4.931 trabajadoras del hogar de Granada tendrán derecho a subsidio de desempleo

De acuerdo con las últimas estadísticas de las que dispone el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al cierre del pasado mes de agosto había en la provincia granadina 4.931 personas dadas de alta en el sistema especial de cotización para empleados del hogar. La inmensa mayoría de ellas son mujeres; en concreto, el 96,3% del conjunto. Además, es una profesión con un alto porcentaje de empleados migrantes. Todas ellas podrán a partir del próximo 1 de octubre comenzar a cotizar por la prestación de desempleo; lo que hayan trabajado antes no podrá contar en este sentido. El texto impulsado por el Ejecutivo viene a corregir una «discriminación histórica» por la que la Unión Europea ya había advertido aEspaña, explica Laura Guillén, portavoz de la Plataforma de Trabajadoras del Hogar de Granada, quien valora «muy positivamente» la noticia. Guillén recuerda que esta es una de las cosas que la plataforma viene reclamando desde la formación de la asociación en 1998. «En 2011 el Gobierno ya se comprometió con nosotras a trabajar por el derecho al desempleo», asegura; ha habido que esperar más de una década para que sea realidad.

Los pasos en este sentido se han acelerado desde el pasado mes de febrero, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia tras la denuncia de una empleada del hogar gallega. A este tirón de orejas se le unió en junio la ratificación del convenio 189 de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT), que versa específicamente sobre estas trabajadoras.

Las cifras de afiliación en Granada muestran una caída sostenida desde el año 2012, cuando comenzó a ser una obligación que las empleadas del hogar estuvieran aseguradas. En agosto de 2013, por ejemplo, cuando el sistema ya estaba instaurado, este colectivo lo formaban 6.166 personas en la provincia; desde entonces hasta las 4.931 del año en curso, la caída acumulada alcanza los 20 puntos porcentuales. Una situación que Laura Guillén achaca a un número creciente de empleadas del hogar que trabaja en negro, «alrededor de un tercio del total». Además del duro golpe que para este colectivo supuso la irrupción de la pandemia, cuando muchas empleadas fueron básicamente expulsadas de las casas donde trabajaban y en muchos otros casos murieron las personas a las que cuidaban, la portavoz denuncia que medidas de protección laboral como el aumento del salario mínimo interprofesional están revirtiendo en peores condiciones laborales:«Muchos empleadores han bajado horas», señala.

Las trabajadoras, por su parte, reciben la noticia con satisfacción, aunque consideran que hace falta más. Así se manifiestan Latifa y Aicha Oukacha, dos empleadas del hogar que viven en la capital granadina desde 2009. Latifa, de 53 años, asegura que tanto ellas como las compañeras con las que ha hablado estos días están «muy contentas» con la medida, «porque es muy habitual que cuando trabajas cuidando, por ejemplo, a mayores pases temporadas largas sin trabajar cuando uno muere y hasta que comienzas con otro», y recalca que este paso les ayuda a poder vivir con una «estabilidad» que hasta ahora era quimérica.

Pese a todo, tanto las representantes como las profesionales consideran que este es un primer paso pero queda mucho trabajo por hacer. «Necesitamos leer la letra pequeña y ver en detalle hasta dónde llega» el decreto, señala Laura Guillén, que aclara queaunque están «muy contentas» no van a «dejar de ser críticas». Entre sus reclamaciones, que comparten las hermanas Oukacha, está un reconocimiento más amplio de sus enfermedades profesionales, así como una mejor regulación de la jornada laboral en cuestiones como el horario nocturno. Además, piden que la Inspección de Trabajo se implique más en el control de las condiciones laborales. Guillén asegura que van a «intentar plantear enmiendas» al texto, y que su objetivo «urgente» es la desaparición del sistema especial actual y el paso de estas trabajadoras al régimen general de la Seguridad Social. Latifa Oukacha señala que estos cambios ofrecería «más oportunidades» a las empleadas del hogar, y la portavoz de la Plataforma del ramo añade además que «la política y la economía de los cuidados es muy importante en esta sociedad, y lo va a ser más aún» en el futuro próximo.

Los sindicatos de clase mayoritarios celebran que se ponga fin a una «situación absolutamente inaceptable», en palabras de Daniel Mesa, secretario general de Comisiones Obreras en Granada, quien reclama asimismo el paso de estas trabajadoras al régimen general para que tengan «acceso a todas las prestaciones, así como que emerja la economía sumergida», elevada en el sector. Su homólogo en la Unión General de Trabajadores, Juan Francisco Martín, incide en la necesidad de «abordar derechos fundamentales» como la prevención de riesgos laborales, la protección para evitar el desestimiento –e ir a fórmulas de despido, algo que contempla el texto– o la regulación del trabajo nocturno». «Las empleadas del hogar tienen que ser trabajadoras de primera, igual que el resto», remata.