El acusado de plantar en Escúzar marihuana valorada en 98 millones dice que no era droga

Para la Guardia Civil y la fiscalía, que mantuvo su petición de cinco años y medio de cárcel para dos de los encausados y seis y medio para el tercero por ser reincidente, los presuntos narcos sembraron cerca de 40.000 arbustos de cannabis en una finca que habían alquilado en la localidad de Escúzar. Según los cálculos de la Benemérita, las 54 toneladas de supuesta grifa confiscadas habrían alcanzado un valor superior a los 98 millones de euros en el mercado ilícito de los estupefacientes, una cantidad sin precedentes en el larguísimo historial de las operaciones contra el cultivo y tráfico de marihuana que han desarrollado las fuerzas de seguridad por toda la provincia.

En este sentido, el ministerio público reiteró que consideraba los investigados cometieron, presuntamente, un delito contra la salud pública con «sustancias que no causan grave daño a la salud», pero en su «modalidad de extrema gravedad» debido a la «notoria importancia» del alijo intervenido.

Para las defensas, en cambio, sus patrocinados no incurrieron en ninguna infracción penal porque la mercancía requisada no era droga, sino cáñamo industrial, es decir, un negocio lícito.

El principal imputado, un joven que trabaja como cocinero y que quiso emprender al ser consciente de la dureza de la hostelería, insistió en todo momento en que su actividad empresarial era legal, que se dedicaban a triturar las plantas para que luego sirvieran para generar bioenergía. «Había un 'boom' del cáñamo industrial y quise probar», dijo durante la vista oral.

Preguntado por las irregularidades que presentaban los documentos para poner en marcha la explotación, el procesado dijo que él se limitó en todo momento a hacer lo que le decía su asesor, un abogado que, según detalló, le guió para tramitar los permisos y licencias.

En otro pasaje de su interrogatorio, reconoció que la Guardia Civil halló cogollos de marihuana durante el registro de la plantación, pero afirmó que iban a molerlos.

Otro de los acusados admitió haber participado en el inicio de la empresa, pero que se desvinculó pronto porque «veía muchos problemas». No obstante, el día que la Benemérita irrumpió en la finca él estaba allí, pero aclaró que era para reparar un desperfecto menor y no porque siguiera metido en el negocio.

Por su parte, el tercer joven que se sentó en el banquillo aseguró que él lo único que hizo fue transportar una máquina hasta la parcela en cuestión.

Así las cosas, los defensores de los tres imputados solicitaron su libre absolución. Además, dos de ellos aseveraron que la investigación de la Guardia Civil presentaba «errores de bulto» y cuestionaron la legalidad de la entrada de los agentes en la plantación, lo que, de demostrarse cierto, invalidaría todo el procedimiento.

La intervención del instituto armado se produjo en septiembre de 2021.

Se da la circunstancia de que en los días posteriores a la redada, varios intrusos intentaron entrar en la hacienda para llevarse las plantas que todavía no había sido destruidas. De hecho, la Guardia Civil llegó a interceptar una furgoneta que se alejaba del lugar de los hechos cargada de cáñamo.

Tras una colisión entre la camioneta y el vehículo patrulla de la Benemérita, el ladrón logró escapar, pero, finalmente, fue identificado y detenido.