La denuncia contra Cuenca es por dos contratos que suman 24.412 euros

Detrás de la investigación que afecta al alcalde de Granada, Paco Cuenca, y otros antiguos responsbales de la Junta está la denuncia que en 2013 interpuso el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por usurpación de funciones públicas, prevaricación y marversación de caudales públicos. Fue el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla el que abrió diligencias, archivó inicialmente y luego la Audiencia Provincial reabrió el caso.

Ahora, el número 6 de la capital hispalense ha emitido un auto en el que, entre otros, cita a declarar a Paco Cuenca en calidad de investigado. Según se recoge en el auto, al que ha tenido acceso ideal.es, el exdelegado de Innovación en Granada habría efectuado la ilícita contratación de servicios de seguimiento, control y verificación de unos cursos de Formación Profesional para la Economía Social. Es decir, contratar a una empresa externa para que vigilara que los cursos se estaban realizando; una tarea que, según entienden los denunciantes, correspondería a los propios funcionarios de la administración. Además, estos contratos se hicieron supuestamente por una adjudicación directa, sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose de manera fraccionada por el importe de 12.412 euros y de 12.000. De esta forma, concluye el auto, se habrían derivado a dos empresas funciones públicas de manera injusta y arbitraria.