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La Junta ha garantizado a la comunidad educativa que en Andalucía no se implantará el 'pin parental' que Vox exige al gobierno autonómico bajo amenaza ... de retirarle el apoyo.
En Granada este amago de imponer el control de los padres a los contenidos escolares ha despertado del rechazo de las ampas que se niegan en rotundo a aceptar lo que consideran «censura». Así lo cuentan desde la federación granadina de estas asociaciones de padres desde la que señalan que se oponen a cualquier medida de este tipo porque consideran que coarta la libertad de los propios alumnos. La presidenta de Fampa Alhambra, Rosa Funes, explica que en la normativa andaluza ya se recoge el derecho de las familias a conocer y a decidir sobre el contenido de las actividades complementarias de los centros y que se hace a través de los consejos escolares, que es el órgano de participación de la comunidad educativa.
Rosa Funes apunta que los niños tienen «derecho a tener más visiones y más amplias que las de sus propias familias» y que lo que se pretende con el 'pin parental' es coartar este derecho. Los padres representados por la federación de ampas granadina entienden que hay que sensibilizar a los alumnos de los centros escolares sobre el machismo, el cambio climático, la diversidad de las personas... «en definitiva, sobre los derechos fundamentales y humanos y eso no puede depender de la voluntad de ninguna familia».
La presidenta de la Fampa Alhambra señala que al igual que los padres no pueden decidir si sus hijos van a la escuela «tampoco puede depender de su voluntad el derecho de los niños y a conocer y ser libres».
La clave está en las diferentes lecturas que se hacen del acuerdo entre Vox y la Junta en esta materia. La Confederación andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) –a la que pertenece la Fampa Alhambra– entiende que con este paso «se ha aprobado impulsar un veto parental que en enero de 2019 ya formó parte de las negociaciones para facilitar la investidura del presidente andaluz, Juanma Moreno».
«La firma del convenio entre la Junta y Vox pretende impulsar los cambios normativos necesarios para llevar a los centros educativos un veto que han presentado como garante de la libertad de las familias. Lo que Junta y Vox denominan 'pin parental' es una autorización con la que los padres y madres del alumnado pueden permitir o rechazar que sus hijos participen en actividades complementarias que se ofrecen en horario escolar. Es decir, ofrece la posibilidad de evitar que reciban una clase de educación sexual, una charla de sostenibilidad o un taller de coeducación», lamenta Codapa.
Desde Granada, CCOO entiende que este «veto parental» ataca los principios en los que se fundamenta la docencia, como son la libertad y la independencia. Para Mercedes González, Secretaria general de CCOO Enseñanza Granada, «intento de implantar este veto es una situación que ya se había dado anteriormente, en línea con el concepto manipulado de libertad de las familias, para someter la profesión docente a intereses ideológicos, políticos y religiosos, siendo una estrategia que fomenta la desconfianza de un sector de la sociedad en general hacia el colectivo docente».
Desde la Junta han querido dejar claro que no implantarán el 'pin parental'. Lo que sí dicen desde la Consejería de Educación y Deporte es que mejorarán la información y la transparencia para las familias, implementando mecanismos para que los padres puedan conocer mejor el plan de centro y las actividades que se llevarán a cabo.
Así, lo ha asegurado el titular de Educación y Deporte, Javier Imbroda en el Parlamento donde ha subrayado que parten de una «base incuestionable que marca toda nuestra actuación que es la absoluta confianza en los docentes y en los proyectos educativos de los centros».
Imbroda ha aclarado estos días en el Parlamento que a partir de ese principio fundamental, su compromiso con Vox es «impulsar y mejorar las vías de información y de comunicación de esos proyectos educativos a las familias, para que puedan elegir, libremente, el proyecto educativo que quieren para sus hijos».
Los padres quieren, a través de Codapa una reunión con la Consejería y que desde la Junta «se deje de utilizar la educación para negociar pactos y para los intereses políticos».
El presidente del Consejo Escolar de Andalucía, José Antonio Funes, cree que el tema del 'pin parental' se ha sacado fuera de lugar y se ha «exagerado» con intenciones que no son educativas. El representante de esta institución andaluza –que tiene la sede en Granada– y que promueve la participación de la comunidad educativa, apunta que desde la Junta sí debe haber compromiso por difundir la información de las actividades que se hacen en el colegio, pero no «poner la lupa sobre el profesorado», algo que dista mucho de la recepción de esos datos sobre lo extraordinario que se hace en el centro como charlas o talleres.
José Antonio Funes insiste en que para conocer esos detalles está el consejo escolar donde están representados los padres y donde se da a conocer el plan de cada centro, en el que se recogen estas actividades complementarias.
«Es cierto que se puede facilitar y mejorar el conocimiento a los padres, pero para nada de vetar ni de generar desconfianzas en el profesorado porque no es necesario y forma solo parte de la estrategia política», explica el presidente de esta institución educativa.
Funes aclara que no se puede hacer un modelo a la carta para cada familia y que denuncias «hay poquísimas» sobre este tipo de contenido de las escuelas. Las discrepancias son algo anecdótico. «Una excepción no puede en todo caso modificar la norma. Las líneas editoriales son conocidas por los padres», resalta el presidente del consejo escolar que considera que esta polémica es de carácter político solamente.
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