El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Granada, Josep Sola, ha pedido a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –TSJA– que «deduzca testimonio» al número dos del PSOE de Andalucía y exalcalde de Maracena, Noel López, ... a la regidora actual, Berta Linares, y al edil de Urbanismo del consistorio maracenero, Antonio García Leyva, como posibles «inductores» del secuestro de la edil Vanesa Romero, ocurrido el pasado 21 de febrero. De momento, el único detenido por estos hechos es el presunto autor material del secuestro, expareja de la alcaldesa de Maracena, quien lleva tres meses en prisión provisional.
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El juez instructor no puede investigar a Noel López al tratarse de un parlamentario andaluz que tiene condición de aforado, y para mantener el criterio de unidad en el pronunciamiento sobre la posible imputación de estas tres personas, remite la posible investigación de los otros dos políticos a la misma sala y así evita que quede repartido en dos juzgados distintos, el suyo y la sala de los Penal del TSJA. La condición de aforado hace que Noel López solo pueda ser investigado por el TSJA y de ahí que no lo haya hecho el juez de instrucción.
Las periciales practicadas para esclarecer el secuestro de Vanesa Romero han concluido con la posible participación como «inductores» de los tres políticos citados anteriormente, según el titular del juzgado y el fiscal de la fase de instrucción. Los tres presuntos inductores pueden recurrir el auto ante el mismo juez y en apelación ante la Audiencia provincial de Granada.
En el auto emitido con fecha de 25 de mayo, el juez recoge cómo se desarrolló el secuestro, el testimonio del único detenido, el de la víctima y las periciales practicadas por la Guardia Civil. El secuestrador sitúa una conversación determinante en un bar de Maracena donde es conminado a darle «un susto» a la víctima después de que esta se hubiera convertido en una fuente de problemas para Noel López y la alcaldesa, debido a la presunta detección de irregularidades en documentos urbanísticos por parte de la secuestrada, entre otros motivos. Esta reunión se registra, según el declarante, después de Reyes (enero), sin saber concretar el día. El dueño del bar asegura que allí «nunca» hubo una reunión entre estas «cuatro personas»: el secuestrador, la alcaldesa, Noel López y el edil de Urbanismo. Las pruebas practicadas por la Guardia Civil sobre la ubicación de los teléfonos móviles de los cuatro, en función de la cobertura de antenas, «son escasamente concluyentes, pero tampoco excluyentes». El testimonio del secuestrador apunta a una conversación en ese bar en la que el edil de Urbanismo apunta a que sería oportuno «contratar a dos ucranianos» para darle un susto a la edil, pero acto seguido Noel López y Berta Linares dicen que «no hay que llegar tan lejos». El secuestrador, quien padece un trastorno bipolar –según recoge el auto–, sigue su relato apuntando hacia Noel López, quien le dijo que se encargara él de «quitarle el móvil» a la secuestrada creyendo que «los documentos» urbanísticos que tenía en su mano la víctima los guardaba en el «móvil». Noel López negó ayer cualquier participación en los hechos.
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Esta charla a la que alude el acusado viene precedida de las numerosas quejas que Berta Linares le hacía llegar al secuestrador por los problemas que tenía con la víctima. La secuestrada, que sigue bajo tratamiento psicológico y pasándolo bastante mal, también declaró en su día que ella creía que «las motivaciones seguidas por el secuestrador no eran suyas propias, si no de Berta Linares y Noel López; y que él (secuestrador) ha manifestado que han sido porque las acciones profesionales que ha efectuado la dicente han molestado a las dos anteriores». El presunto autor asegura que el secuestro no estaba planificado y lo hizo para quitarle un peso de encima a Berta Linares, su ex pareja sentimental.
A partir de ahí se pasa a narrar la secuencia del secuestro que es ya conocida, desde la detención de la víctima, junto a un colegio próximo al Pantano de Cubillas, hasta su liberación en una cochera de Armilla.
