Pancarta colgada en Caniles contra posibles expropiaciones por la megaplanta fotovoltaica proyectada. IDEAL

La megaplanta fotovoltaica en Baza y Caniles recibe cientos de alegaciones

El presidente de la asociación de empresarios de la comarca se muestra a favor de la inversión en renovables pero siempre que haya «una ordenación del territorio»

Jueves, 5 de agosto 2021, 01:03

A la megaplanta de energía fotovoltaica proyectada en los municipios de Baza y Caniles le han llovido los reparos desde que el pasado mes de marzo el proyecto, denominado QuQuima, saliera a información pública. Tan solo en el Ayuntamiento de Caniles se han presentado más ... de mil alegaciones de particulares, empresas y entidades antes de la finalización del plazo, que culminó a finales del mes pasado, según ha indicado a IDEAL la alcaldesa de este municipio, María Pilar Vázquez.

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Las alegaciones se pueden presentar en cualquier administración pública (es ventanilla única), por lo que a ese millar hay que sumar todas aquellas que se hayan registrado en otros ayuntamientos de la comarca, como explicó Vázquez, al tiempo que precisó que a las registradas en su casa consistorial se les ha dado el trámite oportuno: han sido remitidas a la Subdelegación del Gobierno de Granada.

A día de hoy, por tanto, no se sabe aún con exactitud la cifra total de alegaciones formuladas, según indicaron las fuentes de la Subdelegación del Gobierno consultadas por este diario, pues sigue vivo el proceso de recepción. Las mismas fuentes aclararon que «una vez se reciban en su totalidad las alegaciones, se mandarán a los promotores del proyecto, que habrán de responder a cada una de ellas».

Los empresarios advierten de que el proyecto no tiene en cuenta el sector productivo más relevante de la zona: la agricultura

Las contestaciones de la empresa, que es Capital Energy, serán igualmente remitidas a la Subdelegación del Gobierno, que se las hará llegar al ministerio correspondiente. Y resolverá «la Dirección General de Política Energética y Minas encuadrada en Transición».

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En cualquier caso, la cifra de 'peros' a Ququima ha sido más que notable, algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta la magnitud del proyecto. La superficie que abarcará es de 700 hectáreas en esta zona del norte de la provincia, actualmente ocupadas por olivos, almendros y zonas de regadío. Y claro está, los intereses empresariales vienen a chocar con los de los propietarios de terrenos que se verán afectados, en gran parte agricultores.

Proyectos de regadío

El presidente de la Asociación de Empresarios del Altiplano, Juan Antonio Lucha, confirma que son muchos los agricultores en vilo, pues el proyecto Ququima afecta a dos comunidades de regantes que llevan trabajando durante los últimos años en proyectos de regadío y que, con los planes previstos «se los cargan».

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Lucha recuerda que el de Ququima no es el único proyecto de renovables en esta zona de la provincia. Existen otros, tanto fotovoltaicos como de energía eólica. «Nosotros mantenemos que se han proyectado sobre el territorio sin tener en cuenta el sector productivo más importante del Altiplano, que es la agricultura», subraya el representante.

La empresa resalta, entre otras bondades, que la planta propiciará la creación de 700 puestos de trabajo

En los otros proyectos previstos en la zona de menos de 50 MW es competente la Junta de Andalucía, donde ya han empezado a presentarse alegaciones igualmente, apunta Lucha. Entre ellos están los eólicos proyectados en Freila o Zújar, que, según advierte, «chocan directamente también con proyectos de regadíos de otras comunidades de regantes» y afectan de forma significativa a invernaderos que ya están instalados.

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«Desde la asociación, lo que siempre decimos es que estamos a favor de la línea 400 y de las energías renovables, pero siempre con una ordenación de territorio», señala el presidente de los empresarios, a la vez que alerta de que al final lo que están hipotecando es la actividad agrícola de toda comarca «durante los próximos 30 o 40 años».

Baza aboga por garantizar la compatibilidad del proyecto con los nuevos regadíos

El proyecto Ququima también afecta a Baza. En concreto a 200 hectáreas de su territorio. Su alcalde, Manolo Gavilán, destaca la apuesta que desde el primer momento ha realizado su ayuntamiento de abogar por que todos los agentes con un papel fundamental en el desarrollo sostenible del territorio trabajen de forma conjunta en la compatibilidad de los tres sectores de desarrollo estratégico (agricultura, turismo y renovables) sin que ninguno de ellos sea excluyente.

