La alcaldesa de Granada pide a la Junta que abra el debate sobre la tasa turística

Carazo ha lanzado este mensaje respaldada por la Famp, federación andaluza de municipios y provincias, que ha abierto este melón y ha pedido que la Junta apruebe un marco legal para dejar libertad de decisión a las ciudades.

La alcaldesa enmarcó esta idea en el contexto de la necesidad de financiación que tienen los ayuntamientos. «Prestamos una serie de servicios para los que no disponemos de los recursos suficientes. Y especialmente también lo percibimos las ciudades turísticas como la nuestra, que recibe un importante número de turistas, que hacen multiplicar los servicios que presta nuestra ciudad», resalta Carazo que por eso ve oportuno abrir el debate de la tasa turística, que debe ser sereno consensuado, sosegado y liderado por la administración, que tiene la competencia, que es la Junta de Andalucía«.

Para la regidora granadina el debate hay que abrirlo con responsabilidad, no de forma unilateral, y debe establecerse también de la mano del sector turístico. «Por tanto el Ayuntamiento de la ciudad está dispuesto a participar, a aportar su opinión e iniciar este camino que tiene que ser en beneficio de la ciudad de Granada, de los destinos turísticos, y de un sector que aporta empleo, recursos y que supone una actividad importante», manifiesta.

El sector turístico está frontalmente en contra de la tasa. Así lo indicó el presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, Gregorio García, que respalda la posición manifestada por la Confederación de Empresarios de Andalucía, por entender que es un nuevo tipo impositivo que afecta negativamente a la competitividad del sector y al conjunto de la economía regional.

La creación de este nuevo impuesto supondría generar una competencia fiscal entre comunidades autónomas y además, «al repercutir en las pernoctaciones, dado que el impuesto no grava el conjunto del hecho turístico, sino sólo el alojamiento reglado, se incrementa aún más el incentivo a la clandestinidad y, por tanto, a las actividades económicas y laborales irregulares», manifestaron los representantes del sector turístico andaluz.