![La Vega se rebela contra la amenaza de un megaparque solar, más allá de las siglas](https://s2.ppllstatics.com/ideal/www/multimedia/2024/06/21/CHOPERA.jpg)
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R. I.
Granada
Sábado, 22 de junio 2024, 00:34
La defensa de la Vega ha unido a todos los partidos políticos de Granada contra tres parques solares y sus líneas de evacuación, proyectados en terrenos de Santa Fe, Vegas del Genil, Atarfe y Pinos Puente, para las que la empresa Granada 133 Solar SLU ... ha pedido a la Junta de Andalucía la declaración de utilidad pública. Esa declaración supondría, según las asociaciones de defensa de la Vega y los propietarios afectados, la expropiación forzosa y la destrucción de decenas de hectáreas de tierras fértiles.
En concreto, la línea de evacuación recorre 14,5 kilómetros, pero la empresa solo proyecta soterrar 10, mientras el resto del tendido sería aéreo, sostenido por pilares de entre 24 y 29 metros de altura: su construcción supondría eliminar toda vegetación en un pasillo de 4,2 kilómetros de longitud por 80 metros de ancho en plena Vega de Santa Fe y Pinos Puente, es decir, obligaría a destruir más de 33 hectáreas de cultivos agrícolas y forestales.
Varias organizaciones unidas en la Plataforma para la Defensa de la Vega del Genil han presentado decenas de alegaciones ante la Junta y llevan semanas manteniendo reuniones con representantes de todas las instituciones y partidos de Granada para tratar de frenar lo que consideran un brutal atentado contra el paisaje y un daño irreversible al medio ambiente del Área Metropolitana.
Las plantas solares se ubicarán en una superficie de 155 hectáreas de olivares, lo que supondrá arrancar más de 15.000 árboles. En cuanto a la línea de evacuación, buena parte de los cultivos que se perderían son choperas, que juegan un importante papel en la absorción de CO2 y partículas tóxicas –junto a la capital con peor aire de España–, el filtrado de aguas residuales y la protección de la biodiversidad.
Con el lema 'Renovables sí, pero no así', la plataforma reunió hace dos semanas a un millar de personas en una manifestación por el centro de Granada. Hace unos días presentó sendas quejas ante el Defensor del Pueblo andaluz y español y prepara una denuncia ante la fiscalía por lo que considera un fraude de ley: la empresa promotora ha dividido su megaparque en tres más pequeños para evitar tramitarlo ante el Ministerio de Transición Ecológica.
Ecologistas y propietarios de terrenos agrícolas y selvícolas han hecho llegar a todos los partidos una moción en la que reclaman a la Junta que no declare la utilidad pública de las plantas fotovoltaicas, ya que, a su juicio, solo tienen utilidad para sus promotores, que obtendrán un enorme beneficio económico causando la ruina de los pueblos afectados y efectos devastadores en el paisaje de la Vega.
La moción fue asumida por el pleno de la Diputación el 23 de mayo:la presentó el grupo de Izquierda Unida y fue aprobada con el único voto de Carmen Pérez y la abstención del resto de los diputados. En declaraciones a IDEAL. la diputada de IUlamentó la «tibieza» del PP, pero agradeció que, con su actitud, permitiera que la institución provincial hiciera suya la demanda a la Junta, gobernada también por los populares.
Algo similar ocurrió en el pleno de Atarfe, donde los nueve concejales del equipo de gobierno de PSOE e IU sacaron adelante la moción con el apoyo de los dos ediles de Vox y la abstención de los cinco del PP. «Lo hemos hecho sobre todo en defensa de la Vega y en solidaridad con Santa Fe, ya que el tendido en nuestro término municipal va soterrado –explicó la alcaldesa socialista, Yolanda Fernández–. Consideramos incongruente que se esté promoviendo el cultivo del chopo y, al mismo tiempo, planeando destruirlo».
