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Yenalia Huertas
Granada
Martes, 17 de enero 2023, 00:04
El atestado elaborado por la Policía Nacional sobre las presuntas irregularidades contables del contrato para la explotación del servicio de audioguías de la Alhambra siendo directora del Patronato Mar Villafranca no pudo ser ratificado ayer por su autor, un inspector del Grupo de Delincuencia Económica ... de la Policía Judicial de Granada, al haber no haber sido citado formalmente como testigo, según informaron a IDEAL fuentes de las defensas.
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Según estas mismas fuentes, el jefe del grupo policial al que pertenece el referido inspector era uno de los testigos propuestos por las acusaciones (que ejercen la fiscalía, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada) en la sesión de ayer y, aunque acudió a la Audiencia acompañado del funcionario policial que realizó la investigación, este no pudo explicar los extremos de la misma en la sala de vistas por no haber sido citado en el momento procesal oportuno. Por ello, el jefe del grupo se limitó a ratificar las conclusiones de la investigación como instructor del atestado, pero no como autor del documento en sí.
Para que el inspector autor de la investigación hubiera podido testificar debía de haber sido propuesto por las partes o bien en sus escritos de acusación o defensa, o bien en las cuestiones previas que se plantearon el primer día al arrancar el juicio, según las referidas fuentes.
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Por este motivo, a juicio de las defensas, el informe policial (uno de los más importantes que obran en la causa) no tendría ya «fuerza de prueba», aunque será el tribunal el que determine en su sentencia su validez como tal.
Las fuentes del caso consultadas por este diario precisaron que en la sesión de este martes habrá nuevas testificales, entre ellas las de empleados de la empresa adjudicataria del servicio de audioguías entre los años 2007 y 2015, Stendhal Museum Solutions.
El juicio por este caso se inició el pasado día 9 de enero. Se sientan en el banquillo de los acusados la exdirectora de la Alhambra Mar Villafranca, la exsecretaria del monumento, el exjefe de Contabilidad y el administrador de la empresa que explotó el servicio en los años en los que se sitúan las presuntas irregularidades contables.
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