«Solo recibí una llamada del PP en nueve años. Fue doña Soraya para vetarme como presidente del Constitucional»

Andrés Ollero entró en política a principios de los ochenta con la propuesta andalucista de Manuel Clavero. Pasó por el Partido Demócrata Popular de Óscar Alzaga y de ahí al PP, con el que fue diputado en el Congreso por Granada desde 1986 hasta 2003. Es catedrático de Filosofía del Derecho desde 1983 y ha pasado por la UGR y la Universidad Rey Juan Carlos. En 2012 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional y dejó su militancia política. Fue designado ponente del recurso contra la ley del aborto que habían presentado sus compañeros populares –entonces en la oposición– en el año 2010 y dejó el Tribunal Constitucional el pasado mes de noviembre sin que se emitiera sentencia. Antes fue decisivo en los dos recursos contra el estado de alarma: respaldó el primero y votó a favor de la inconstitucionalidad del segundo. En esta entrevista explica por qué. En la actualidad es secretario general del Instituto de España, que aglutina diez reales academias nacionales. El próximo jueves 31 vuelve a Granada para presentar en la Facultad de Derecho el libro en el que recopila artículos antiguos publicado en IDEAL bajo el título de 'Tercio de quites. Citando desde los medios', donde analizaba temas de actualidad apoyado en metáforas taurinas. Los tiempos presentes los compara con un «encierro de San Fermín, porque está todo el mundo pendiente de que no le pille el toro».

–¿Con qué balance sale del Tribunal Constitucional? Igual que otras instituciones españolas ha estado en entredicho últimamente por discrepancias políticas.

–He disfrutado, trabajado y aprendido mucho. Por otra parte, he quedado muy contento porque se ha cumplido la Constitución. Hay una ley absurda, todavía en vigor, según la cual me pretendían quitar año y medio de los nueve que dice la Constitución que se puede estar. Como los dos grandes partidos pueden sacar adelante la ley que quieran, aprovecharon y decidieron que el tiempo que se está por nombrar mientras ellos llegan a un acuerdo te lo dan por cumplido. Y a mí, que tardaron año y medio, me podían haber quitado ese tiempo. Afortunadamente, como no se han puesto de acuerdo antes he salido ileso (ríe).

–Lo que sucede es que con esa dilación, en realidad, se entra en contradicción con una ley. ¿Entiende que se dilate tanto esos procesos de renovación?

–Esa ley es inconstitucional pero no la ha recurrido nadie porque la faena la hicieron los dos grandes partidos. Y en cuanto al desgaste de las instituciones, una de las cosas que tengo previstas es publicar un libro con mis 69 votos particulares. Quiero combatir esa estúpida manía de hablar de conservadores y progresistas. De esos 69 votos particulares, prácticamente la mitad fueron contra la mayoría llamada conservadora y la otra mitad contra la mayoría denominada progresista. Además, me he adherido a siete votos particulares del sector llamado conservador y a 18 del progresista. Ahora, siga usted hablando de conservadores y progresistas pero conmigo no cuente.

–Es inevitable pensar así cuando los propios políticos se pelean tanto por controlar esos órganos o cuando hay una intervención directa de los partidos en la designación de los miembros.

–La Constitución permite que un magistrado del Constitucional esté afiliado a un partido.Sin embargo, lo primero que hice fue darme de baja en el PP. ¿Por qué? Pues porque resulta que pregunté y el cargo era incompatible con una fundación que yo mismo había puesto en marcha que se llama Ciudadanía y Valores, cuyo vicepresidente era un antiguo diputado del PSOE. Si eso era incompatible, entendía que mucho más lo era ser militante del PP. Lo cual me ha venido muy bien, porque yo en esos nueve años solo he recibido una llamada del partido, que fue de doña Soraya para decirme que compartía con Rubalcaba el veto a que yo fuera presidente del tribunal, que me tocaba serlo según las normas no escritas.

–¿Fue una decepción no ser presidente?

–Yo no me había planteado serlo. Con los criterios que se habían manejado siempre, dentro de una mayoría el más antiguo es el presidente y me tocaba a mí. Pues nada, eligieron a otro y yo mismo voté al que salió. Tenía que renovarse un miembro y hacía falta que se celebrara la reunión en el Senado. Rubalcaba amenazó con que no se reuniría si el presidente era yo. Luego, me he alegrado, porque me he dado cuenta de la paliza que es ser presidente del Tribunal. A Juan José González Rivas solo le faltaba dormir allí.

–¿Qué explicaciones le da Soraya Sáenz de Santamaría en esa llamada?

–Era genial. Decía que Rubalcaba pedía ayuda… (Ríe) Lo de pedir ayuda era de un modo original. Sostenía que si yo era el presidente del Tribunal, Pedro Sánchez, que estaba en ese momento intentando ser secretario general del PSOE, tomaría esa bandera y Susana Díaz no ganaría las primarias. O sea, que yo soy un mártir de Susana. Así se condiciona la presidencia del Tribunal Constitucional a un problema interno de un partido. Ese era el grave problema de Estado.

–Fueron nueve años de trabajo, pero de lo que más se habla es del dictamen sobre la ley del aborto, pendiente desde hace una década. ¿Otra decepción?

