Asociaciones de consumidores se movilizan el sábado contra el impuesto de las hipotecas

Con esta concentración, esta asociación de consumidores pretende exigir al Gobierno medidas que impidan a los bancos sortear la obligación de pagar el impuesto hipotecario subiendo, por ejemplo, «los tipos de interés de las hipotecas u otras tasas que repercutan en los clientes», quienes acabarían pagando el impuesto indirectamente con estas subidas, aunque oficialmente lo hiciera el banco, según explicó Solera. Es por ello que la presidenta de FACUA Granada insistió en defender a los ciudadanos mediante la creación de una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes que adquieren este tipo de crédito y pidió al Gobierno que concretara «cómo piensa blindar a los ciudadanos de a pie».

«La decisión del Gobierno de cargar el impuesto de la hipoteca a la banca es correcta, pero ahora debe blindar al cliente para evitar que las entidades se lo cobren al usuario de alguna manera porque al final la banca siempre gana de algún modo», apuntó Solera. Esta defensora de los derechos de los consumidores lamentó la «incertidumbre» a la que se están viendo sometidas las personas que recientemente han solicitado una hipoteca o que están pendiente de firmar una en los próximos días tras la rectificación de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo y la decisión del Gobierno de modificar la ley.

Inicialmente FACUA convocó la concentración del sábado con el objetivo de exigir la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y el de la Sala Tercera, después de que modificaran este martes mediante votación 15 a 13 a favor de la banca el primer fallo que emitió el tribunal hace dos semanas, el cual se posicionó del lado de los clientes al atribuir el impuesto a las entidades financieras. Según esta organización de consumidores, los jueces se vieron presionados por los bancos. Por eso, otro de los motivos iniciales de la concentración era demandar la «independencia del Poder judicial» y «la modificación de la legislación hipotecaria y tributaria para que la banca pague íntegramente el IAJD», según consta en la convocatoria de la página web de FACUA-Consumidores en Acción.

«No esperábamos gran cosa del Tribunal Supremo después de que en el año 2013 no condenara las cláusulas suelo y su discurso alarmista sobre el descalabro financiero ejerció su efecto, pero la esperanza es lo último que se pierde», dijo Solera en referencia a la rectificación judicial del impuesto de la hipoteca.

Tras el anuncio inesperado del Gobierno de cambiar la legislación y cargar el impuesto a los bancos, lejos de cancelar la concentración de este sábado, FACUA la mantendrá no sólo para defender la crítica hacia la «falta de independencia de la Justicia», sino también para insistir en la necesidad de «blindar» a los clientes y evitar que la banca «se salga con la suya».

El decreto ley con el que el Ejecutivo central hará pagar el impuesto a las entidades bancarias se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes. Uno de los abogados de FACUA Granada apuntó ayer a IDEAL que a partir de esta publicación, el Congreso de los Diputados deberá someter a debate y votación el decreto ley en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. La presidenta de FACUA Granada, Mar Solera, insistió en que esta situación mantiene la incertidumbre sobre los ciudadanos. «¿Y si el Congreso no aprueba el texto qué pasará entonces?», preguntó.

Además, otra de las preocupaciones de esta entidad recae sobre las posibles reclamaciones que hagan los afectados a partir del lunes y cómo reaccionará la banca cuando empiece a recibir las primeras solicitudes. «De momento está todo en el aire», comentó Solera. Lo que sí es seguro, según anunció ayer el Ejecutivo central, es que el decreto ley no contempla el efecto retroactivo, por lo que únicamente será efectivo con las nuevas hipotecas que se firmen a partir de su aprobación.

Sólo en la provincia de Granada, y según los datos de préstamos hipotecarios para vivienda que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hipotecas que podría haber entrado en un proceso de reclamación superaba los 22.000, pero el decreto ley que aprobará el Gobierno no es de efecto retroactivo, por lo que no se podrán beneficiar de la medida. En total, estaban en juego 31,2 millones de euros en la provincia, según los datos del INE, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que la cifra total en España podría rondar los 5.000 millones de euros.

La legislación andaluza sitúa en el 1,5% el importe del crédito, que varia en cada comunidad autónoma. En lo que va de año, los hipotecados en la provincia granadina han abonado ya 8,4 millones a causa de este impuesto. Únicamente las nuevas hipotecas que se firmen tras la aprobación del decreto ley podrán beneficiarse de la nueva medida financiera.

«Tenemos que dar garantía y seguridad jurídica con un criterio firme en este tipo de trámites a los clientes», aseguró la delegada del distrito notarial de Granada, Pilar Fernández. En este sentido, esta notaria remarcó que «el cliente es el más débil y hay que cuidarlo más que la banca en este tipo de situaciones, pero siempre acatando y respetando las decisiones judiciales y la legislación».