Pensiones en Granada

«Más de 40 años trabajando y solo cobro 600 euros de pensión»

Colegiado en 1977, Pepe Iglesias se jubiló en 2019. Era el momento de colgar la toga para siempre. La jubilación de la Mutualidad de Abogados resultó «inaudita». «Más de cuarenta años trabajando y solo cobro 600 euros de pensión. Y es a doce años. Después, me quedo sin nada», denuncia. Ni se revaloriza ni incluye pagas extra.

En la Mutualidad, Pepe acumuló alrededor de 70.000 euros; si quería recuperarlos, la Agencia Tributaria se quedaba el 43% como «penalización». «Con mi dinero han hecho inversiones, tienen patrimonio. Los beneficios son para ellos», insiste. Para reducir gastos, ha dejado el despacho. No quiere clientes en casa; los atiende en el Colegio. Con esa pensión, no puede vivir. Con 74 años, jubilado, sigue trabajando.

La llamada jubilación activa afecta también a Luis Miguel Corisco. Colegiado y mutualista desde 1977, se planteó el traslado al RETA cuando el Gobierno lo permitió –en el caso de los abogados, en el año 2005–. Pero «tanto en la Seguridad Social como en autónomos podía perder todos mis ahorros y tendría que haber trabajado hasta los cien años».

Asimismo, subraya no haber tenido «acceso» a la sanidad pública hasta 2012: «Teníamos que pagarnos la privada». La tarjeta del SAS «vale su peso en oro», según Luis Miguel, y eso que no puede beneficiarse del Imserso ni de cuotas reducidas del transporte público como jubilado que es desde 2022. Se retiró por mil euros al mes, pero «cuando cumples años, la cuota del seguro sube y esa cantidad baja». Cuarenta y cinco años en la abogacía y hoy recibe 874 euros de pensión. Cada vez menos. Y solo a diez años.

El presente es aún más incierto para Mª Angustias Ruiz, colegiada en 1978 y jubilada en 2019. A lo largo de su carrera, ha vivido tres embarazos;esperaba a que su hija se durmiera para hacer pliegos de posiciones y otros trámites judiciales. «Si la Mutualidad es sustituta de la Seguridad Social, tendría que habernos dado prestaciones, pero no ha gastado ni en medicinas, ni en asistencias a partos», critica.

Cuando pidió retirarse, MªAngustias supo que con la renta vitalicia cobraría menos. «Y si te mueres al día siguiente, pierdes todo». Optó por una pensión a quince años de 456 euros mensuales, pero hoy percibe 438. En cualquier caso, tras cuarenta y un años en activo, ha tenido que seguir trabajando para poder «sobrevivir». Está «cansada» y necesita «parar». En septiembre, tendrá su último juicio.

Esta supuesta «estafa piramidal» también afecta a los procuradores. Lo confirma Socorro Salgado, colegiada en 1994. Después de tres décadas en activo, en mayo cumplirá 67 años. «Me queda un mes para jubilarme, pero no puedo hacerlo», admite. Resulta que si se jubila, pierde la posibilidad de la pasarela al RETA propuesta por la ministra de Justicia, Pilar Llop, que no contempla a los pasivos, que son los que ya están cobrando una pensión.

Además, si se jubila, Socorro también pierde la «miseria» de pensión vitalicia de la Mutualidad, que son 246 al mes –en su caso, no contempla cónyuje;si lo hiciera, sería aún menor–. Por lo tanto, tendrá que seguir trabajando. «Somos un colectivo de autónomos pero sin derechos de autónomos. La gente cree que en estas profesiones se gana muchísimo dinero, pero a la mayoría de nosotros nos han engañado en nuestra propia casa. No queremos caridad, solo lo pagado y trabajado», reivindica Socorro.

Algunos abandonaron la Mutualidad en cuanto hubo alternativa, como la procuradora Silvia Más, en 2004. En trece años de trabajo, acumuló 12.000 euros, pero hace poco le dijeron que no podía recuperar su dinero, que era «un fondo perdido». «Me siento estafada y robada. Han usado cifras de contribuciones mías que no son reales», protesta.

Silvia lleva treinta y tres años en activo, los últimos veinte en RETA, y trece previos en la Mutualidad «no reconocidos» por el Gobierno. Tendría que poder jubilarse dentro de diez años, pero si quiere recibir el 100% de la pensión, va a tener que trabajar «hasta los 77 o los 78 años».

La historia de Silvia preocupa a Ana Mª Zabala. Cuando se colegió, en 2014, la Seguridad Social ya era una opción, pero optó por el régimen privado por los «beneficios» que supuestamente ofrecía. De mudarse al RETA, aún podría cotizar quince años para la pensión mínima, pero no para la máxima. A sus 38 años, solo busca salvar el dinero acumulado y los añosen la Mutualidad.

Por ahora, Ana Mª no siente «seguridad». Según la simulación, cuando se jubile dentro de treinta años cobrará mil euros al mes en doce pagas que no se actualizan –en el régimen público, serían catorce actualizables en base al IPC–. «Estoy en el limbo. No quiero perder mi dinero pero tampoco que los años trabajados ya no cuenten», apunta.

El Gobierno prevé activar la pasarela al RETA para mutualistas colegiados antes de 1996, con menos de quince años cotizados al jubilarse y sin incluir a pasivos ni a aquellos que ya han realizado el traslado. A partir de 2027, la Seguridad Social será obligatoria para todos. Las mutualidades «desaparecerán por su propio peso». Desde el Movimiento J2, abogados y procuradores reconocen haber «confiado» en sus respectivos colegios, ellos «han vendido la moto». «Nos han dado información sesgada, nos han manipulado», aseguran, convencidos de que la respuesta del Ejecutivo es «insuficiente».