El PP acusa al gobierno local de "obstrucción a la justicia" en el caso de los presuntos insultos de un policía local a María Francés

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha advertido de que el equipo de gobierno socialista "podría estar incurriendo en un delito de obstrucción a la justicia, tipificado en el Código Penal, al no facilitar la tarea del Juzgado de Instrucción número 6, que lleva la causa por presunta prevaricación y falsificación de documento público contra la concejal Raquel Ruz y contra el jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno". Las diligencias de investigación se abrieron después de que Raquel Ruz ordenara el archivo de un expediente contra Moreno, quien siendo por entonces intendente del cuerpo local de policía, presuntamente insultó a la concejal popular María Francés.

El coordinador del grupo popular, Juan Antonio Fuentes, ha revelado que el juzgado ha vuelto a pedirle al Ayuntamiento que le remita el expediente del caso, algo que ya le solicitó por vía oficial el pasado 8 de septiembre. Al no haberlo recibido aún, el órgano judicial ha emitido una providencia en la que le recuerda el urgente cumplimiento de esa orden.

Fuentes ha explicado que, según ha tenido conocimiento el grupo popular, el área de Protección Ciudadana ha hecho caso a este nuevo requerimiento, pero, de forma sesgada y torticera, no ha mandado al juzgado el expediente completo, ya que excluye la resolución de Raquel Ruz en la que ordenó el archivo.

En ese sentido, ha recordado que el expediente lo forman el decreto de la incoación de una información reservada, las declaraciones de los agentes, el informe del instructor y la resolución. El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada informó por escrito a los portavoces de todos los grupos municipales que entre ocho y diez agentes sí que confirmaron durante esa investigación interna que hubo insultos, lo que llevó a María Francés a interponer las dos querellas por presunta prevaricación y falsedad documental. Sin embargo, en su resolución, Ruz dijo que los policías, por unanimidad, aseguraron que no se vertió comentario alguno de carácter sexista, jocoso u ofensivo contra la concejal popular.

Nos preguntamos qué esconde el PSOE en todo este asunto, ha enfatizado el coordinador popular, que entiende que, a estas alturas, ya no se trata de un problema derivado de la nefasta gestión de Raquel Ruz, sino que tanto el concejal Baldomero Oliver como el alcalde, Francisco Cuenca, se han convertido en cómplices de este tremendo desatino.

En el último pleno, Fuentes preguntó al grupo socialista si ya había remitido al juzgado el expediente y la respuesta de Baldomero Oliver fue que se haría lo antes posible y, ante la insistencia del edil popular sobre si se mandaría completo, OIiver y Cuenca contestaron textualmente: Faltaría más.

El coordinador popular ha dicho también que le parece relevante que el Ayuntamiento todavía no haya contestado a la alegaciones que el grupo popular presentó el pasado 26 de julio contra la resolución de Protección Ciudadana en la que se le negaba a María Francés el acceso al expediente, como tampoco al recurso de reposición contra la resolución del mismo presentada por el grupo del PP el 5 de agosto, cosa esa última que motivó que se acudiera a la Justicia.

Son dos muestras más de que el PSOE no quiere colaborar para resolver un asunto que se podría haber zanjado asumiendo las responsabilidades desde el principio. No ha sido así y ha desembocado en un culebrón que dura ya cinco meses, ha añadido.