Granada se expone a pagar 40 millones por errores de gestión

La gestión municipal de la última década está convirtiéndose en un foco de sobresaltos para la concejalía de Economía. Las sentencias y reclamaciones patrimoniales se han ido sucediéndose en los últimos meses, hasta el punto de que el Ayuntamiento acumula hasta 40 millones de euros en condenas y peticiones de indemnización de promotores por convenios que no se han podido ejecutar. La última en llegar ha sido -esta semana- la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4, que estima parcialmente el recurso del promotor Ramón Arenas, lo que obligaría al Ayuntamiento a pagarle 1,4 millones de euros. El gobierno municipal recurrirá este fallo judicial, según confirmaron ayer a este periódico, y está peleando otras condenas judiciales y reclamaciones de dinero que suponen una pesada losa para una economía a la que ya le falta el oxígeno.

La más cuantiosa es la reclamación que le hacen los promotores que compraron los terrenos de la Azucarera, que piden a la ciudad hasta 20 millones de euros -por dos vías- porque no pudieron desarrollar su proyecto. En el otro extremo se encuentran los 154.000 euros que deberá abonar la capital por unas obras de hace seis años. En medio, hay fallidos planes parciales, presupuestos con poca previsión y otros 'errores' en la gestión.

El de la Azucarera es también el 'lío' con más historia de los que ahora mismo siguen 'vivos'. En el año 2000, un grupo de empresarios constituyó una sociedad para llevar a cabo un gran espacio de ocio. Se endeudaron para acometer el proyecto pero nunca se permitió ninguno de los usos. Culpan al Ayuntamiento de no haber sido diligente a la hora de permitir el espacio de ocio -había que aprobar el planeamiento, incluirlo dentro del PGOU-, pero fue desestimado judicialmente. El Ayuntamiento desestimó la primera petición (17) y los empresarios presentaron un recurso. Cuatro accionistas han registrado otro por pérdidas (3).

El Consistorio también está intentando buscarle una salida a otra operación urbanística fallida. Se trata del que afecta a unos terrenos situados entre el Camino de las Vacas y la calle Ramón y Cajal, a pocos metros del antiguo botellódromo. Una sentencia firme del TSJA -contra la que no cabe recurso- obliga al Ayuntamiento a abonar 13,2 millones de euros a los dueños de la parcela, que es la empresa Construcciones Vargas. El gobierno local inició un procedimiento de lesividad para poder abonar en especie -con suelo- esa sentencia.

No es asunto urbanístico, pero hace unas semanas llegó a plaza del Carmen otro fallo que daba la razón a Rober y abría la puerta a que la ciudad tuviera que pagarle los atrasos, cuantificados por el gobierno municipal en unos cuatro millones de euros. La concesionaria del transporte público presentó alegaciones a los presupuestos municipales de 2015, porque consideraba que la partida prevista era insuficiente. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Granada daba la razón a la empresa, anulando esa partida del presupuesto. Ante esta sentencia cabía recurso de apelación.

Indemnizaciones

En esta lista de consecuencias judiciales a la gestión de los últimos años hay que sumar la indemnización a la empresa que construyó el aparcamiento de Triunfo. La aparición de restos arqueológicos obligó a reducir las plazas del 'parking', lo que mermaba la posibilidad de negocio de la constructora. Una primera sentencia judicial obligó al Ayuntamiento a pagar 1,6 millones, que ya habrían abonado. Pero posteriormente llegó otra, hace unos meses, que obligaba a pagar otros 750.000 euros.

De menor cuantía es la sentencia que obliga a la ciudad a abonar a FCC unas obras que se ejecutaron en 2010, pero cuyas facturas el Consistorio no reconoció. Una falta de diligencia, según recogía el fallo, obligaba ahora a abonar aquellos trabajos, más los intereses de demora acumulados.

Falta por resolver también otro procedimiento judicial sobre los terrenos de Villa Pineda. Una sentencia judicial ya anulaba aquel convenio, por el que la ciudad se embolsó 4,5 millones de euros que no le correspondían.

La última sentencia con indemnización millonaria que ha llegado al Consistorio es la del solar contiguo al pabellón Mulhacén. Desde el equipo de gobierno señalaron ayer que se recurrirá para tratar de defender los intereses públicos.

«Transparencia»

El alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, se refirió ayer a esta última sentencia, en la que el juez reconoce que no se hicieron bien las cosas en el solar contiguo al pabellón Mulhacén, cuyas obras invadieron parcialmente la parcela de Ramón Arenas, al que además se le caducó la licencia sin que llegara a construir la escuela de educación infantil proyectado. Cuenca señaló, a preguntas de los periodistas, que esta sentencia supone un «nuevo varapalo» derivado de la gestión del anterior equipo de gobierno, que ha «dañado» a la ciudad en el ámbito económico y urbanístico. El regidor mostró en todo caso su respeto a la resolución judicial y garantizó que se afrontará esta nueva circunstancia desde el «rigor» y la «transparencia», buscando la fórmula menos gravosa para el Ayuntamiento.

El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Antonio Granados, apuntó ayer que no han podido leer la sentencia aún, por lo que reclamarán una copia y, tras estudiarla, solicitarán una reunión al equipo de gobierno para ver qué medidas se toman. Granados se mostró partidario de recurrirla «en defensa de los intereses públicos» y rechazó la idea lanzada por otros partidos de reclamar la cantidad a los posibles responsables técnicos y políticos, algo que consideró «demagógico», ya que habría que analizar muy bien todos los 'actores' implicados. Manuel Olivares, de Ciudadanos, censuró que «este tipo de actuaciones han perjudicado a particulares con gestiones que finalmente terminamos pagando todos los granadinos». El portavoz de la formación naranja señaló que los hechos «vienen a poner de relieve cómo el área de Urbanismo estaba mal gestionada».

Para Marta Gutiérrez, de 'Vamos, Granada', esta sentencia es una «consecuencia de los desmanes de la gestión del Partido Popular» y señaló que «sería importante que estas indemnizaciones millonarias se empezaran a reclamar a sus responsables directos, en lugar de dejar que sea la hucha común» la que las abone. Francisco Puentedura, portavoz de IU, pidió al equipo de gobierno que haga una reclamación patrimonial a los responsables políticos y técnicos de esta situación, y solicitó que se restituya la «legalidad urbanística» en ese solar, que está siendo investigado en vía penal dentro del caso 'Nazarí'.