Representantes de las administraciones en la mesa política de los cortes de luz, este jueves. PEPE MARÍN

Las administraciones chocan por la solución a los cortes de luz en Granada

Subdelegación descarta modificar el código penal para endurecer las penas ligadas al cultivo de la marihuana, mientras que el resto de administraciones exigen un cambio normativa de carácter disuasorio

Jueves, 2 de mayo 2024, 12:29

La solución a los cortes de luz divide a las administraciones. Aunque todas apuestan por la actuación coordinada para afrontar el problema, difieren en el camino a seguir para resolverlo de forma definitiva. Es lo que se desprende de las intervenciones de los representantes del ... Gobierno, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento ante la reunión política que ha tenido lugar este jueves en la sede de la Subdelegación, en la Gran Vía.

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El punto de desencuentro es la necesidad o no de modificar el código penal para endurecer las penas ligadas al cultivo de la marihuana, un fenómeno creciente que está detrás, junto a otros problemas, de las interrupciones en el suministro. Mientras que la Subdelegación del Gobierno considera que los cortes son un asunto a abordar de forma «multifactorial», desde la Junta de Andalucía se insiste en afrontar un camino normativo que disuada a quienes viven de esta actividad ilegal. Como telón de fondo, se mantiene el drama humano de quienes abonan sus facturas puntualmente y viven con constantes interrupciones en el suministro.

Ambas posiciones han quedado de manifiesto antes del inicio de la reunión, que ha servido para reactivar la mesa política que sigue la problemática que padecen Norte y Haza Grande, pero también numerosos municipios de la provincia. Ha sido el delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, quien la ha puesto sobre la mesa. El dirigente, que ha alabado el esfuerzo que realizan tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil para atajar los cultivos, ha insistido en la necesidad de que el Congreso de los Diputados afronte un «cambio normativo» para lograr un efecto disuasorio que actualmente no existe. El responsable ha aclarado que se trata de una iniciativa que depende del Gobierno, que es quien debe llevar estas medidas a la cámara, y ha insistido en que «ya no hay una situación de cultivos de una persona determinada, sino que hay mafias, por lo que se tiene que dar una modificación de la tipificación».

Granados ha remarcado que la problemática «empieza a ser generalizada» no solo en la provincia de Granada, «sino en todo el territorio de Andalucía y, si me permiten decir, casi en media España». Por este motivo, ha llamado a actuar de manera «muy coordinada» a todas las administraciones.

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En una línea similar se ha manifestado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien ha insistido en la «necesidad» de «una nueva tipificación que endurezca las penas» relacionadas con el cultivo de la marihuana. Según ha defendido, «no basta solo con el trabajo que hacemos desde el ámbito local o provincial, sino que también el Estado, al reproducirse el problema en otros lugares, debe prestar especial atención y llevar a cabo diferentes iniciativas para resolver el problema».

La regidora, que ha puesto en valor las mejoras logradas recientemente en puntos del distrito Norte, ha abogado por trabajar «de la mano» de las instituciones, de la suministradora y de los vecinos para frenar el problema y ha insistido en «sumar esfuerzos» para resolverlo.

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La vicepresidenta de la Diputación, Mónica Castillo, también ha seguido esa misma línea y ha hecho hincapié en la necesidad de una «reforma legislativa». Se trata de una demanda que están trasladando «los alcaldes» de la provincia al calor de la aparición de cultivos de interior y la necesidad de luchar con ellos. A su juicio, en los últimos tiempos se han realizado avances, pero son «insuficientes» para afrontar un problema que considera «endémico».

«Es un problema social»

En contraposición con las posturas de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha defendido que los cortes «no se solucionan con una modificación legislativa». A su juicio, perseguir a quien solo cuida el cultivo no sirve de nada y ha abogado por emplear otras herramientas que ya existen, como los tipos penales que castigan las organizaciones criminales o el blanqueo de capitales.

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En opinión del dirigente, se trata de un problema «multifactorial» que hay que afrontar desde las responsabilidades de cada administración y ha insistido en el carácter «social» que desprenden los cortes de luz, para el que ha reclamado la adopción de «medidas sociales», pero también de mejora en las instalaciones eléctricas, de cableado, de transformadores y también de seguridad.

Montilla ha insistido en que la situación es «inaceptable» y ha apelado al «drama humano» que hay detrás del problema para «actuar de forma coordinada, todos juntos en el ámbito de las competencias, sin echar la culpa a otro». «En eso», ha dicho, «no me van a encontrar».

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