–Me gustaría haberlo dejado resuelto, pero vamos a ver cuándo lo resuelven ahora. Procedemos de una sentencia en el año 85 donde hubo empate y tuvo que ser resuelta por el voto de calidad del entonces presidente, García Pelayo. Yo lo que intentaba era conseguir un fallo, el que fuera, pero que no se repitiera esa situación. En el 85 no había dos posturas, había tres; lo que pasa es que, dos de esas posturas, los que defendían que había vida desde el comienzo de la concepción y los que admitían que se pudiera despenalizar el aborto con arreglo a las llamadas indicaciones, se pusieron de acuerdo. Ahora pasaba igual, había tres posturas pero, a la hora de la verdad, no había manera de que casaran. Íbamos a tener una sentencia prácticamente similar a la anterior y, en un tema de tanta sensibilidad social, no parecía muy provechoso. El presidente saliente estaba dispuesto a que el dictamen se presentara en enero, pero como, al fin, no demoraron más el cambio de magistrados y salimos en noviembre, pues no se llevó.

–¿Se sintió también traicionado por alguien en este tema ideológicamente? Porque el PP tuvo facultades para haber corregido esa ley desde el posicionamiento que se le presuponía y no lo hizo.

–Eso fue muy llamativo y creo que puede haber influido en que algunos magistrados no acabaran de decidirse. Porque, claro, si el propio recurrente que considera inconstitucional un asunto tiene mayoría absoluta en el Congreso [etapa de Rajoy] y no lo soluciona, la situación resulta un poco curiosa.

–¿Qué opina de lo políticamente correcto? Partidos que defienden una cosa en la oposición y cuando llegan al Gobierno hacen otra o no son tan atrevidos.

–Esto desmiente también lo de conservadores y progresistas. Estos señores, que han llegado a presentar contra mí una querella criminal por dilaciones indebidas, pues estos mismos pensaban que sí algunos magistrados habían sido nombrados y promocionados por el Partido Popular estarían de acuerdo con el recurso del Partido Popular. Pues no. En Estados Unidos el presidente nombra, con el respaldo de la mayoría que tenga en el Senado, a los magistrados del Tribunal Supremo y a los tres días hacen lo que les da la gana, le guste al presidente o no le guste, como he hecho yo. Yo he sido el ponente de la sentencia de la amnistía fiscal, que la hizo mi buen amigo y vecino de escaño durante años Cristóbal Montoro. No estaba allí para quedar bien con mis buenos amigos, sino para defender la Constitución y aquello me parecía inconstitucional. No solamente defendí que era inconstitucional, sino que convencí a todos, con algún esfuerzo, para que hubiera unanimidad.

–¿No cree que exista lo que llaman politización de la justicia? No hay un intento por parte de algunos sectores de la política de intervenir y controlarla.

–En primer lugar, no sé si lo hay. A mí solo me han llamado una vez para lo que he dicho. Y, en segundo lugar, yo creo que a algunos de los magistrados no hace falta que los llamen por teléfono para que uno pueda prever por dónde van a salir. Son personas públicas, que tienen sus ideas, las han expuesto y, a veces, las han escrito. Una cosa es eso y otra que se piense que aquí llaman por teléfono cada semana al tribunal para decirle al magistrado qué debe votar.

–Ha comentado que se dio de baja del Partido Popular cuando entró en el Tribunal Constitucional, ¿ha vuelto a militar?

–No. Sigo teniendo muchos amigos, como es lógico, y no me arrepiento de haber sido del PP. Como no me arrepiento de haber sido de Unidad Andaluza con Clavero. Siempre he tenido una vocación pública y he estado en los partidos donde me encontraba cómodo.

–¿Ahora ya no está porque es una etapa que ha pasado o porque no se sentiría cómodo en este PP?

–Porque creo que no es el momento ahora de que yo milite en ningún partido. Prefiero mantener esa presunta aura de neutralidad. Yo seguiré con mis ideas y votaré lo que considere oportuno, pero no aportaría nada, más bien, complicaría las cosas.

–¿Cómo ve la política actual?

–Creo que la mayoría de los políticos es gente honrada que procura aportar a los problemas públicos lo mejor que tiene. Sí ha habido cierto cambio generacional que parece que ha hecho bajar el nivel. Incluso los mismos debates, el modo de expresarse de algunos parlamentarios, son un poco chocantes. Parece que en ocasiones hay ausencia de lo que se ha llamado la cortesía parlamentaria e incluso que se estimula o se promueve el ignorarla.

–No tiene la sensación de que se guía mucho por el espectáculo, incluso, por la fugacidad que tienen las redes sociales; que hay discursos demasiado frívolos.

–Eso le da un aire coyuntural y efectista a debates que deberían ser serios. A veces tampoco se respeta suficientemente a las cámaras [por el Congreso y el Senado] y las cámaras tampoco parece que se hagan respetar. Hubo cierta polémica con mis planteamientos en los recursos contra el estado de alarma. En un caso voté de una manera que parecía favorable al Gobierno y, en el siguiente, de una forma que parecía desfavorable. Simplemente voté con el mismo criterio en ambos casos. Lo que no entendía era que el Congreso admitiera que se paralizaran más de mil iniciativas parlamentarias sin venir a cuento, que por eso fue declarado institucional.

–Esta manera de interpretar la política ha alimentado el descontento de la ciudadanía, la desafección, y ha hecho que irrumpan partidos que llaman ultras.

–No creo que el insulto sea un modo adecuado en el debate público. Llamar a alguien ultra es una manera de insultar como otra cualquiera. Diga en qué es inconstitucional lo que plantea ese partido. Es como llamar fascista. Insultar no es un modo de razonar públicamente, que es lo que debe ser la política. Alguien que utiliza ese tipo de argumentos, para mí, queda descalificado políticamente de inmediato. Ahora resulta que la huelga de transportistas es de ultraderecha. Si hay una huelga es porque hay un problema y usted tiene que resolverlo.

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