En Pinos Puente, donde gobiernan el PSOE e IU, la iniciativa la lideró la oposición, formada por el PP, Vox y los independientes. La portavoz popular, Cristina Guzmán, explicó a esta redacción que el equipo de gobierno no quiso admitir el debate de la moción en el pleno del 5 de junio, por lo que plantearon el asunto en el turno de ruegos y preguntas. Guzmán argumentó que, aunque la instalación puede resultar «golosa» para el Ayuntamiento desde el punto de vista económico, «los daños son mayores que los beneficios». Recordó que en el municipio tienen una nefasta experiencia con el parque solar de Búcor, que ha arrasado casi 250 hectáreas de terrenos, muchos de ellos de olivares, con graves efectos en la fauna y la flora y destrozos en el cauce del río. Por ello, pidió que todos los pueblos de la Vega se unan contra este tipo de infraestructuras «independientemente de las siglas».
En Santa Fe fueron los grupos del PSOE, IUy Vox los que llevaron a pleno la moción el 30 de abril. Tenían mayoría, pero los proponentes accedieron a posponer la votación a petición del alcalde. El popular Juan Cobo, que gobierna con la única edil de Vox, también se mostró contrario a los proyectos de las plantas solares tal y como están diseñados, pero explicó que está en plena negociación con las empresas y con la Consejería de Industria para tratar de minimizar los daños del proyecto.
Por su parte, la asociación Ciudadanos por Granada ha pedido a la Academia de Bellas Artes que «solicite a quien competa una moratoria del proyecto» que supondría «la muerte» de la Vega.
La moción aprobada por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Atarfe señala que el proyecto de las plantas Atarfe I, II y IIIno debería contar con la declaración de utilidad pública, ya que las plantas solares «son de interés para los grupos y grandes compañías energéticas», mientras los cultivos y las choperas son «de mayor interés social: crean empleos verdes locales a nivel rural; abastecen de productos hortofrutícolas y de madera local; restauran las riberas de los ecosistemas fluviales usando como base plantas autóctonas; los servicios, materiales y maquinaria que necesitan forman parte de la economía circular... En suma, la generación de energía renovable no otorga patente de corso para ser implantada de cualquier forma, afectando los recursos productivos locales».
A preguntas de esta redacción, la empresa promotora de los parques solares detrás de Granada 133 Solar SLU, Magnon Green Energy, filial a su vez de Ence Energía y Celulosa, aseguró que «es un inversor responsable» y «no solo cumple escrupulosamente toda la legalidad vigente, sino que ha contemplado medidas adicionales para asegurar el máximo respeto al entorno y cuidado del medioambiente y de la biodiversidad».
La compañía subrayó que, «como parte de su política de transparencia y apertura al entorno, mantiene activamente una línea abierta con todas las partes interesadas, incluidas administraciones locales y asociaciones, y hace hincapié en su predisposición a escuchar y a dialogar con todas ellas». Recordó que los terrenos en los que se asienta el proyecto fotovoltaico de Granada «son propiedad privada y, por lo tanto, la decisión de su arrendamiento ha sido tomada libremente por parte de sus propietarios».
No obstante, admitió la compañía, «algunos grupos de interés del entorno han transmitido a la empresa no su oposición al proyecto en sí, sino a la actual propuesta del trazado de la línea eléctrica. Con respecto a este último punto, la compañía está estudiando posibles soluciones».
La promotora insistió en su «firme compromiso» con Andalucía, que «desempeña un importante papel dentro de la transición ecológica y el impulso de la descarbonización. El uso de energías renovables contribuye a preservar el medioambiente y asegurar el desarrollo sostenible y la innovación y su proyecto de Granada, sin duda, avanza en esa dirección».
Por su parte, la Delegación del Gobierno andaluz en Granada no ha querido comentar nada sobre el proyecto, dado que la tramitación del expediente «no está cerrada», si bien fuentes de ese organismo han precisado que están siendo «escrupulosos, como siempre, en este tipo de procedimientos».
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