La deuda de 2,7 millones de euros del Palacio de Hielo que no pasó por notaría

El 13 de abril, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) desarrolló en Granada la 'Operación Nazarí', los agentes no entraron en domicilios y oficinas a ver qué encontraban. La Policía llevaba una lista detallada con los documentos que tenía que requisar -o constatar su ausencia-, con números de expedientes e instrucciones precisas sobre lo que debían contener esos papeles. IDEAL recrea el rastro que siguió la UDEF.

Dentro de los asuntos bajo sospecha figura el 'convenio T1'; uno de los puntos que el exdirector de Urbanismo Jacobo de la Rosa mencionó en su declaración como testigo en el juzgado el 9 de octubre de 2015: «Dije que no estaba de acuerdo con esa operación y la continuaron a mis espaldas».

Este convenio ya fue investigado a raíz de una denuncia de los concejales socialistas en 2012 y el exalcalde acudió a declarar en calidad de imputado, aunque resultó absuelto. Pero aquel inexistente Palacio de Hielo vuelve a estar bajo sospecha. La UDEF se hizo durante los registros con cuatro expedientes: dos meramente técnicos; el acuerdo de liquidación; y uno que contiene un informe de Jacobo de la Rosa que, entre otras cosas, venía a alertar de que -según sus cálculos- la operación era lesiva para el Ayuntamiento.

El origen

El proyecto arranca en el año 2003, cuando unos promotores -JJ Consulting, Arcomarex y Caja Rural- se interesaron por una parcela en el Cerrillo de Maracena para construir un Palacio de Hielo, junto a otros servicios. El convenio se firmó en 2005 y al Ayuntamiento le correspondía recibir -según el porcentaje que estipula la ley en los nuevos desarrollos-, una cantidad de 8,4 millones de euros, según consta en el acuerdo firmado el 27 de septiembre de 2005.

Vino la crisis, aquel convenio no se materializó y el Ayuntamiento embargó numerosas fincas a los promotores para asegurarse el pago de las cantidades pendientes. Finalmente, el 20 de mayo de 2011 -sólo dos días antes de las elecciones municipales-, el entonces alcalde José Torres Hurtado cerró un acuerdo por el que se liquidaba la deuda a cambio de un trozo de una parcela valorada en 8.273.645 euros; justo el dinero atrasado. A razón de 824 euros el metro cuadrado.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento había valorado estos mismos terrenos en 2005 en 417 euros por metro. La mitad. Esto es justo lo que Jacobo de la Rosa asegura que advirtió en una reunión mantenida en la Gerencia de Urbanismo el 23 de marzo de 2011, a la que asistieron, entre otros, Torres Hurtado e Isabel Nieto. Así se recoge en uno de los expedientes que se llevó la UDEF.

La última sorpresa

Pero ni aquella aparente 'liquidación' a 48 horas de las elecciones de 2011 ni la firma posterior en una notaría el 3 de junio saldaron todas las deudas de la frustrada operación urbanística. Para poder llevar a cabo el Palacio de Hielo y el resto de servicios en esa zona del Cerrillo de Maracena fue necesario expropiar terrenos a otros propietarios; concretamente a la Universidad de Granada y a la Empresa Pública de Suelo (Epsa) de la Junta de Andalucía, además de a otros particulares.

Presuntamente, las expropiaciones no se abonaron. Un 'pequeño' detalle que se pasó por alto en la liquidación de 2011.

Los «datos desconocidos»

En agosto de 2015, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, de la Junta) envió un escrito al Ayuntamiento donde reclamaba el dinero de sus terrenos. Tres técnicos municipales se percataron de «datos» hasta ese momento «desconocidos».

La subdirección de Gestión del área de Urbanismo elaboró un informe de cuatro páginas en el que analiza lo ocurrido y expone una serie de conclusiones. Al haberse pagado en 'especie', nunca llegó el dinero de las expropiaciones, a excepción de una aportación que sí hizo Caja Rural -uno de los promotores del proyecto-. Los técnicos del área concluyen que «sería necesario financiar la cantidad correspondiente a los justiprecios fijados definitivamente a fin de regularizar la situación descrita. Dicha cantidad asciende, según los datos consultados, a un total de 2.718.939,82 euros, sin tener en cuenta los intereses que puedan reclamarse». El informe está fechado el 15 de enero de 2016 y la copia a la que ha tenido acceso este periódico está sin firmar. IDEAL ha confirmado con la Junta que, al menos su parte de la deuda, continúa pendiente.

Este documento no figura en la lista de la UDEF. Quizás ni siquiera supiera de su existencia.