Agricultores y patronales de Granada creen que las medidas de contratación tendrán «poco impacto»

Pese a todo, el texto aprobado recoge que, con el objetivo de ayudar durante las campañas que tengan lugar mientras duren los efectos de la pandemia, tanto los parados como los temporeros que estén cobrando ayudas agrarias podrán trabajar en estas labores hasta finales del mes de junio. Entre ambos grupos, tras la fuerte escalada del desempleo en marzo, aglutinan unas 100.000 personas, de las que sólo unas 3.200 son beneficiarios de la Política Agraria Común (PAC).

En mitad de la campaña del espárrago, una de las más importantes en Granada, el descenso de la demanda, tanto para el consumo interno como para la exportación, se está dejando notar con fuerza. Así lo explica Nicolás Chica, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en la provincia granadina, quien asegura que entre sus miembros los pedidos nacionales se han desplomado un 80% y algo menos, en torno al 45%, los que provienen de fuera de España. Chica cree que «como ahora mucha gente va a la compra una vez cada varios días prefiere no meter en la cesta productos muy perecederos, como frutas y hortalizas, y eso se está notando mucho»: «Hoy por hoy tenemos un 50% menos de producción que el año pasado por estas fechas, y eso a pesar de que la climatología este año está siendo bastante favorable», continúa. Por esto, precisa, «en este momento no hace falta apenas mano de obra» para concluir lo que queda de campaña. También pide a la población que haga un esfuerzo y compre más fruta y verdura en su visita al mercado.

Una visión similar mantiene Manuel del Pino, secretario general de Asaja, quien asegura que en su organización reciben las medidas presentadas por Luis Planas con «mucho pesimismo» porque creen que «no van a solucionar nada». Apuntan a diversos motivos, entre los cuales destaca que piensan que muchos de los potenciales empleados que se encuentran cobrando un subsidio «no van a querer venir a trabajar» en las campañas en marcha, así como a que muchas personas que trabajan en otros sectores «desconocen el trabajo». También se quejan de la limitación de que sólo se pueda contratar a trabajadores del entorno cercano a donde se encuentran las explotaciones, por lo que piden «movilidad de trabajadores en la provincia y con las limítrofes».

En cuanto a la incidencia en el empleo, Del Pino cree que será «prácticamente nula en Granada», con excepción de una posible necesidad en la temporada del ajo en zonas de la Vega, aunque recalca que sí hay otras zonas, como en lugares de Córdoba o Sevilla, en los que las campañas de fruta de hueso sí pueden requerir un incremento de la mano de obra de manera temporal.

Además de a los empresarios, las medidas por el Gobierno tampoco han terminado de gustar a los trabajadores, como explica Paco Cabello, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)en la provincia granadina. En su opinión, «el Gobierno ha querido ser más papista que el Papa» con esta legislación «pese a que no existe una demanda con la que se haya puesto el grito en el cielo». Entiende que el objetivo que se persigue con este anuncio es evitar una eventual subida de los precios y la inflación a costa de los productos básicos, pero cree que esto va a repercutir negativamente en los salarios que cobran los agricultores, que ya ven cómo el diferencial entre el precio que se les paga y el de venta al público «supera en la mayoría de los casos el 500%». Cree que «concretamente en Andalucía» estas medidas no van a tener una gran incidencia, porque trabajadores autóctonos hay para acometer las campañas. Otra cosa será que por las condiciones no quieran ir a trabajar», remata.