Una acusación pide la demolición de la gasolinera investigada en el caso Marchelo

Una de las acusaciones del caso Marchelo, la particular que ejerce el empresario de gasolineras Fernando G. G., ha solicitado la demolición de la estación de servicio investigada en la causa, que se halla en la Avenida de Andalucía de Alhendín. Lo ha pedido en su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita que se abra juicio oral en la Audiencia de Granada contra siete de los 17 implicados. Entre ellos, incluye al exalcalde José Guerrero y al exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández.

IDEAL ha tenido acceso a la «calificación legal» que realiza esta parte, que está representada en el proceso por el letrado José Manuel Urquiza. En el documento, que ya se encuentra en el órgano que desde hace 15 años instruye la causa, el Juzgado Mixto número 2 de Santa Fe, la acusación particular pide dos años de prisión para el exregidor del PP, así como 10 de inhabilitación. Para el exconcejal Fernández reclama 22 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Cabe recordar que para estos acusados la fiscalía ha reclamado castigos mucho más elevados: de más de 15 años de encierro y de 26, respectivamente.

En concreto, Fernando G. G. atribuye a Guerrero la presunta comisión de delitos continuados de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio. A Manuel Fernández y otros dos acusados, Salvador N. C. y María José G., los acusa de un delito continuado contra la ordenación del territorio. La autoría del mismo posible ilícito también se la achaca a José Manuel Z. V., el quinto encausado. Los dos implicados restantes que la acusación particular quiere llevar al banquillo son Rafael T. P. y su hija, a quienes acusa de un delito continuado de tráfico de influencias y otro contra la ordenación del territorio. Estos últimos son los responsables de la gasolinera que Fernando G. G. quiere que se eche bajo. Para ambos pide dos años de encierro y nueve de inhabilitación.

Además de la demolición del negocio, la acusación particular reclama una «indemnización por daños y perjuicios». También exige «la nulidad de todos los actos administrativos delictivos dictados con ocasión o como consecuencia de la infracción penal».

En su escrito, esta parte sostiene que aquella gasolinera no se podía construir en esa finca, así como que además «ocupó suelo público». Mantiene que el exregidor y Rafael T. P., pese a ser «conocedores» del impedimento urbanístico para edificar aquel negocio en aquel solar, lo hicieron.

Esa finca había sido comprada por José Guerrero y sus hermanos a finales de los años 80. En 1999, siendo ya alcalde aquel, se revisaron las Normas Subsidiarias del municipio y el terreno fue reclasificado: pasó de rústico a «suelo urbano directo». Guerrero y sus hermanos se lo vendieron en 2002 a Rafael T. y, supuestamente, condicionaron la compraventa a «a la necesaria aunque ilícita licencia de apertura para una estación de servicio». Esta finalmente se otorgó, mientras que a Fernando G. G., que también había solicitado por esas fechas licencia de apertura para la instalación y funcionamiento de otra gasolinera en una finca colindante a la vendida, «nunca le fue concedida».