La Audiencia rechaza investigar el urbanismo de Maracena tras el secuestro por falta de pruebas

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, la Audiencia Provincial rechaza de plano la pieza separada que el juez instructor había propuesto, para investigar cinco expedientes municipales, relativos a un gimnasio, un centro de salud, un taller, una gasolinera y la asignación económica a los grupos municipales. Los expedientes que llevaba la concejala en su coche cuando fue secuestrada hacían alusión a estos asuntos, y ella misma declaró que creía que su detención ilegal se debía a que estaba investigando presuntas irregularidades en estos expedientes.

La Audiencia argumenta que no puede iniciarse una investigación sobre «hechos cuya apariencia delictiva no esté indiciariamente sustentada en algún elemento o dato que presente un carácter mínimamente objetivo». Explica el magistrado en su auto que nuestro ordenamiento jurídico no tolera investigaciones basadas en «simples sospechas o suposiciones». Por todo ello, aceptan el recurso de Noel y excluyen la apertura de un proceso penal para la investigación de estos asuntos urbanísticos. Aporta además la existencia de un informe policial en el que ya se pone de manifiesto que la documentación intervenida en el coche de la víctima del secuestro «no es suficiente para determinar la existencia de irregularidades en la tramitación de los correspondientes expedientes».

Pero además, en el auto se repasan cada uno de esos expedientes, que en algunos casos ya se están investigando, en vía contenciosa o administrativa. Así, en cuanto al expediente del gimnasio, se denuncia «una supuesta inexistencia de un estudio de viabilidad». Sin embargo, se sigue un procedimiento judicial contencioso administrativo en el que podrá determinarse si hay alguna irregularidad.

En el caso del centro de salud, en el que la concejala secuestrada denunciaba que se hizo una adjudicación directa, también hay abierto un procedimiento contencioso administrativo «en el que el ayuntamiento se opone a las pretensiones económicas de un particular».

En la relación de sospechas de la concejala víctima del secuestro se apuntaba también a un taller, que está siendo objeto actualmente de una corrección en vía administrativa. Rechaza así, por ser una «apreciación subjetiva», la declaración de la exedil de que había «inacción por parte del Ayuntamiento».

En el listado de asuntos se apuntaba también a un supuesto «fraude de ley» en la asignación económica a los grupos municipales, pero no se trata de un acuerdo de pleno, sino de una propuesta.

Por último, el auto detalla que no hay documentación relativa al expediente de la gasolinera. Las sospechas, en este caso, están basadas «suposiciones o sospechas obtenidas en exclusiva de las declaraciones» de la concejala (ya exedil). Por tanto, «no apreciamos sentido a llevar a cabo esas indagaciones fuera de este procedimiento». según reza el auto.

Además de este análisis, el auto de la Audiencia Provincial apunta que en la declaración del arquitecto municipal (que también prestó declaración) «no consta que confirme ni las irregularidades administrativas que se denuncian por la señora Romero ni las apreciaciones sobre el móvil de la detención ilegal y la implicación de terceros que realiza dicha testigo».

Por todo ello, «entendemos que debe estimarse el recurso y dejarse in efecto el acuerdo de deducción de testimonio e incoación de un nuevo proceso penal».