Los afectados de Granada por la 'trama Alvise', sin cobrar y a la espera de Inspección de Trabajo

Los hosteleros de La Castellana son solo un grupo de los 54 granadinos perjudicados y dañados colateralmente por el entramado de Álvaro Romillo, empresario que presuntamente financió ilegalmente la campaña del eurodiputado Alvise Pérez, líder del partido Se Acabó La Fiesta, y al que se le acusa también de perpetrar una estafa piramidal con criptomonedas. Romillo y sus socios habían diversificado sus finanzas en negocios de automoción, lujo, seguridad u hostelería por medio de 26 sociedades que giraban alrededor de Madeira Club Investment. Tenían conexión con la ciudad de la Alhambra a través de cuatro sociedades o grupos de inversión: Dos Huevos Fritos SL (La Castellana), Negro Carbón SL (vinculado al bar La Revolera), Negro Carbón Premium SL–con dos restaurantes en Albaicín y calle Neptuno – y Wanderstay SL (Hotel Colon y Restaurante La Casual). Y esos 54 empleados ven ahora su futuro «negro», las cuentas de algunos grupos están intervenidas y no se les puede garantizar el mantenimiento de la actividad.

A los trabajadores de La Castellana se les comunicó, verbalmente y no por escrito, que podían abandonar su empleo. Este mes no percibirán su salario, pero si no acuden a trabajar se arriesgan a que los empresarios consideren su ausencia como una baja o despido voluntario.

Los trabajadores se reunieron ayer a media mañana con sus representantes legales, que les han recomendado continuar en sus puestos hasta que se resuelva la denuncia interpuesta en Inspección de Trabajo. Después del encuentro, la plantilla levantó la persiana otra vez y fingió normalidad durante lo que quedaba de jornada.

Este medio se ha puesto en contacto con Inspección de Trabajo, que señala que no pueden facilitar información sobre el expediente. Sin embargo apuntan que «los interesados tendrán cumplida información sobre el estado del procedimiento y el resultado de las actuaciones». Por el tipo que denuncia que han interpuesto, Trabajo debería pronunciarse en un plazo máximo de 72 horas a contar desde el martes.

Al resto de establecimientos hosteleros, de acuerdo con la versión de sus empleados, si les han garantizado que podrán percibir su salario este mes y que, por ahora, la actividad se mantiene.

Los despachos de abogados Zaballos y Aránguez han presentado sus respectivas denuncias a la Audiencia Nacional, que todavía no ha aceptado el caso aunque la Fiscalía ya ha solicitado que se investiguen los hechos y bajo secreto. Presuntamente, la sociedad habría estafado 600 millones de euros a más de 2.000 inversores.

Francisco Miranda, abogado del empresario Álvaro Romillo, ha solicitado al tribunal que designe a un administrador judicial a fin de evitar la quiebra de los negocios de su representado. El letrado señala a IDEALque la petición se hizo con carácter urgente y aún no han obtenido contestación. El empresario puso su patrimonio a disposición de la justicia y esa es una de las razones por las que no se permitiría la intervención en las cuentas. Sin embargo, el abogado apuntaba ayer a IDEALque la sociedad tiene las cuentas bancarias bloqueadas en Portugal, lo que afecta a negocios como Negro Carbón. Preguntado por este periódico por qué órgano había tomado esa decisión, el letrado ha respondido que fue el mismo banco quien ha comunicado que «era por cuestión de legalidad». Está previsto que la representación legal que la red empresarial tiene en Portugal se reúna con la entidad bancaria.

«Las empresas están asfixiadas. No pueden sacar dinero ni pagar, así que esperamos que se aclare el asunto a la mayor brevedad posible para que no afecte a los negocios y los trabajadores», afirma. Miranda indica que su cliente, quien ha mostrado su colaboración con la justicia, se mantiene también a la espera de que el tribunal acepte la competencia de la investigación. Los abogados de las presuntas víctimas de Romillo mantienen discrepancias sobre qué órgano judicial debe investigar lo ocurrido.