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Sí llama la atención de los investigadores el comportamiento mantenido por la actual alcaldesa, el secuestrador y los otros dos presuntos «inductores» en las horas posteriores a la liberación de la secuestrada. Las pruebas periciales han demostrado que la actual regidora y el edil de Urbanismo maracenero sabían ya a las 11.30 horas del 21 de febrero que la víctima se había liberado tras ser secuestrada. Una de las primeras llamadas de la familia de la secuestrada fue a la Policía Local de Maracena, una vez que ella se pudo liberar.
A partir de las 12.10 horas hay varias llamadas entre Noel López, que se encontraba en Jaén y posteriormente se dirige hacia Granada, y Antonio García, concejal de Urbanismo en Maracena. Poco después hay «un cruce de llamadas» entre ellos dos y la alcaldesa, y posteriormente comunican con un abogado. Entre las 13 y 14 horas, Berta Linares mantiene distintos contactos telefónicos con el secuestrador, en ese espacio de tiempo es cuando la regidora le manda un whatsapp para indicarle al único detenido por estos hechos: «A las 14 horas, nos vemos en mi piso». Guardia Civil todavía lo estaba buscando a esa hora. Los agentes registraron la vivienda de la alcaldesa a las 15.32 horas, sin encontrar nada sospechoso. Y posteriormente geolocalizan los teléfonos de Berta Linares, Noel López y Antonio García cerca del despacho del abogado con el que comunicaron previamente.
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También hubo un contacto personal entre Berta Linares y el secuestrador poco después de las 12.10 horas el mismo día del secuestro. Los dos se vieron junto a un salón de juegos durante seis minutos y las cámaras externas de este establecimiento recogieron ese contacto. La alcaldesa dijo en un primer momento que ese día no vio al secuestrador y después reconoció que lo saludó a lo lejos tras verlo en la calle en esa misma fecha.
El secuestrador ha dicho que no había nada «planificado», incluso que hay momentos en que lleva a la secuestrada en el coche y «no sabe qué hacer», aunque deja claro que nunca quiso «hacerle daño». Esgrime que para cortarle las bridas de pies y manos a la víctima compró un cuchillo de mesa para evitar cortárselas con el machete que portaba y hacerle alguna herida; también le manifestó a ella su intención de no dañarla. En el transcurso del secuestro la víctima aseguró que temió «perder su vida».
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El secuestrador explicó en su declaración que envolvió el teléfono móvil en «papel de plata» porque así lo había «visto en una película» para que no emitiera señal de geolocalización; que compró cinta americana de color negro en la misma ferretería donde adquirió el cuchillo «para un evento de su empresa de globos» que tenía en días posteriores al secuestro; e incluso que se personó en el Ayuntamiento de Maracena en busca de la alcaldesa y al no encontrarla se marchó a la calle y compró una lata de bebida energética de la marca 'Monster' hasta que encontró a la regidora. Tras varias horas deambulando, manifiesta que cuando se dirigía al puesto de la Guardia Civil de Maracena para «entregarse» fue cuando lo detuvieron agentes de la Guardia Civil.
El abogado del secuestrador,Felipe Martínez de las Heras, ha manifestado que su cliente «se muestra arrepentido» por lo hecho y «pide disculpas» públicamente. El letrado ha optado por no pronunciarse sobre la investigación hasta no conocer a fondo las diligencias.
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El juez mantiene que «concurren indicios lo suficientemente relevantes» para «esclarecer estas circunstancias sobre la efectiva o no participación» de los tres políticos señalados «en el modo sostenido por el investigado en sus declaraciones». También se apoya en el fiscal para no descartar sin más diligencias, «indicios de tal presunta participación (de los señalados) porque concurre una suficiente y mínima base indiciaria que impone el debido esclarecimiento de tales hechos».
También hay otra pieza más, que irá por separado, sobre la documentación de expedientes urbanísticos encontrados en el vehículo de la víctima y que tras el primer informe policial, pide investigar o «deducir testimonio» para tramitar en otro procedimiento «la presunta comisión de hechos de carácter penalmente relevantes derivados de los documentos intervenidos en la presente causa correspondientes a expedientes administrativos del Ayuntamiento de Maracena».
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