Acusan a la Junta de «poner en riesgo» a docentes embarazadas, trasplantados o vulnerables

El pasado mes de julio solicitó la evaluación de riesgos, apoyada en informes médicos, para pedir la adaptación del puesto de trabajo para este nuevo curso y el último día de agosto ha recibido la contestación negativa de la administración. Su caso ha sido catalogado por las áreas de Vigilancia de Salud de la Junta como un 'Nivel de Riesgo 1', o lo que es lo mismo, tendrá que incorporarse a su puesto en condiciones normales, sin ningún tipo de adaptación.

«No puedo evitar tener miedo porque por más que pongamos todo de nuestra parte no se han bajado las ratios, no hay medios y para mi es un riesgo. Estoy preocupado, decepcionado y también indignado porque ni siquiera me han valorado, ni evaluado las circunstancias en las que voy a trabajar», explica el docente, que incluso se ha alquilado un piso para mantenerse alejado de sus padres, también personal de riesgo.

Su caso es un ejemplo de cientos ya que, según denuncian los sindicatos CSIF, USTEA y CC OO, la Junta ha denegado de forma generalizada las solicitudes de adaptación del puesto de trabajo o exención laboral presentadas por docentes vulnerables como trasplantados, inmunodeprimidos o mujeres embarazadas.

Los sindicatos se llevan la mano a la cabeza ante la «irresponsabilidad» de la administración y la acusa directamente de poner en riesgo a estos docentes vulnerables, que tendrán que incorporarse a dar clases «sin más protección que una mascarilla». Educación no ofrece datos sobre las solicitudes de exención, pero los sindicatos coinciden en que el rechazo ha sido generalizado, lo que abocará a cientos de profesores a pedir una baja al médico de cabecera. Desde CSIF Granada calculan que hasta el 30% de las plantillas de los centros están formadas por personal vulnerable, también por estar en una edad cercana a la jubilación, por lo que se encuentran «desprotegidos.

«El sindicato está trabajando para plantear acciones jurídicas contra las negativas a las solicitudes de exención que se están produciendo a mansalva», anuncia la presidenta del sector de Educación de CSIF-A, Elena García. «Es muy grave que personas con cardiopatías, trasplantadas o inmunodeprimidas y también embarazadas hayan recibido una catalogación de riesgo 1 cuando son personal vulnerable en esta pandemia, tal y como han determinado las autoridades sanitarias», critica.

«No es de recibo que en otros departamentos de la Administración un trabajador o trabajadora sin ninguna patología que acuda a su trabajo presencial lo haga con todas sus medidas de seguridad, como la distancia interpersonal, pantallas de protección o incluso la cita previa, y para los docentes vulnerables con situaciones de este tipo no haya una mínima consideración», apunta.

La central sindical cree además que la Junta «se contradice» al proponer emplear o bien mascarilla o bien distancia interpersonal en los colegios, cuando la normativa genérica para la población obliga a ambos elementos.

En la misma línea, la responsable de Educación de CCOO Granada, Mercedes González, considera irresponsable «que la Junta no esté atendiendo «a ningún tipo de riesgo ni se plantee otro escenario posible que no sea el presencial para estos profesionales cuando en muchos casos se están jugando la vida»,

La portavoz de CC OO pone además el dedo en la llaga al asumir que habrá un aluvión de petición de bajas médicas en los primeros meses del curso y la administración tendrá que asumir el correspondiente aluvión de sustituciones al que no será capaz de responder.

«No han escuchando a direcciones de los centros mas masificados que han pedido que se planifique un curso semipresencial o incluso clases por las tardes», lamenta.

La misma palabra «irresponsabilidad» utilizan desde USTEA para calificar que «el empleador, en este caso la Junta» obligue a estos trabajadores a incorporarse a sus puestos «sin tomar ninguna medida excepcional».

«Esto supone que mujeres embarazadas, personal con patologías graves, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, personal inmunodeprimido, etc., estén estas patologías controladas o no, serán expuestas al virus sin ni tan siquiera la obligación de proveer de equipos de protección individual, a pesar de la alta probabilidad de sufrir una evolución desfavorable de la enfermedad o incluso la muerte, en caso de ser contagiadas», lamentan.

El delegado de Educación de USTEA en Granada, Javier Valdés, denuncia además un incumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, al no evaluarse los puestos de trabajo.

«A ninguno de estos docentes le han visto físicamente, ni se han evaluado la clase en la que estará, ni calificado el riesgo, ésto roza el fraude», protesta Valdés.

«Desde USTEA estamos estudiando las actuaciones legales que se puedan poner en marcha para impedir que la irresponsabilidad, tanto del Ministerio de Sanidad como de la Junta de Andalucía, ponga en grave peligro la vida de los y las trabajadoras de los centros educativos andaluces», concluye.

Además, están animando a los docentes que han recibido las solicitudes denegadas que presenten reclamaciones para solicitar las revisiones del dictamen.