La Agencia de Salud Pública a la que aspira Granada tendrá que empezar de cero

Pero el nuevo organismo al que aspira Granada parece no salir nunca adelante. Hace ya quince años que se propuso por primera vez. Y ahora, cuando el horizonte por fin parecía despejarse, ha vuelto al mismo punto en el que se encontraba hace un año. Al de partida, de hecho. Y habrá que empezar de cero.

Los votos en contra registrados en el último pleno han tumbado la ansiada agencia, lo que significa que el Gobierno «deberá establecer un nuevo proyecto de ley». La ministra de Sanidad, Mónica García, lo dejó claro en cuanto se conoció el resultado de la votación. Volverá a llevar el asunto al Congreso. La cuestión es que cuando este no aprueba un proyecto de ley, «debe volver a plantearse».

«Lo tiene que presentar el Consejo de Ministros, principal órgano de decisión. El texto base puede ser el mismo o incluir algunas modificaciones según si se toma en consideración lo ocurrido en el pleno», explicó ayer a IDEAL el catedrático de Ciencia Política y la Administración de la Universidad de Granada, Juan Montabes Pereira.

Destacó que el proyecto de ley por el que se crea la Aesap entró en el Congreso el 6 de febrero y el 17, se publicó en el BOE de las Cortes. El 13 de marzo se votó en Comisión de Sanidad y luego se publicó la decisión sobre las enmiendas que se mantienen «vivas». «Con respecto a las mismas, este día 20 en el Congreso, todos los partidos volvieron a rechazar las enmiendas de Vox, lo mismo que en comisión, pero en el texto final hay una incongruencia porque PP y Junts cambiaron de opinión y votaron en contra», apuntó el experto.

Parece, según él, una «pataleta» que relaciona con los momentos de tensión vividos durante la sesión plenaria, en la que el popular Miguel Tellado solicitó una alteración del orden del día que fue desestimada por la presidencia de la Cámara Baja. La oportunidad de que Granada albergue la sede de este organismo se difumina cada vez más. Los proyectos de ley «van del Gobierno al Congreso» y el primero debe ahora trabajar y publicar uno nuevo. «Lo que se ve en primer lugar en la tramitación es la toma en consideración por el Congreso de los Diputados, que es el que abre paso para remitirlo a la comisión de Sanidad. Entonces, se convoca una ponencia que abre plazo –de quince días– para presentar enmiendas», expresa el catedrático.

Después, estas «tendrán que ser nuevamente debatidas en la Comisión de Sanidad», donde la semana pasada ya habían salido adelante por mayoría absoluta. Se trata de recuperar el consenso de todos los grupos.

En este sentido, la parlamentaria del PP por Almería y vocal de su partido en la comisión de Sanidad, Maribel Sánchez, subrayó que «el futuro de la Agencia de Salud Pública es incierto». «Desde el Partido Popular votamos en contra del proyecto de ley porque, como ya hemos repetido varias veces, tiene que garantizar transparencia, exigir criterios objetivos y, sobre todo, contar con financiación», justificó. «El Gobierno tiene que preparar ahora un nuevo proyecto de ley. Cuando lo haga, veremos si la ministra ha tenido en cuenta lo que ocurrió en el Congreso y si ha modificado los asuntos que nos preocupan. El problema es que puede presentarlo la semana que viene o en dos años», contempla.

Desde el PSOE sienten «incertidumbre» sobre lo que va a pasar. «No es una cuestión de texto. El argumento de que sobran o faltan cosas no se sostiene. En comisión se hacen enmiendas y el PSOE admitió todas las de todos los grupos para que fuera un texto consensuado. Y se logró el acuerdo. El problema es que en el Congreso el PP votó en contra como una táctica política, por una orden para castigar al Gobierno en otras cuestiones que no tenía nada que ver con la Agencia. Es realmente pueril, de falta de altura», expresa la portavoz de Sanidad en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto.

Ahora, «lo tendrán que justificar». «Es la segunda vez que pasa. La ley de creación del Instituto de Salud de Andalucía extinguiendo la Escuela Andaluza de Salud Pública fue el primer palo y la primera demostración de que no les importa la agencia estatal», apuntó Prieto. Según ella, «es un mensaje muy negativo y, además, una pérdida de tiempo. Por supuesto, se alargan los plazos y eso perjudica a Granada».