Alhambra Especial

El procedimiento ha sido atípico y ha suscitado una polémica evitable sobre un proceso eminentemente técnico –y obligado–.

Al menos, Reynaldo Fernández ha sido el único que –a su manera– ha ofrecido públicamente explicaciones. El resto de administraciones representadas en el Patronato, pese a ser requeridas reiteradamente, no han explicado a qué viene y por qué modificar ahora las normas de regulación del monumento. Llamativo es el silencio del Ministerio de Cultura, que no se pronuncia en ningún sentido, mientras que el PP ha pedido en el Parlamento andaluz la comparencia del consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez.

Estos son los hechos cronológicamente. También los antecedentes que no se han contado y que son necesarios para comprender lo sucedido.

En el pleno de julio de 2017, las administraciones representadas en el Patronato –Gobierno, Junta y Ayuntamiento, entre otras– acordaron iniciar los trámites para renovar los estatutos. No fue algo meramente voluntario. La auditoría externa entregada en abril conminaba a hacerlo.

De ahí hasta que el pasado 1 de febrero desde los servicios de la Junta en Sevilla se puso un tuit emplazando a los ciudadanos a enviar propuestas. También se subió la información al Portal de Transparencia. Con escaso éxito, porque la inmensa mayoría de los miembros del Patronato –pese a que no lo hagan público– no se enteraron hasta que saltó el debate a través de IDEAL.

Además, ¿propuestas sobre qué? Todavía no hay borrador, aunque sí se manejan algunos documentos en el Patronato que no han sido compartidos. Y al menos un representante público lo ha pedido.

La polémica –compleja y aburrida– surge porque en el anuncio de la Junta se justifica la reforma de los estatutos para adaptar el Patronato de la Alhambra a una ‘agencia administrativa de carácter especial’. Esta denominación no existe en la Ley.

La Alhambra ya es una ‘agencia administrativa’ desde junio de 2011. Se tomó esa decisión después del conato de integrar la gestión del monumento dentro de un ente mayor que acogería una barahúnda de teatros, bibliotecas, museos o archivos.

Aquello se abortó con una decisión intermedia, aunque la dirección del Patronato siguió trabajando para convertir la Alhambra en una ‘agencia de régimen especial’, una fórmula más libre y menos rígida. Así consta en las actas de 2013 y, de hecho, el expediente se quedó prácticamente cerrado en la etapa de Luciano Alonso.

¿Cuál es la mejor opción? Pues tendrán que explicarlo los expertos. En 2008 el Patronato de la Alhambra encargó un informe al prestigioso despacho de abogados de Antonio Garrigues, que aconsejó la conversión en agencia de ‘régimen especial’, según las fuentes de la época consultadas. El proceso se aparcó y se echaron encima las elecciones. El nuevo consejero de Cultura, Paulino Plata, amagó con un decreto que pretendía suprimir el Patronato y gestionarlo desde la Agencia de Instituciones Culturales. Aquello se abortó tras trascender a la opinión pública y se optó por la fórmula de la ‘agencia administrativa’. Luciano Alonso trabajó en la adaptación de los estatutos, pero no se cerró el proceso.

Luego vino Rosa Aguilar. Que, por cierto, es quien todavía figura en la web del Patronato como presidenta y consejera de Cultura de la Junta.