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La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía considera que el sistema de venta de entradas a la Alhambra «presenta disfunciones», llevará a un « ... encarecimiento injustificado de los precios» y genera un «mercado artificial privado de venta anticipada». Son tres de las conclusiones de un informe remitido al Patronato a finales de 2018 que pone en cuestión el mecanismo nominativo de acceso al monumento que se estrenó para touroperadores en mayo. Éste pretendía acabar con las colas de madrugada frente a las taquillas y evitar la reventa. Para ello, obligaba a las agencias a solicitar las entradas con tres meses de antelación, poniendo nombre y apellidos a cada ticket siete días antes de la visita.
Es la 'carta de bienvenida' que ha encontrado Rocío Díaz (PP), designada oficialmente el pasado martes como directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Como primeras medidas ha encargado un informe jurídico y ha convocado para el martes una reunión con representantes institucionales y portavoces de los agentes privados.
El mecanismo implantado en mayo levantó las críticas de asociaciones de touroperadores y de la Federación de Hostelería, que pidieron participar en una mesa de trabajo con todas las instituciones implicadas en la gestión del monumento. Ya alertaron de que la Alhambra perdería hasta 2020 «un 40%» de visitantes y del crecimiento de un mercado paralelo de reventa de entradas entre agencias. Ahora, no sólo la presión de los empresarios pone en jaque la tramitación de los billetes: un informe de la agencia pública cuestiona el cambio introducido por el Patronato. La paradoja es que un organismo -independiente, en términos políticos- de la propia Junta es quien cuestiona la gestión del monumento, en cuyo órgano de dirección es la Junta quien ostenta la mayoría.
En varios puntos, y como última clave, la Agencia advierte del perjuicio que supone la «participación de determinados grupos de interés económico sectorial». «Cabe referenciar la titularidad pública de este monumento y, por ello, que la normativa reguladora debe basarse en el diálogo con los agentes sociales. Pero este diálogo social mediante las denominadas 'mesas de seguimiento' no puede justificar la adopción de medidas que puedan suponer la transgresión de la normativa aplicable (...) y además acaben distorsionando la necesaria gestión económica eficiente del monumento», reza el estudio. La Agencia recomienda que «en ningún caso participen, como regulador y operador, los representantes de intereses o de agentes económicos que intervienen en el mercado objeto de regulación, por el conflicto de intereses que se produce». Esto sería incompatible con la reiterada petición de asociaciones y de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de conformar una mesa para decidir sobre la venta de entradas. La última reivindicación en este sentido llegó hace un par de días. En un comunicado, la Federación solicitó que el empresariado tenga representación en dicho organismo, pues lo contrario «es una situación incompresible que nadie alcanza a entender».
El estudio responde a una denuncia presentada por la plataforma 'Todos somos la Alhambra'. Insta a una «modificación de las resoluciones» para adaptarlas a la normativa de defensa de la competencia y los principios de una regulación económica eficiente: «La actual forma de gestionar la comercialización anticipada de las entradas a los grupos por parte del Patronato presenta graves disfunciones».
El recorrido del dossier de recomendaciones de la agencia independiente, adscrita a la Consejería de Economía, arranca el pasado 2 de mayo, cuando los técnicos reciben la resolución del Patronato que aprueba los cambios en la venta de billetes. El 27 de diciembre, la agencia cerró un informe que remitió al Patronato. El órgano gestor de la Alhambra contestó el 11 de enero de 2019 con alegaciones y consideraciones al documento.
En el informe, al que ha tenido acceso IDEAL, la Agencia compara en su dossier este sistema de acceso a la Alhambra con el de otros monumentos europeos. De los 11 analizados, sólo dos -Alhambra y Palacio Real- no disponen de venta directa. Por otro lado, la Alhambra es el único que exige entradas nominativas. A lo largo de 32 páginas, el estudio desgrana resoluciones como que la comercialización a grupos «no sería conforme con los principios y obligaciones consagrados en la Ley de Garantías para la Unidad de Mercado», que «presenta graves disfunciones sobre la competencia efectiva en los mercados» o que «la autoridad pública interfiere en el mercado, anulando las reglas del libre mercado y asumiendo ésta la propia delimitación de la oferta». Como efecto, hay «una reducción de los incentivos de los operadores por competir (...) que podría coadyuvar en un potencial riesgo de alienamiento entre estos y coayuvar a que realicen prácticas anticompetitivas prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia».
El organismo no considera justificada la «limitación a la libertad de comercialización» que podría contenerse en las decisiones del Patronato, puesto que «no se sustentan en la protección del patrimonio histórico o la seguridad de las personas». En el apartado de conclusiones alerta del encarecimiento de los precios y señala dos problemas: la creación de un «mercado artificial» y la «limitación del número de entradas que pueden comercializar». El 'cupo' supone -siempre según el informe- «una grave restricción a la competencia que no encuentra justificación alguna».
El departamento encargado de la investigación tiene potestad para llevar a cabo tareas «de informe, asesoramiento y propuesta». Es decir, el Patronato no estaría obligado a aplicar la propuestas, algo que que supondría revertir la gestión de las entradas al modelo anterior o empezar a trazar un 'tercer' protocolo. Aunque no es vinculante, el informe está llamado a marcar los primeros compases en la nueva etapa del monumento tras el cambio en la Junta.
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