Arcuri denuncia otra vez a Juana Rivas por sustracción de menores

El italiano considera que Juana Rivas ha cometido este delito, pese a que un tribunal español decretó de forma cautelar la suspensión del regreso del niño de 10 años a Italia «de forma provisional» hasta que otro órgano se pronunciara a consecuencia de unas denuncias por presunto maltrato contra el padre. En el código penal italiano, a menos que el hecho constituya una infracción más grave, la persona que sustrae el niño puede ser castigado con pena de prisión de uno a cuatro años, mientras que en España se prevé pena de prisión de dos a cuatro años. La defensa del italiano baraja presentar otras nuevas denuncias con más cargos.

Los problemas de la expareja provocan que, desde hace ocho años, los tribunales italianos ordenen y decidan con detalle los pormenores de la vida de sus hijos. De hecho, la Corte de Apelación de Cagliari tuvo que aprobar el 12 de diciembre el viaje que ha traído polémica. Para acceder a que el menor pasara sus vacaciones navideñas con la familia materna, el tribunal demandaba a la madre que redujera los «factores de riesgo psicoemocional por la exposición del menor». En concreto, ordenaban que Juana Rivas se abstuviera de comunicar a asociaciones la llegada de su hijo al país y reclamaban en que se «esforzara» para que no se encontrara con periodistas, abogados, psicólogos u otros profesionales, ni lo involucrara en asuntos judiciales en curso.

El menor solo podrá permanecer en España desde el 22 de diciembre hasta principios de enero. El 2 de enero, la sección civil de la Corte italiana recibe una nota urgente de Rivas con las denuncias por presunto maltrato. La corte se pronuncia y considera que «no hay elementos nuevos que justifiquen una modificación de las disposiciones del tribunal» y exige a la mujer que «inmediatamente» cumpla lo acordado. El niño debería haber regresado con su padre antes del 8 de enero. El tribunal sardo podría incluso reservarse el derecho de tomar medidas contra la mujer por desobediencia.

Ayer, la defensa de Juana Rivas afirmó que «no está cometiendo ningún delito de sustracción de menores y cumplirá siempre las resoluciones firmes de los jueces españoles». Desde el despacho de Aránguez Abogados recalcan que no han recibido por ahora «ninguna denuncia o querella» en este sentido y recuerdan que existe «una medida cautelar de protección» que suspende provisionalmente la entrega.

Este medio ha tenido acceso a un informe de los servicios sociales italianos donde se señala que la conducta de Rivas son «seriamente perjudicial, a causa de la repetición de comportamientos de denuncia de maltratos» que «continúan minando la serenidad de los hijos, generando dificultades en la relación emocional y de confianza en el mantenimiento de una relación equilibrada con ambos padres».

La corte italiana relata situaciones similares donde el menor ha asegurado sufrir violencia paterna y después, tras evaluaciones psicológicas, se ha retractado asegurando que las denuncias eran inducidas por su madre y su hermano. La curadora legal del niño y los asuntos sociales italianos tienen contacto frecuente con él. En cambio, la fiscalía italiana investiga una denuncia por malos tratos abierta en 2022 y recientemente ha procesado a Arcuri, según los abogados de Rivas.

Es en Cagliari donde hay dos procesos abiertos, por la vía penal y civil, para dirimir la custodia del menor y si Francesco Arcuri, padre de los niños, los ha maltratado. El viernes 17 de enero está previsto que se resuelva definitivamente la custodia del vástago, a la espera de avances en el procedimiento penal. Este medio se ha puesto en contacto con Aránguez para consultar si la madre de Maracena tiene previsto acudir a la sesión o si solo se presentarán sus representantes legales sin haber obtenido respuesta.

Mientras tanto, en España se dirimen competencias en el asunto. Otra jueza granadina rechaza el caso y se abstiene. Ayer, la jueza del Juzgado de Instrucción Número 9 emitió un auto donde comunica su decisión a la Audiencia Provincial. La magistrada basa su decisión en que ya formó parte del proceso en 2019 y toma la decisión «antes de ser recusada».