El 'caso Marchelo' sigue sin ir a juicio tras diez años y al borde de la prescripción

El 5 de marzo de 2007, el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alhendín Manuel Fernández (PP) fue detenido por presunta corrupción urbanística. Era el arranque del denominado 'caso Marchelo', que una década después sigue en fase de instrucción, tras haber dado, en 2012, marcha atrás. Lo hizo al solicitar la fiscalía la práctica de una serie de diligencias complementarias cuando ya se había pasado a la preparación del juicio oral.

En la causa se investigan posibles delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. Se sigue contra una quincena de personas, entre las que figuran, aparte de Manuel Fernández, el exalcalde del municipio José Guerrero, otros dos exediles de la época, un arquitecto técnico municipal y varios empresarios de renombre.

Cinco son los asuntos que se investigan: el Parque Empresarial Marchalendín, la urbanización Novosur, la supuesta vulneración de la servidumbre aérea de la Base Militar de Armilla, la tramitación de una gasolinera en terrenos del exalcalde y el parque municipal-mercadillo de la localidad.

Aunque el caso trascendiera a la luz en 2007, el expediente judicial se incoó casi un año antes, el 23 de mayo de 2006 , pero estuvo un tiempo bajo secreto de sumario «total» para garantizar el buen curso de las pesquisas policiales. Los investigadores llevaron a cabo 'pinchazos' telefónicos que se prolongaron más de diez meses y dieron lugar a unas 200 horas de grabaciones.

¿Qué queda? Actualmente, el caso Marchelo se encuentra a expensas de la notificación a las partes de dos informes periciales. El primero es «una valoración del terreno de dominio público ocupado como consecuencia del desvío del Barranco de la Calera o Arroyo Marañón», debido a la urbanización Novosur de FRAI; los bloques que se aprecian desde la autovía. Ese informe fue encargado el 18 de enero de 2016 por el juzgado, que también encomendó otro que abordase «el valor de los aprovechamientos urbanísticos» que fueron objeto de los dos convenios firmados, en los años 2003 y 2004, entre el Ayuntamiento de Alhendín y el dueño de FRAI.

Tres jueces distintos

Un atestado del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada fue el origen del caso Marchelo, al que luego se sumaron unas diligencias de investigación penal de la Fiscalía Superior de Andalucía. Esta investigación del ministerio público se inició en virtud de una denuncia formulada por el PSOE, otra denuncia anónima y una tercera formulada por un particular, Fernando G.G., afectado por el asunto de la gasolinera.

El asunto ya ha pasado por las manos de tres jueces distintos. El primero fue el magistrado Miguel Ángel Gómez Torres, que instruyó la mayor parte de la causa y dictó hace siete años el auto de procedimiento abreviado; un paso que suele ser preludio de un juicio inminente. Sin embargo, ese auto terminó revocado en noviembre de 2012, al estimar la Audiencia de Granada un recurso del Ayuntamiento de Alhendín, que ejerce la acusación popular.

La decisión de 'retroceder' en el proceso fue acordada por la jueza que relevó a Torres al frente del órgano santaferino tras su marcha a un nuevo destino. Exactamente, ésta dispuso retrotraer los autos «a la fase de instrucción» en una providencia fechada el 23 de noviembre de 2012. El nombre de otro magistrado comienza a aparecer con posterioridad en los 'papeles' del sumario judicial. Ese tercer juez, a principios de este año, encomendó las valoraciones que se aguardan. Tras su recepción, las partes confían en que se reactive el normal desarrollo del caso y vuelva a pasarse, ya de forma definitiva, a la recta final.

Aparte de los cambios de instructor, la interposición de innumerables recursos por parte de las defensas tampoco han ayudado a agilizar la investigación, sobre la que, según las fuentes jurídicas consultadas, comienza a planear la sombra de la prescripción. La demora ya juega en favor de las defensas, que podrán alegar una atenuante de «dilaciones indebidas». Esta circunstancia rebajaría notablemente las penas en caso de condena. Incluso podría dejarlas «en la mitad».

En el marco de esas diligencias de última hora que se han ido practicando desde 2012 a propuesta de la fiscalía, se citó a declarar por segunda vez «en calidad de imputados» -hoy llamados investigados- a Fernández y a Guerrero, así como al dueño de FRAI y a los otros dos exediles implicados, que eran responsables en aquellas fechas de las concejalías de Obras Públicas, y Cultura, Educación y Medio Ambiente. La comparecencia de estos últimos se pidió porque fueron miembros de la junta de gobierno local y, como tales, según la acusación pública, «votaron a favor» de las licencias de los dos edificios que habrían afectado al cauce público del Arroyo Marañón. Así, los cuatro tuvieron que volver a ser interrogados «única y exclusivamente» en lo relativo a la «ejecución de obras de desvío» del mencionado arroyo y la ejecución de las edificaciones en los terrenos del antiguo cauce.

Nuevas citaciones

Estas últimas citaciones se produjeron el año pasado -en una providencia fechada el 7 de enero-, tras considerar el juzgado su comparecencia «útil y pertinente a los efectos de continuar la instrucción de la causa». Al mismo tiempo, el órgano ordenó que se abriera una «pieza separada» con la documentación aportada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). A este organismo pidió precisamente la fiscalía en junio de 2014 que se realizase el oportuno ofrecimiento de acciones por ser el titular de los terrenos ocupados por las edificaciones de FRAI. Como consecuencia de ello, según precisaron las fuentes, se personó el Abogado del Estado «como acusación particular en nombre de la CHG».

Con posterioridad, según las fuentes consultadas, el juzgado citó a una nueva investigada -con ella serían en total 16 los implicados- en relación con la tramitación de la gasolinera. Se trata de la hija del empresario R.T.P., anterior representante legal de la mercantil Estaciones de Servicio Penibética.

Lo que falta

El siguiente paso que dará el juzgado una vez analizados los informes periciales encargados a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, será previsiblemente -salvo que se proponga alguna otra última diligencia- el dictado de un nuevo auto de incoación de procedimiento abreviado, que dejará la causa a un paso del juicio. En ese momento, las acusaciones emitirán sus calificaciones, en las que determinarán los delitos y las penas que aprecian en los hechos, de cara al enjuiacimiento. Todavía queda, por tanto, un tramo importante en la tramitación de la causa, que tiene visos de convertirse en uno de los casos de presunta corrupción urbanística más largos de la historia judicial de la provincia.

En el primer auto de procedimiento abreviado que se dictó, fechado el 21 de octubre de 2009, el instructor detalló las presuntas rregularidades cometidas en cada uno de los cinco asuntos investigados. En algunos de ellos, como el Parque Empresarial Alhendín (Marchalendín) o la construcción de Novosur, consideró que pudo haber una presunta «aceptación de dávida» por parte del exconcejal de Urbanismo.

Así, concluyó que en 2003, cuando se constituyó la mercantil del parque empresarial -que ha acabado en concurso de acreedores-, pudo haber «la promesa o compromiso por parte de los imputados y socios fundadores de la sociedad (...), de que el también imputado y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alhendín Manuel Fernández Moreno, recibiera en el futuro una participación en la sociedad del 1,5%, a modo de comisión o corretaje por su intermediación en la operación». También apreció indicios de que el mismo concejal, supuestamente, pudiera haber recibido del promotor de Novosur otra «dávida en especie», consistente en una vivienda sita en la urbanización Altos de Vista de Nevada en Armilla valorada en 340.000 euros. En esta promoción inmobiliaria, a juicio del entonces instructor, se pudo favorecer al promotor para construir en el residencial edificios con más plantas y afectar con las obras además al dominio público hidráulico.