La llegada de la LAC redujo en 1,7 millones los viajeros del bus

El interventor también se ha opuesto a la renovación de la flota y a la gratuidad del bonobús para desempleados porque no hay suficiente dinero para el transporte

M. V. Cobo

Domingo, 21 de mayo 2017, 02:46

La factura del transporte público sigue siendo un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Granada. La reordenación del sistema de autobuses, con la implantación de la LAC como protagonista, se pensó como un modelo más ecológico y que -en teoría- debería suponer un ahorro para las arcas municipales. Pero en los concienzudos análisis del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible que hizo el gobierno de entonces, con Torres Hurtado a la cabeza, no calcularon bien la respuesta de los granadinos. Ayer se hizo público en el Ayuntamiento de Granada un completo informe sobre el transporte público en la ciudad desde 2012 a 2016. Los datos oficiales del área de Movilidad apuntan a que la entrada en vigor de la LAC, el 29 de junio de 2014, supuso una pérdida de viajeros del 6% en ese año. Se pasó así de 28,9 millones de viajeros en 2013 -sin contar transbordos- a 27,2 usuarios en el año 2014.

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Las reticencias ciudadanas al nuevo sistema de transporte público, que suponía la implantación de la LAC circulando en exclusiva por el eje central de la ciudad, 'expulsó' del autobús a un porcentaje de viajeros. Esto conllevó, a su vez, una merma en los ingresos por venta de billetes. En concreto, la caída fue también del 6%. En dinero, supuso que la recaudación bajara de 28,9 millones a 27,2 millones de euros. Sin embargo, aunque hubo menos viajeros y menos ingresos, no se redujo el coste del servicio, como estaba previsto inicialmente.

Al contrario, el coste total del transporte público subió en 2014 un 4,6%, al pasar de 33,4 millones a 34,9 millones de euros. Al haberse reducido los ingresos por venta de billetes, el Ayuntamiento tuvo que subir su aportación en tres millones de euros frente al año anterior.

Sube la factura

La factura volvió a incrementarse en 2015, cuando el Consistorio tuvo que aportar 14,2 millones. El número de usuarios se recuperó un poco en ese ejercicio, en el que ya se habían puesto en marcha las líneas pasantes, que recorrían la ciudad de norte a sur para reducir los transbordos -que tantas quejas generaron entre los vecinos-. En 2016, la aportación municipal se redujo de nuevo, hasta los 12,7 millones, gracias a que se mantuvieron los viajeros del año anterior y se redujo el coste total del servicio.

Sin embargo, las cantidades ofrecidas ayer por los técnicos del área de Movilidad en la comisión informativa no serán definitivas hasta que se pronuncien los juzgados. Rober y el Ayuntamiento mantienen abiertos hasta siete procedimientos contencioso-administrativos en los que serán los jueces los que diriman el dinero total que percibirá la empresa concesionaria. Están pendientes de resolver aún las liquidaciones del combustible de los años 2012, 2013, y 2014, la liquidación del año 2014, la estructura de costes de 2015, el presupuesto de 2015, las liquidaciones finales de 2015 y 2016, y la estructura de costes de 2016. Al menos ocho millones de euros pendientes de sentencias y recursos judiciales.

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Además de este informe, que pasará por el pleno de este mes, también anunció la concejala de Movilidad que hay un informe de reparo del interventor en el que se opone a la renovación de la flota de autobuses y a la implantación del bonobús gratuito para los desempleados.

Falta dinero

El interventor señala en su informe que no hay consignación presupuestaria suficiente para asumir la aportación municipal al transporte público, ya que hay presupuestos prorrogados desde 2015, cuando se reservaron 10,2 millones de euros, mientras que el gasto ha sido superior. Actualmente, el 37,63% de los autobuses de la flota tiene más de 12 años, un total de 70 vehículos.

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En esa misma comisión, la edil Raquel Ruz apuntó que en la próxima reunión del Consorcio Metropolitano se dará a conocer el plan de transporte de esta entidad, que de alguna forma afecta al transporte de la capital.

En respuesta a una pregunta de Manuel Olivares, de Ciudadanos, señaló que en esa misma reunión se abordará el problema de los ruidos que sufren los vecinos de Marín Ocete y Paseo del Violón. Ruz apuntó que el consorcio maneja varias ubicaciones distintas para una terminal de autobuses, de forma que se puedan retirar las paradas de estos lugares.

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