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Patricia Vaca
Miércoles, 29 de noviembre 2023, 00:22
Padres y madres de alumnos del colegio de educación infantil y primaria Tierno Galván de Armilla protagonizaron ayer una concentración en la puerta del centro ... en solidaridad con el paro indefinido del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y para reclamar a la Junta de Andalucía que atienda sus demandas. La huelga, que comenzó el 21 de noviembre en toda la comunidad, está dejando «desatendido» al alumnado con necesidades educativas especiales, denunciaron.
«Estamos viviendo una situación catastrófica. Tenemos que venir del trabajo para cambiarles los pañales a los niños», explicó Antonio Genol, padre de un niño de 4 años con necesidades especiales en un aula especializada para escolares con trastornos del espectro autista (TEA). «La figura del PTIS es fundamental para la integración de nuestros niños», subrayó.
«Tengo que estar pendiente toda la mañana para venir a ponerle la medicación a mi hija, una tarea de la que se encargaba la PTIS del centro», señaló Antonia Vargas, madre de una alumna con autismo. «Están dejando a los niños sin unos recursos que son necesarios para ellos», subrayó esta madre, quien recordó que, gracias a la figura de este personal, su pequeña pudo ser atendida hace dos años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el centro.
«Estamos en una huelga indefinida en la que estamos dejando desatendidos a nuestros alumnos», expresó María José Rodríguez, miembro del PTIS, a lo que añadió que la interrupción laboral no finalizará hasta que se cubran las necesidades específicas de cada centro educativo. «Somos conscientes de que esta es una lucha para mejorar también las condiciones de nuestros niños y niñas», enfatizó.
Integrantes del personal técnico en integración social e intérpretes de la lengua de signos de la provincia de Granada, apoyados por el sindicato Comisiones Obreras, además de familiares y alumnos con necesidades educativas especiales, se congregaron el martes frente a la Delegación de Educación de Granada para exigir a la Junta una solución laboral. En la provincia esta situación está afectado a un total de 200 trabajadores de distintos centros públicos.
«Han privatizado un servicio en el que no conocen las necesidades del alumnado y, además, están maltratando a los trabajadores» reveló Gloria Aguilera, portavoz del colectivo en la provincia por CC OO. Hizo hincapié en que la mayoría son mujeres con contratos a tiempo parcial. «No puede ser que muchas empresas se estén beneficiando de un servicio público», recalcó.
Por su parte, la Junta de Andalucía aseguró a este periódico que el modelo actual de funcionamiento del PTIS en los centros educativos de la comunidad autónoma fue creado en 2006 por el Gobierno durante el mandato del PSOE. Asimismo, afirmaron que la Junta, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), firma los contratos con las empresas y no con los trabajadores. Por tanto, aseguraron, los conflictos laborales deben de resolverse dentro de ese marco.
Por otro lado, señalaron que el actual Gobierno andaluz ha impulsado una serie de medidas destinadas a solucionar los déficits de este sistema. De la misma forma, mencionaron que la Consejería aumentó el precio de las licitaciones en un 17% y modificó algunas condiciones con el objetivo de elevar el rigor en el cumplimiento de los pliegos. Desde 2017, la Administración pública ha ejecutado penalizaciones a un total de siete empresas de estos servicios.
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