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El Gobierno ha cerrado la ventanilla electrónica. Desde anoche a las 23.59 no es posible inscribir ciudades candidatas a la agencia de supervisión de la inteligencia artificial. Cumplido el plazo, las aspirantes ya pueden desvelar sus cartas, los estudios e informes que en los últimos días han registrado ante el Ministerio de Política Territorial. En ellos, las postulantes defienden sus fortalezas –empresas, universidad, calidad de vida–, las garantías de que la entidad quedará en buenas manos. Pero también sacan a relucir algunas debilidades: despoblación, paro, falta de tejido industrial… Argumentos, en definitiva, para justificar la necesidad de que la moneda caiga de su lado.
El Ministerio sugirió a las candidatas acompañar este inventario de buenos motivos con un estudio de proyecciones, un documento que dibuje el futuro económico y social de las ciudades si tienen la fortuna de albergar la entidad. Son solo estimaciones, cálculos basados en procedimientos reglados por consultoras y universidades, pero permiten entender la influencia que tendrá un organismo de este tipo en la economía de provincias como Granada.
La agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial, que abrirá con 40 trabajadores, llegaría a crear en Granada 10.000 empleos –contando los indirectos– y a subir un 3,6% el PIB de la provincia en un plazo de cinco años. Son las dos principales conclusiones de la memoria coordinada por los catedráticos Francisco Herrera y Enrique Herrera-Viedma, la gerente de la fundación PTS, Ana Agudo, y el responsable de Innovación de la Cámara de Comercio, Roberto Álvarez.
La llegada de la agencia influiría –todo se escribe en condicional, a la espera de que se pronuncie el Consejo de Ministros– a tres niveles. A corto plazo, la ejecución del presupuesto anual para la agencia serviría para adquirir bienes y servicios a empresas y atraer personal. El centro sería un imán para visitas de otros profesionales, congresos y otros eventos que generarán impacto económico en Granada. Más adelante, habría un retorno relacionado con la formación de capital humano especializado en esta materia, redundando en la «reducción de desigualdades sociales al elevar el nivel formativo de la población». Por último, la agencia seduciría a empresas y nuevas iniciativas emprendedoras.
El documento hace alusión a la conocida como «paradoja granadina». Mientras que Granada solo representa al 2% de la población y el 1,4% de la riqueza del país, el ecosistema de conocimiento de la UGR es el 4,5% –el doble de los anteriores indicadores– de toda la estructura universitaria española. El informe es una sucesión de números que sostienen la capacidad de la Universidad de Granada: la UGR tiene un impacto de 2197 millones sobre la provincia, un 6,12%, y genera un 7,8% de los contratos laborales. Otro dato: Granada es la ciudad con más porcentaje de doctorados y la segunda y tercera de España en lo relativo a licenciados y máster.
El dossier proyectivo sigue un modelo de análisis del departamento de Comercio de Estados Unidos. A grandes rasgos, este sistema consiste en introducir estimaciones del gasto de la institución –la agencia, en este caso– para calcular impacto económico a corto plazo, con efectos directos e indirectos. La base para estos cálculos es un estudio publicado en 2020 por el Consejo Social de la UGR.
La puesta en marcha de la agencia en Granada conllevaría un incremento del gasto: los relacionados con el inmueble y la llegada de trabajadores, los de los propios empleados, y los de quienes lleguen a la capital atraídos por eventos relacionados con la institución. Solo en equipamiento está previsto invertir 1,3 millones, a los que hay que sumar 1,18 para alojamientos temporales, dietas, viajes o mudanzas de los trabajadores. El gasto medio por congresos y eventos puede elevarse a 3,5 millones de euros.
Si se aplican a estos gastos los coeficientes de multiplicación estimados por la Universidad de Granada, el resultado es un impacto de 27,5 millones de euros y 100 nuevos empleos directos en el primer año. A corto plazo, esto solo supone un 0,16% del producto interior bruto de la provincia.
Pero a medio y largo plazo habría un crecimiento exponencial –augura el informe– del 'efecto agencia'. Impulsaría el papel de Granada como polo tecnológico de IA, difundiría su imagen entre familiares y conocidos de los trabajadores, aumentaría la empleabilidad de los titulados TIC y de áreas como Derecho, Sociología, Filosofía, Economía o Medicina.
Nacerían o llegarían a la provincia una decena de empresas especializadas en tecnología, que necesitarían al menos un millar de especialistas. A corto plazo, el informe calcula que aterrizarían a Granada 15 consultoras de abogados especialistas en IA, con una veintena de profesionales cada una. En cuanto a especialistas en auditoría de algoritmos, en los cinco primeros años de funcionamiento habría medio millar de trabajadores en Granada.
Esto, teniendo en cuenta solo la influencia local de la entidad. Una vez que la UE apruebe un reglamento para el buen uso y control de los algoritmos, la agencia será una referencia a nivel comunitario. Esto incrementaría el número de empresas que prestarán servicio desde Granada no solo a España, sino al resto de la comunidad. Siempre según las estimaciones, esto generaría en torno a 7.000 puestos de trabajo especializados en un plazo de un lustro.
Al carro de la entidad se subirían también compañías ajenas al sector tecnológico que aprovechen la inercia de la IA para aplicarla a sus productos: turismo, alimentación, salud… En cinco años habría alrededor de 25 nuevas empresas con una media de 40 técnicos especialistas en IA.
Esta conjunción de repercusiones a largo plazo permite anticipar que, en el plazo de cinco años, el PIB provincial crecería un 3,6% con respecto al dato de 2019. En lo relativo a puestos de trabajo, habría 10.000 nuevos empleos. En el año 2028, el sector TIC y la inteligencia artificial supondría un 14% del PIB provincial. Es decir, un aumento de diez puntos. Por comparar, la agricultura representa en la actualidad un 7,1%. En una provincia en la que la industria apenas tiene peso, este centro ayudaría a asentar un concepto del que se habla desde hace dos décadas en Granada: la economía de la innovación y el conocimiento.
El documento puntualiza que Granada saldría más beneficiada que otras provincias. «Tiene el caldo de cultivo idóneo para optimizar la gran inversión que supone su instalación, y generar un efecto multiplicador mucho mayor que en otros territorios del país. El impacto generado por estas sinergias, en una provincia con tan alto índice de desempleo, ocupando los lugares de cola del desarrollo económico y despoblación, es mucho mayor en términos relativos sobre el PIB que en cualquier otro territorio nacional».
Es un estudio, una sucesión de estimaciones, el esbozo de un futuro que no podría precisar ni una inteligencia artificial. Pero da una idea de lo que sería la Granada del futuro si la agencia estatal se suma al resto de fortalezas de la provincia: la Universidad, el ecosistema tecnológico, los proyectos de sostenibilidad en ciernes y el acelerador de partículas que se construirá enEscúzar.
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Jon Garay e Isabel Toledo
J. Arrieta | J. Benítez | G. de las Heras | J. Fernández, Josemi Benítez, Gonzalo de las Heras y Julia Fernández
Josemi Benítez, Gonzalo de las Heras, Miguel Lorenci, Sara I. Belled y Julia Fernández
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