El archivo de otra pieza reduce 'la Nazarí' a las dos querellas detonantes del caso

Los dos expedientes que siguen 'vivos' –y que irán previsiblemente a juicio– son los correspondientes a las piezas separadas 'San Jerónimo' y 'Mulhacén', centrados en la construcción del residencial Ciudad de la Luz y de un pabellón deportivo en el Zaidín, respectivamente. Estas dos operaciones fueron precisamente las que motivaron las dos querellas de la fiscalía que encendieron la mecha de 'la Nazarí' en 2015.

Aparte, existe un recurso pendiente de resolver en el Tribunal Supremo (TS) para tratar de 'resucitar' el expediente 'Registrador', en el que se analizaron las obras de un local de la calle Tórtola para acoger las oficinas de un registrador de la propiedad y que acabó archivado en septiembre de 2020 por orden de la Audiencia de Granada cuando ya estaba casi listo para ser enjuiciado.

El principal motivo para dar carpetazo la pieza 'Campus', centrada en una residencia proyectada por el empresario Roberto García Arrabal en el PTSque nunca fue construida, es que sería un asunto que «se configura dentro del ámbito estrictamente urbanístico». Así las cosas, sería una jurisdicción distinta, la de lo contencioso-administrativo, la competente para el estudio de las posibles irregularidades advertidas por el ministerio público en aquel proyecto.

Esas supuestas ilegalidades fueron advertidas en su día, según recoge el auto de archivo dictado por la jueza, por los inspectores de Ordenación del Territorio, pero ello «no impidió» que por parte del Ayuntamiento se dieran las licencias oportunas. La jueza especifica que la licencia de obras se otorgó el 15 de noviembre de 2011, mientras que la de utilización es de fecha de 23 de octubre de 2014. Igualmente, de acuerdo con la resolución de la magistrada, «se aprobó la innovación de la edificación».

Este último trámite se hizo en 2015 a través de un estudio de detalle, un instrumento de planeamiento urbanístico que «facilitó y habilitó un incremento en cuanto a la altura del edificio en cuestión». Es por eso que, a juicio de la instructora, «la residencia universitaria proyectada por Inversiones Área Sur –empresa de Roberto García Arrabal– resultara contraria al ordenamiento jurídico, pues era totalmente contraria al uso atribuido a esta parcela».

En este punto, la instructora concluye que el Ayuntamiento, «con su conducta y concesión de las licencias y autorización del estudio detalle (...) pudiera haber resuelto, en principio, de forma arbitraria». Pese a todas estas consideraciones la magistrada decide archivar el asunto aludiendo al criterio de la Audiencia de Granada en una sentencia de 2019, en la que determinó que «no se puede hablar de prevaricación urbanística ni prevaricación común cuando las irregularidades obedecen a una interpretación que pudiera calificarse como errónea, equivocada o discutible».

Con respecto a la pieza San Jerónimo, se encuentra en la antesala del juicio. Fue el pasado 31 de marzo cuando la instructora dictó el auto para pasar esta otra operación bajo sospecha a la fase de preparación de la vista. Es ahora cuando las acusaciones que hay en el proceso (PSOE, Ayuntamiento, el particular F. J. N., Ramón Arenas y la fiscalía) habrán de formular los cargos que crean convenientes para los investigados que consideren o instar el sobreseimiento.

En esta pieza, entre los encausados figuran el constructor José Julián Romero, como administrador único de la Mercantil Casería de San Jerónimo SL y propietaria mayoritaria de los terrenos del Pan Parcial; Isabel Nieto, como concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada en la época en la que se sitúan las supuestas irregularidades; y Manuel Lorente Sánchez Palencia, como director de Obras Municipales en ese período.

También están entre los investigados, Emilio Martín Herrera, que fue director general de Licencias; Gaspar Navarro, como arquitecto-jefe del servicio de Obras Privadas; la exdirectora general de Urbanismo María Paz Spínola; y un ingeniero de la Gerencia de Urbanismo. A estos siete investigados se les imputan posibles delitos de organización criminal, prevaricación (común y urbanística), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y delito contra la ordenación del territorio.

La operación consistió en la construcción de 300 viviendas, garajes y trasteros en la calle Pedro Machuca de Granada, a los que se concedió la licencia de primera ocupación. Las obras se iniciaron en 2006 y provocaron el desvío del Barranco de San Jerónimo, invadiendo presuntamente terrenos fuera del plan PP-N2.

La pieza del expediente 'Mulhacén' está de igual modo prácticamente lista, según las fuentes del caso consultadas por IDEAL. En ella juega un papel principal la acusación particular que ejerce el empresario Ramón Arenas. Fue de hecho su denuncia ante la fiscalía la que derivó en una de las dos querellas que originaron esta causa contra el exalcalde Granada José Torres Hurtado y su excúpula de Urbanismo.

La querella de la fiscalía, fechada el 19 de noviembre de 2015, hablaba de una alteración y modificación supuestamente fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo donde García Arrabal levantó el pabellón Mulhacén.

Aparte de 'Registrador' y 'Campus', 'Parkings', 'PP-T1' y Progreso son las piezas archivadas de 'la Nazarí' hasta ahora. La única que ha llegado a juicio ha sido la del expediente 'Obispo' y acabó en absolución.