800 conductores de Granada se beneficiarían de la jubilación anticipada que reclama el sector

El gran caballo de batalla de las negociaciones está en la consideración del sector del transporte como un trabajo de riesgo. Para entender las implicaciones hay que retrotraerse a 2011, cuando se alcanzaron los denominados acuerdos de Toledo. En aquel momento, se decidió que una serie de profesiones, como la que ejercen pilotos de avión, policías locales, bomberos o ferroviarios, tendrían una consideración especial por sus circunstancias. Se entendían que las demandas físicas impedían que, en determinadas edades, los profesionales de esos sectores pudiesen seguir llevando a cabo sus tareas como al inicio de su trayectoria. En la práctica, lo que se pactó fue la aplicación de un coeficiente reductor que permitía adelantar la jubilación en un tiempo variable -las condiciones no eran iguales en todos los sectores- por cada año de servicio.

Fuera de aquella negociación quedaron los trabajadores del servicio de transporte, que llevan desde entonces reivindicando que se les integre en los acuerdos y que les permitan adelantar la jubilación. Según han recordado los representantes sindicales en los últimos meses, el aspecto físico tiene una importancia determinante en una profesión que, además, implica el transporte de personas, tanto de escolares como de otro tipo.

En los últimos meses, ambas partes han mantenido conversaciones para tratar de buscar una solución favorable a todas las partes, aunque no ha sido posible, lo que ha motivado el paro de ayer.

A nivel provincial, las implicaciones de las reclamaciones del sector serían importantes. De acuerdo a los datos de Comisiones Obreras, en la actualidad son 800 las personas dedicadas al sector del transporte de viajeros en Granada. En la capital, además, hay otras 600 que trabajan en el servicio de transporte urbano. Aunque la situación no es similar en todas las empresas, la edad media varía entre los 45 y los 55 años, lo que hace que, según los cálculos de CCOO, casi todos los trabajadores del sector se podrían ver beneficiados de la aplicación del coeficiente reductor, es decir, que todas estarían en disposición de adelantar su jubilación.

En un comunicado enviado por UGT y CCOO en el que valoraban la jornada de paro, ambas organizaciones recordaban que alrededor de 1.600 personas se podrían ver beneficiados por las medidas y justificaban la necesidad por los altos índices de incapacidad temporal que padece el sector. «Reivindicamos que pasen a ser un sector de riesgo por la actividad penosa y peligrosa que realizan», aseguraba la responsable de transporte de la Federación de Servicios de CCOO, Leticia Martín, destacaba que esos altos índices «son producto de la merma en las capacidades físicas y psicológicas de los profesionales, por las condiciones en las que desarrollan su trabajo y los efectos de la edad que, entre otras condiciones, producen pérdida de audición y de visión, lo que hace esencial valorar su actividad como de riesgo y, en consecuencia, esto sea tenido en cuenta para la aplicación de los coeficientes reductores».

Este periódico contactó con Alsa, concesionaria del transporte urbano y responsable de buena parte de los servicios metropolitanos e interurbanos de Granada, para conocer su posición. Desde la empresa, sin embargo, se excusaron aludiendo a las negociaciones que están aún abiertas a escala nacional entre sindicatos y patronal.