efe
Martes, 18 de abril 2017, 12:51
El exvicepresidente de la Diputación de Granada Julio Bernardo Castro (IU), que se enfrenta a ocho años de cárcel por irregularidades en contratos del caso Mercamed, ha explicado que no hubo reparos de los técnicos a las facturas y que se actuó en la feria en Marruecos por circunstancias "sobrevenidas".
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Lo ha hecho en la primera de las cuatro sesiones del juicio que se celebra desde hoy en la Sección Primera de la Audiencia de Granada y en la que también están acusados otras once personas.
El conocido como caso Mercamed analizará hasta el viernes las supuestas irregularidades en las contrataciones que firmó la Diputación para la celebración de una feria empresarial en Tetuán que contaba con financiación europea al considerar la Fiscalía que se benefició de forma arbitraria a ciertas sociedades y se prescindió del procedimiento legalmente establecido.
Castro ha recordado que el proyecto "no era mío, no me lo llevaba a casa por las tardes" y ha dicho suponer que se cumplieron los parámetros de inversión que establecía el programa europeo.
Ha apuntado que Marruecos decidió retrasar la fecha de la Feria de Cooperación Empresarial Mercamed, que se celebró en Tetuán en mayo de 2011 en el marco del programa "Poctefex", y que de todos los implicados solo conocía al acusado Antonio R.M..
"Yo no he firmado nunca nada que no lleve otras dos firmas, las de los jefes de sección y de servicio", ha aclarado el exvicepresidente, que ha negado que ordenara firmar "ningún contrato" con la firma Juridicus Maroc SARL por unos 20.000 euros.
Ha precisado que a dos días de la inauguración de la feria, el material había sido paralizado en el puerto de Tetuán, momento en el que le propusieron que una empresa marroquí se encargara de la instalación, para lo que exigieron firmar un compromiso de pago, "algo así como un aval".
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"Si el jefe de sección me dice que firme, firmo", ha apuntado Castro, que ha justificado la intervención en Mercamed de la empresa de la Diputación Granada Innova porque estaba entre sus objetivos para fomentar relaciones entre empresas granadinas y marroquíes, igual que intervino la Cámara de Comercio de Tetuán.
"O se pagan 60.000 euros o no se celebra la feria y como no había problema legal, se paga", ha apuntado el exdirigente, que ha dicho que todo respondió a "circunstancias sobrevenidas" y que firmó siempre "con todos los beneplácitos" técnicos.
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Ha asegurado que nadie planteó problemas de legalidad, que se evitó "un fiasco, porque habría que devolver mucho dinero" y que la feria ofreció resultados "muy positivos".
Entre otros, también ha declarado hoy como acusado el que era jefe de área de Cooperación Local, Jorge L·L., que también ha negado que existieron reparos técnicos y que ha subrayado que todo pasó varias auditorías, incluida la revisión de documentos que realizaron dos técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda.
La trabajadora investigada Regina F.G. ha dicho durante el juicio, que continúa mañana, que firmó el contrato con la empresa marroquí cumpliendo órdenes y creyendo que era un aval porque estaba en francés, idioma que no conoce.
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