Asimismo, las fuentes municipales consultadas por este diario ensalzaron el papel de mediador asumido por el Ayuntamiento bastetano para fomentar el encuentro y diálogo entre todas las partes, «haciendo un esfuerzo importante por favorecer encuentros con el fin de aclarar dudas y avanzar desde el consenso». Uno de los aspectos que se quiere garantizar es la compatibilidad entre el proyecto Ququima y los nuevos regadíos planteados por las comunidades de regantes.

Por otro lado, en una nota reciente remitida a este diario por Compromiso por Andalucía (CPA) sobre sus alegaciones, Olivié Sánchez (CPA), presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza, manifestó su inquietud por «el desastre que supone que tras tantos años de esfuerzos de todas las administraciones y población, tengamos que ver cómo apenas un año después de conseguir la declaración de Geoparque mundial por parte de la Unesco, se pone en riesgo este reconocimiento».

La empresa

La megaplanta de energía fotovoltaica que ha soliviantado al Altiplano granadino es una ambiciosa y costosa instalación de energías renovables que llevará, como se han indicado, el sello de la compañía Capital Energy.

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En su web, esta empresa, que asegura haber mantenido conversaciones con distintos colectivos de la zona (algunos propietarios y comunidades de regantes), especifica que la megaplanta solar dispondrá de una potencia de 200 megavatios (MW). Sobre su construcción, señala que está previsto que dure alrededor de año y medio, así como que implicará la inversión de más de casi 97 millones de euros. La empresa puntualiza en su web que no se van a expropiar las más de 600 hectáreas de las alrededor de 700 hectáreas de los municipios de Caniles y Baza en las que se levantará Ququima, sino que habrá arrendamientos que multiplicarán los beneficios de los propietarios.

De igual modo, especifica que los más de 568.500 paneles de esta planta solar serán capaces de suministrar más de 425.000 megavatios hora (MWh) de energía limpia al año, equivalentes al consumo de casi 180.000 hogares andaluces, y de evitar, asimismo, la emisión anual a la atmósfera de cerca de cerca de 170.000 toneladas de CO2.

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«Ququima va a propiciar la creación de más de 700 puestos de trabajo directos durante los periodos punta de su construcción. Asimismo, en la fase de operación y mantenimiento dará empleo permanente a 80 profesionales de la zona», resalta la empresa, que impulsa 23 proyectos de energías renovables en Andalucía, 16 eólicos y siete solares.

La alcaldesa de Caniles: «Serían 700 hectáreas cargadas de espejos»

«Serían 700 hectáreas cargadas de espejos». Con esta afirmación dibuja la alcaldesa de Caniles, María Pilar Vázquez (CPA), la estampa por la que el Altiplano, y muy especialmente su municipio, se han puesto en pie de guerra. La regidora cree que el proyecto pone en peligro la sostenibilidad del territorio y la declaración de Geoparque.

Vázquez especifica que el proyecto Ququima afecta especialmente a su territorio (500 hectáreas), así como al de Baza (200 hectáreas) y es contundente a la hora de exponer su postura contraria a los planes de la empresa, Capital Energy, tal y como están planteados.

Sobre el sentido de las más de mil alegaciones que se han recibido en su ayuntamiento y que ya han sido remitidas a la Subdelegación, la alcaldesa especificó que se centran en su mayoría en la afección a las tierras productivas, a la situación urbanística del municipio, a la mariposa endémica o a los proyectos de regadío planteados. «Es una repercusión muy amplia y muy diversa, que casi todos los colectivos y los particulares hemos recogido, cada uno con su idiosincrasia, pero casi todos en las mismas condiciones», manifiesta.

«Me consta que se van a tomar medidas judiciales», anuncia la regidora de Caniles, para precisar que hay quien está ya preparando documentación cara a acudir a los tribunales.

«Básicamente yo me limito a dar traslado de lo que todas las partes técnicas, en las jornadas que incluso el grupo de desarrollo ha llevado a cabo en estos días previos, que es la oposición frontal a un proyecto que vienen a plagar o alicatar 700 hectáreas en un municipio, cuando lo recomendable es que no supere las 100. Pretenden trabajar en tierras productivas, sabiendo que es la forma de vida de la gente de este territorio», recalca.

Vázquez no solo censura la extensión del proyecto, sino que critica la forma de proceder de la empresa, que, a su juicio, «ha dejado mucho que desear». En este punto, recuerda que ha habido varias reuniones (precisa que al menos tres) entre los afectados y Capital Energy. «Ellos acordaron que presentarían las modificaciones oportunas para sacar de este proyecto las parcelas que hay en producción y, a día de hoy, no tengo conocimiento de nada y entonces entendemos que siguen adelante con el procedimiento».

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