelto y tampoco ha salido aún el contrato para adjudicar de nuevo el servicio de la televisión municipal.

Un pacto

No fue hasta el 1 de julio, dos semanas después de la investidura, cuando Salvador y Torres Hurtado presentaron públicamente lo que debieron esbozar en una servilleta de un asador al mediodía del 12 de junio ya convertido en un pacto con cincuenta puntos. Ese documento propició varias de las medidas que se pueden destacar de estos diez meses. También forjó una amistad entre Luis Salvador y Juan García Montero que ambos han destacado en estos días convulsos.

De aquel pacto 'nació' el Observatorio de la Movilidad a principios de septiembre, un órgano de participación sin precedentes en el Ayuntamiento de Granada. Vecinos, asociaciones y entes públicos han compartido sus necesidades durante seis meses hasta que en marzo se pusieron en marcha las primeras medidas, con la vuelta de dos líneas transversales a circular por Gran Vía. La medida pretende mejorar el servicio, pero también reducir las facturas, para lo que también se incrementará el precio del billete.

Cuando todavía se habían consumido pocas semanas de este mandato, se hizo pública una declaración de intenciones que ambos partidos habían compartido. Granada aspira a ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031, un proyecto a largo plazo pero que ha conseguido aglutinar a toda la oposición y al resto de instituciones públicas de la ciudad.

Otro de los hitos que se originó en este pacto ha sido el de la 'mano dura' con el botellón y el uso del botellódromo. El Partido Popular se había mostrado especialmente reacio a cerrar este recinto, y tras la constitución de la comisión especial en la que se aborda este tema, parece que será el 1 de septiembre cuando se prohíba beber en este espacio. Desde entonces, el exalcalde Torres Hurtado firmó dos decretos, uno para endurecer la vigilancia de la Policía Local en la zona, y otro en el que se limita el uso del recinto a los viernes, sábado y vísperas de festivo.

En estos meses, hay un par de proyectos que se le pueden atribuir directamente a la también dimitida Isabel Nieto. La exconcejala llevó las conversaciones con la Junta y el Ministerio de Fomento para que al reforma de Santa Adela pudiera incluirse en el Plan de Vivienda y recibiera dinero estatal y autonómico. No faltaron escollos en el camino, pero finalmente se logró y el Ayuntamiento ya ha liberado dinero para las expropiaciones de las viviendas.

Otro de los proyectos que la propia Nieto aseguró que quería dejar terminados ante de irse fue el de la solicitud de fondos europeos, los conocidos como DUSI. Tras varios años sin obtener dinero comunitario, la ciudad aspira a lograr hasta 15 millones de euros que servirían para propiciar mejoras en Albaicín, Centro y Zaidín. El proyecto lo presentaron Isabel Nieto y Rocío Díaz, concejal de Turismo, y todavía está en fase de concurso.

Cámaras

Aunque Torres Hurtado no lo va a poder 'inaugurar', en estos meses de mandato se ha logrado el visto bueno para instalar cámaras de videovigilancia en el Albaicín. Falta por salir a concurso la adjudicación de los dispositivos, una propuesta que se aprobó en pleno a través de una moción del PSOE.

En estos meses, además de esas iniciativas, algunas obligadas por el pacto, y otras a iniciativa propia, el gobierno local se ha encontrado con una serie de problemas que también han marcado los diez meses de mandato.

Volviendo al aspecto económico, en este mandato ha habido ya dos informes de alerta del Interventor general del Ayuntamiento por el incumplimiento del periodo medio de pago. Sólo en el mes de julio se logró pagar en menos de sesenta días, el resto de meses se superaron esos plazos, con hasta 81 días en el pasado febrero. Aunque el gobierno actual ha ido ajustando la situación como podía, a partir del verano se empiezan a pagar los intereses de los préstamos del plan de pago a proveedores, y la situación financiera está ya muy ajustada.

En el área económica ha sido protagonista la falta de acuerdo para las ordenanzas fiscales -tasas e impuestos- y la prórroga del presupuesto. El bloqueo a las ordenanzas fue uno de los primeros efectos de un gobierno en minoría. El PP no tuvo más remedio que renunciar a subir otro 10% el IBI, después de haber ocultado que ya se incrementaría un 10% en virtud de la revisión de los valores catastrales. Desde la oposición se quejaron también de que, pese a las nuevas formas, la falta de transparencia en cuanto a datos económicos seguía siendo notoria. PSOE e IU apoyaron las ordenanzas fiscales -sin subida adicional del IBI- pero el PP se 'sacó de la manga' una tasa turística y un peaje a la Alhambra que, a día de hoy, han quedado también en papel mojado.

Hubo un intento vano de abordar unos presupuestos nuevos, una negociación a la que el gobierno municipal presentó un proyecto de cuentas con un déficit de 34 millones. Unos meses después, Ledesma escenificó un nuevo intento, pero nada se llegó a avanzar de las cuentas. Quedará para el que venga ahora.