Acuerdo unánime para que la sede de la Agencia de Salud Pública se elija con criterios objetivos

El pleno municipal ordinario, que se ha celebrado en el Ayuntamiento, ha sido el lugar escogido para lanzar el mensaje. Lo han hecho los todos los grupos de la corporación sin excepción. PP, PSOE y Vox han respaldado una moción presentada por los populares, que ha sido enriquecida, tal y como ocurrió este jueves en la Diputación, por los socialistas. Todos han aparecido al final en la fotografía. Los brazos de los 27 ediles levantados en alto para respaldar la demanda.

El camino hasta esa imagen no ha sido fácil. A lo largo de más de un año, la comisión de Sanidad del Congreso ha sido lugar de debate sobre la ley que iba a dar amparo al ente. Aunque las diferencias bloquearon el texto durante meses, hace apenas unas semanas parecía fraguar un acuerdo que permitía hacer realidad el organismo. El documento salió de la comisión respaldado por la mayoría, pero fue tumbado por sorpresa al llegar a la Cámara Baja tras el giro del PP, que sumó sus votos a los Vox y Junts.

Al contrario de lo habitual, el tsunami de Madrid ha llegado a Granada en forma de marejada y, a lo largo de la sesión, ha quedado reducida a una mínima ola que ha muerto en la votación. Lo que parecía en un principio un conflicto de primer orden como el protagonizado a lo largo del mandato en cuestiones como el tren o el metro ha acabado en un estéril cruce de acusaciones con el que los dos principales partidos han querido adornar la unanimidad.

Los socialistas han afeado al gobierno local que sus representantes en Madrid cambiaran de opinión «por una pataleta de Tellado» y los han acusado de jugar con los intereses de los granadinos. Los populares han respondido insistiendo en que quieren la agencia, «pero no una cualquiera», y han advertido de que traerán de nuevo una moción reclamando un proceso limpia «si traen de vuelta la ley con el mismo modelo de selección». Vox, por su parte, ha llamado a no tropezar con la misma piedra« y ha advertido que estará »vigilante« para que la agencia no se convierta »en un nuevo chiringuito«.

Más allá de las palabras, lo que ha quedado es el documento. Dos hojas que resumen en este momento la posición de Granada. Por un lado, el aviso al Congreso de que la agencia tiene que salir adelante. Por otro, la advertencia al Gobierno de que no está dispuesta a soportar otra vez que la adjudicación se haga de forma subjetiva, a dedo.

Así lo reflejan las propuestas de acuerdo votadas, que solicitan al Gobierno que el proceso sea «objetivo y transparente», que los criterios de selección «se hagan públicos» y los informes técnicos «avalen la designación». Los puntos que han logrado la unanimidad también reclaman al Ejecutivo que respete el equilibrio territorial y la cohesión social en la distribución de organismo, «garantizando la igualdad de oportunidades».

La moción pone el foco también en los grupos políticos del Congreso, a los que solicita expresamente «que apoyen la creación del ente con criterios de participación, transparencia y objetividad». A la Junta de Andalucía se le demanda, a su vez, que muestre apoyo tanto a la creación de la agencia como a que la sede se ubique en Granada, algo que el gobierno autonómico ya ha hecho públicamente en varias ocasiones a lo largo del último año. Todo se cierra con la decisión de dar traslado del texto a la presidencia del Gobierno, a la de la Junta y al Ministerio de Sanidad.

La sesión plenaria ha dado más de sí. No solo ha habido unanimidad en torno a la agencia, sino también para cerrar el hermanamiento con la ciudad alemana de Remscheid y para respaldar la moción de Vox para la concienciación de los jóvenes contra el terrorismo de ETA. 

No ha logrado el mismo acuerdo la moción del PSOE que reclamaba priorizar la ampliación del metro hacia los municipios de la cornisa sur -Huétor Vega, La Zubia, Cájar y Ogíjares- y hacia Chana, Santa Fe y el aeropuerto. El PP ha votado en contra y Vox se ha abstenido, lo que ha impedido que el texto salga adelante. 

La socialista Raquel Ruz ha asegurado que el plan de movilidad metropolitana impulsado por Fomento, que no compromete extensiones más allá de las ya previstas hasta 2030 y supedita los pasos a un plan director del metro por elaborar, contraviene una moción del mandato anterior aprobada por unanimidad que abogaba por priorizar la extensión metropolitana frente a la del Centro y ha reprochado a la alcaldesa que no respaldara la alegación que el PSOE presentó al documento en línea con lo planteado por la corporación.

El popular Enrique Catalina ha insistido en que el documento, que debe pasar aún por el Consejo de Gobierno de la Junta, «no prioriza nada» y ha criticado la fijación del PSOE con el metro como solución «a todos los problemas». «Hay muchos más sistemas», ha expuesto antes de señalar que la decisión sobre la ampliación se adoptará «en base a la demanda y al coste». 

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, ha coincidido con el PSOE en la crítica al PP por no cumplir la moción aprobada por unanimidad en el mandato anterior, pero ha afeado a los socialistas que olvidaran que su formación aportó parte del texto entonces. La dirigente ha atacado a los dos partidos por mantener «gastos superfluos» y no destinar esos fondos a los estudios de ampliación de la infraestructura a municipios como Atarfe, Otura, Alhendín, al aeropuerto y el Centro. «No es serio el PP, pero tampoco el PSOE», ha señalado.