Municipios del PSOE del Cinturón alegan contra las restricciones de acceso a Granada

Los vehículos de gasolina previos a 2001 o de diésel anteriores al 2006 que no estén censados en la ciudad tendrán prohibido acceder al interior de Granada. Esto ha sido un mazazo para los vecinos del Cinturón, sobre todo para los que trabajan en la capital o que la visitan con asiduidad para gestiones o acudir a sus citas médicas en los hospitales y tienen sus vehículos en la 'lista negra'.

Dos circunstancias, las de los trabajadores que viven en el Área Metropolitana y tienen sus empleos o negocios en la capital y la de los vecinos que acceden a los centros hospitalarios, son las que más preocupan a los ayuntamientos, que están dispuestos a cortar lo que entienden como «discriminación». Quieren que Granada redacte un plan consensuado o que los criterios sean medioambientales, ya que los consideran sociales.

La traba de los hospitales sí ha conseguido matizarse. Por ahora, la autorización puntual para estos centros sanitarios se otorgará para el traslado de personas por razones de urgencia, altas hospitalarias o para los pacientes que acudan a tratamiento de larga duración con justificación médica.

Los municipios quieren más. Entre las principales reclamaciones, Pinos Puente solicita que los hospitales Virgen de las Nieves y de Traumatología, así como centros sanitarios privados como San Juan de Dios y San Rafael, queden fuera de la ZBE para garantizar el acceso sin restricciones a la atención médica.

El Cinturón se ha rebelado contra las limitaciones, ya que teme que sus vecinos queden en desventaja con respeto a los que viven en la ciudad.

El alcalde de Maracena, Carlos Porcel, ha pedido al Ayuntamiento de Granada un estudio objetivo de la situación. «No es razonable que 230.000 granadinos tengan barra libre de contaminación, mientras que los 23.000 maraceneros no tengan claro el acceso a los hospitales».

Porcel también denuncia que esta normativa genera desigualdades entre los trabajadores autónomos. «Nadie quiere contaminar, pero si un autónomo de Granada puede seguir trabajando en Maracena, ¿por qué un autónomo de Maracena no puede acceder a Granada?», se pregunta. En Maracena están recogiendo firmas de los vecinos contra estas medidas capitalinas.

El alcalde maracenero señala que otra de las «incongruencias» es que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, anuncie la construcción de mil viviendas en el barrio del Cerrillo de Maracena, «cuando esos mil coches tendrán en nuestro municipio una de sus salida naturales», resalta. «Ellos sí pueden contaminarnos a nosotros, pero nosotros no podemos pasar», dice.

Según los cálculos que hace el Ayuntamiento de Armilla, casi 5.000 vehículos de este municipio quedarán excluidos del centro de la capital, lo que representa cerca del 30% del parque móvil de la localidad. «Sin una mejora real del transporte público ni alternativas viables, se obliga a muchas personas a asumir un coste adicional para poder desplazarse, agravando desigualdades y dificultando el acceso a la ciudad», manifiesta la alcaldesa, Loli Cañavate.

El Ayuntamiento de Armilla denuncia que esta ordenanza no se basa en criterios ambientales objetivos, sino en una restricción arbitraria ligada al empadronamiento. «No podemos permitir que se impongan limitaciones que dividen a la ciudadanía según su lugar de residencia», subraya la alcaldesa.

Desde La Zubia expresan también el clamor común de que los trabajadores de la capital no tengan las limitaciones de la zona de bajas emisiones. «Solicitamos que los autónomos y profesionales que dependen de su vehículo para trabajar no sufran restricciones que comprometan su actividad, y que exista una verdadera igualdad de condiciones para el desarrollo económico y laboral, independientemente del lugar de residencia», pide la alcaldesa, Puri López.

Pinos Puente propone que haya criterios de planificación conjunta entre todos los municipios del Área Metropolitana para evitar los perjuicios de los que viven fuera de Granada y Huétor Vega solicita que las limitaciones de acceso no entren en vigor hasta que exista un sistema de transporte público eficiente y suficiente que garantice alternativas reales para los ciudadanos que dependen de la movilidad hacia Granada. El Ayuntamiento hueteño también pide la elaboración de un estudio del impacto económico y social que la medida puede tener sobre el comercio, el turismo y las empresas.

Santa Fe, municipio en el que gobierna el PP, ha pedido que la implantación de la zona de bajas emisiones conlleve una mejora sustancial del transporte metropolitano, tanto de autobús como de metro, ya que plantea que se estudie la viabilidad de una línea 2 que conecte con el aeropuerto, una idea que ya ha estado sobre la mesa.