Los circuitos de la droga en la cárcel de Albolote

Fuentes del centro penitenciario explican que lo más común entre rejas es el hachís -la marihuana huele demasiado- y, sobre todo, las benzodiacepinas, indicadas generalmente para la ansiedad y el insomnio. Son fármacos que apenas se recetan por los servicios médicos de la cárcel debido a su «riesgo» y a que crean dependencia, pero no solucionan ningún problema de base. Los presos trafican con ellas en la modalidad de pastillas.

La vía más común para colarlos es a través de los familiares, bien en los vis a vis -encuentros íntimos- o bien en los conocidos como 'cristales', comunicaciones a través de una mampara. La segunda más habitual es por el propio interno, que, aprovechando un permiso, trae de vuelta algo prohibido. El resto de alternativas abarcan desde la ropa enviada por familiares hasta la más temida por los funcionarios, los drones, por su dificultad para detectarlos.

Una vez dentro, el tráfico de drogas funciona como en la calle, con la diferencia de que el precio es bastante más elevado. Hay vendedores que se enriquecen y compradores que demandan. Normalmente, según se dice, el que comercializa no consume, puesto que supondría perder dinero. La discreción es máxima, pero siempre hay ojos puestos sobre ellos, los de los funcionarios.

La vigilancia, en este sentido, se ha extremado en los últimos años en la prisión de Albolote, tal y como explica Ana, la subdirectora de Seguridad de la prisión. «Nuestra labor es preventiva, si sospechamos que alguien puede tener utilizamos los arcos detectores, los cacheos ordinarios y la unidad canina, fundamental en esta labor. Tenemos dos perros muy preparados en la detección de drogas y móviles», detalla. Si el animal «marca» al familiar, este no realiza la comunicación. «Ha supuesto un antes y un después, entra muchísima droga menos», añade Ana. Cuando lo requieren, acude el servicio cinológico de la Guardia Civil, que les cede el perro puntualmente si es necesario.

Los familiares tienen derecho de mandarle a sus allegados dos paquetes de ropa al mes. Es otra de las formas para tratar de introducir sustancias, por ejemplo, en las costuras de las prendas o escondida en las zapatillas. También estos envíos se controlan con más precisión ahora que antaño.

Por último, destaca, por su complejidad, el uso de drones. Con un plan preconcebido, dejan la sustancia a través de estos dispositivos en un punto acordado con el interno. En este sentido, la Guardia Civil detuvo a principios de año a seis personas, integrantes de una organización criminal, que se desplazaban por el territorio nacional con este fin. También actuaron en el centro penitenciario de Albolote. Los drones eran adaptados para el transporte de distintos objetos y volaban en horario nocturno. Estaban manipulados para evitar que emitieran iluminación y eran provistos de una cuerda y un sedal transparentes atados a su carcasa, de donde pendían los objetos que introducían. Los vuelos se dirigían a las ventanas de las celdas.

«La cantidad de droga que hay en Albolote es muy escasa, se intervienen cantidades muy pequeñas», resalta en este sentido el director de la prisión de Albolote, Miguel Ángel de la Cruz. En el último año, calcula que las sustancias ilegales introducidas han disminuido en torno a un 30-40% por los controles de seguridad. Solo en esta semana se han frustrado seis intentos.

Durante años, el director ha escuchado un «disparate» que dice que «a las cárceles les interesa que haya droga dentro para tenerlos a todos tranquilos», y es justo «lo contrario». «Es un foco de problemas y un obstáculo para lograr nuestros objetivos. Reducir su presencia es disminuir el nivel de conflictos y de sobredosis, en Albolote llevamos años sin fallecimientos por esta causa. Atrás dejamos la terrible época de la heroína de los años 80», admite.

En el plano sindical, Cecilia Vargas, delegada de CC OO en el centro de Albolote, puntualiza que en prisión hay «mucha enfermedad mental sin diagnosticar», e insiste en que los fármacos en pastillas son lo más demandado. «Hay quien trafica con su medicación recetada y se generan problemas», expone. Recuerda que los internos tienen peculio -una cuenta bancaria especial con tarjeta- para comprar en el economato de la prisión. «Pueden tener ahí el dinero que quieran, pero las familias tienen derecho a ingresarles hasta 100 euros por semana como máximo. También reciben ahí la nómina los que trabajan aquí, que son pocos», resalta.

El mayor hándicap, asegura, es que en esta cárcel hay «200 internos más de su capacidad y un déficit de 80 trabajadores». «Con la sobrecarga de trabajo es difícil detectar más droga», añade. Aún así, hace unas semanas un funcionario de Vigilancia Interior 2 detectó a una familiar que portaba diez bellotas de hachís y un móvil escondidos en sus cavidades íntimas.

Por su parte, Joaquín Leyva, portavoz nacional del sindicato Acaip, afirma que la introducción de droga en prisión genera «problemas entre clanes por controlarla» y un mercado negro de deudas. «Nos preocupan especialmente los drones y reclamamos inhibidores de frecuencia para evitar que sobrevuelen los centros penitenciarios. Detectarlos por parte de los funcionarios es complicado», admite.

Los que consumen o trafican con sustancias estupefacientes en prisión y son cazados se enfrentan a consecuencias legales, tal y como explica Cristian Pozo García, director de Pozo Abogados & Asociados, expertos en la materia. El tipo de delito que se aplica es el mismo dentro que fuera de la cárcel, y se castiga tanto al que la posee, ya que puede facilitarla a terceros, como a los familiares que la introducen. «Las penas van de uno a tres años de prisión para el tipo más común, sustancias que no crean daño a la salud, como marihuana o hachís. Son de tres a seis años cuando sí se genera ese daño grave; está regulado por unas tablas e incluye, por ejemplo, la cocaína, el speed o el fentanilo», detalla Cristian Pozo.

Los jueces suelen solicitar penas altas para provocar «un efecto disuasorio» e, incluso, se cuelgan sentencias condenatorias en la puerta de la cárcel. «Los familiares pueden leer cómo otros han sido condenados a cinco años por darle droga a un interno y se genera nerviosismo», apostilla. Por último, Pozo recuerda una norma no escrita: «Los que trafican no consumen, porque perderían dinero».