Agricultores en el corte de la autovía A-92 del 7 de febrero donde hubo enfrentamientos con la Guardia Civil. Pepe Marín

Los agricultores granadinos piden la amnistía tras recibir una ola de multas de 800 y 1.500 euros

La Subdelegación ha notificado ya 68 sanciones, la mayoría por faltas graves de desobediencia, resistencia a la autoridad o cortes de carretera

Jueves, 14 de marzo 2024, 00:06

Por más que estuvieran cargadas de razones en el fondo, en las desesperadas y caóticas protestas del campo que durante los primeros días de febrero cortaron autovías y provocaron escenas de tensión con los antidisturbios se cruzó la raya de la legalidad y a la ... Subdelegación del Gobierno en Granada no le está temblando la mano a la hora de castigarlas. Tras las investigaciones e identificaciones que la Guardia Civil realizó aquellos días, la Subdelegación del Gobierno entiende que hubo participantes que se enfrentaron con las fuerzas de seguridad o provocaron situaciones de riesgo con los cortes de tráfico y, con la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo) en la mano, ha abierto expedientes administrativos por faltas graves que se están sancionando con cantidades que oscilan entre los 800 y 1.500 euros.

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Están lloviendo multas, notificadas por correo certificado, a los agricultores que salieron en columnas de tractores desde la Vega, a los que cortaron la autovía en Santa Fe donde hubo enfrentamientos con la Guardia Civil y a los que participaron en protestas en los puntos más dispares la provincia. Tan solo una gestoría en Puebla de don Fadrique está preparando recursos para 35 vecinos del pueblo sancionados por participar en una concentración en la carretera A-330 y que se enfrentan a multas de mil euros.

El malestar de los agricultores sancionados es absoluto. Consideran que las multas les han caído de forma arbitraria –a unos sí y a otros no, cuando estaban en el mismo sitio haciendo lo mismo– y se sienten impotentes. Algunos de los sancionados han asegurado a esta redacción que se identificaron de forma pacífica y que siguieron indicaciones de las fuerzas de seguridad, por lo que consideran las multas desproporcionadas e injustas.

Desobediencia y resistencia

Según la información aportada por la Subdelegación del Gobierno a este periódico, hasta el momento se han comunicado 68 expedientes sancionadores en Granada. La mayoría, 58 se han calificado como faltas graves «por desobediencia y resistencia a la autoridad, por causar desórdenes en la vía pública o por provocar cortes de calzada e impedir acceso, con riesgo para la seguridad ciudadana» por lo que conllevan sanciones de entre 800 y 1.500 euros. Otra decena más de expedientes se han calificado como sanciones leves «por faltas de respeto y consideración a los agentes» castigadas con 400 y 500 euros.

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Para calcular la cuantía, la Subdelegación valora cada expediente «de forma unitaria», en función de los datos aportados por los agentes sobre el terreno y las consecuencias provocadas.

A pesar de que las protestas no autorizadas, no estaban convocadas por las organizaciones agrarias que no comulgaron con las formas, ahora han salido al rescate de sus agricultores y han pedido una «amnistía general» para los sancionados. En concreto la junta directiva de Asaja Granada ha acordado solicitar a la Subdelegación del Gobierno el archivo de todos los expedientes de sanción recibidos por los agricultores en los diferentes actos de protesta. «El subdelegado no puede sancionar a los que deciden ejercer su legítimo derecho a manifestarse, aunque no estén autorizados, si cuando lo queremos hacer por la legalidad no nos deja, como así nos ha sucedido en la tractorada prevista para el 14 de marzo que hemos tenido que suspender», esgrimen desde la organización agraria.

«El subdelegado parece haberse contagiado de la impunidad que gobierna el país con la arbitraria interpretación de la Constitución Española y ahora pretende sancionar o reprimir el derecho democrático de reunión criminalizando a los agricultores, que solo son víctimas de la propia incapacidad de la administración para resolver los problemas del sector. Otras provincias y subdelegados han permitido las tractoradas y no han abusado de su autoridad», lamentan.

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Este jueves día 14 las organizaciones agrarias están citadas a una reunión en Subdelegación para avanzar en la autorización de la protesta del día 22 y confían en que no se les pongan trabas.

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