Santa Fe pide a la Junta que no autorice la planta fotovoltaica de la Vega

La planta propiamente dicha tiene por ley declaración de utilidad pública, ya que cuenta con la concesión de Red Eléctrica y los propietarios del terreno –121 hectáreas, en gran parte olivares– han accedido a alquilárselo a la empresa. Sin embargo, el tendido eléctrico necesario para transportar la energía generada por las placas solares sí precisaría la declaración de utilidad pública de la Junta, que, de ser otorgada, implicaría la expropiación forzosa de 217 parcelas de alto valor productivo y la destrucción de 30 hectáreas de cultivos agrícolas y choperas. Es decir, si no hay línea de evacuación, no puede haber planta.

Era la tercera vez que la moción era llevada al pleno, pero hasta este martes el alcalde, el popular Juan Cobo, había pedido posponerla para negociar con las empresas y con la Consejería de Industria para tratar de minimizar los daños del proyecto, por lo que consideraba que una declaración municipal sería contraproducente.

En esta ocasión, sin embargo, todos los concejales de la corporación votaron a favor de la moción: ocho del PP y una de Vox que forman el equipo de gobierno local, y los siete del PSOE y uno de IU, en la oposición. La corporación considera que estas plantas fotovoltaicas tendrían un efecto desvastador en el medio ambiente –al destruir cultivos y arboledas– y dejarían sin medio de vida a numerosos vecinos.

Aparte de las decenas de alegaciones presentadas ante Industria, el proyecto ha sido denunciado ante la Fiscalía de Granada por los grupos ecologistas, que consideran que la división de la planta en tres proyectos más pequeños –lo que permite a la empresa tramitar los permisos ante la Junta de Andalucía y no el Ministerio– constituye un fraude de ley. La Plataforma en Defensa de la Cuenca del Río Genil, además, ha denunciado el proyecto ante el Defensor del Pueblo, tanto andaluz como español.

La moción señala que este proyecto no debería contar con la declaración de utilidad pública, ya que las plantas solares «son de interés para los grupos y grandes compañías energéticas», mientras los cultivos y las choperas son «de mayor interés social: crean empleos verdes locales a nivel rural, abastecen de productos hortofrutícolas y de madera local, restauran las riberas de los ecosistemas fluviales usando como base plantas autóctonas, y los servicios, materiales y maquinaria que necesitan forman parte de la economía circular. En suma, la generación de energía renovable no otorga patente de corso para ser implantada de cualquier forma, afectando los recursos productivos locales».

En ese sentido, ven «incongruente» que la línea de evacuación, que tiene en total 14,5 kilómetros, discurra de forma subterránea por tramos de suelos de secano y, en cambio, adopte un trazado aéreo precisamente en los 4,2 kilómetros de «alto» y «excelente valor productivo» –según el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG)–, sostenida por 28 pilares de entre 24 y 29 metros de altura, lo que obligaría a destruir los cultivos en un pasillo de 80 metros de ancho. «Sea como fuere, cruzar la Vega del Genil con una infraestructura que atenta contra el medio rural y el paisaje es todo un despropósito», concluyen.

El pleno despertó gran expectación entre agricultores y selvicultores amenazados de expropiación y miembros de la plataforma contra el proyecto. A la movilización social se han sumado, entre otras organizaciones, la Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe, Salvemos la Vega, Somos Vega Somos Tierra, la Asociación para la Defensa del Paisaje y la Cultura de la Vega del Genil y Ecologistas en Acción.

Mociones similares han sido aprobadas por el pleno de la Diputación de Granada y del Ayuntamiento de Atarfe.

La Junta de Andalucía ha declinado comentar este acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Santa Fe, dado que el proyecto se encuentra aún en fase de tramitación.