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Como es sabido, las audioguías son unos aparatos con explicaciones grabadas que suelen usarse para ayudar al visitante a descubrir todos los espacios de interés de un lugar. En la Alhambra de Granada han sido especialmente útiles. Durante años han servido a miles y miles ... de turistas para no perderse en sus bellos espacios, ajenos a que tras aquellos equipos que les guiaban por el recinto había una causa judicial que iba a propiciar la detención y dimisión de su entonces directora, Mar Villafranca. Ese asunto, bautizado por los medios como el caso de las audioguías, es el que llega este lunes a juicio y viene a cerrar una época sin duda convulsa en el recinto nazarí, la de la anterior gestión, salpicada en las dos últimas décadas por otros dos escándalos: Colina Roja II y el caso Alhambra.
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Caso audioguías
La investigación del caso de las audioguías se abrió hace ocho años y sentará en el banquillo a cuatro personas. Además de la exdirectora del Patronato de la Alhambra y el Generalife (PAG), serán enjuiciados la exsecretaria del recinto, el ex jefe de Contabilidad y el empresario al que se le concedió la explotación del servicio de audioguías. ¿Los principales ilícitos que se les atribuyen? Prevaricación y malversación, los delitos que se persiguen en la mayoría de casos de corrupción.
El origen de este caso fue una querella presentada en 2015 por la fiscalía de Granada. Esta se produjo después una investigación del propio ministerio público tras la denuncia presentada en la Agencia Tributaria por un exempleado de GTP Museum (ahora Stendhal Museum Solutions) ante una serie de supuestas irregularidades en aquella contratación. El servicio de audioguías fue explotado por esa empresa durante siete años (entre 2007 y 2015) y la fiscalía cree que hubo anomalías contables con alcance penal.
Esas presuntas irregularidades se traducen en una cifra: 1.255.816 euros, correspondientes al canon sin liquidar de los equipos de audioguías individuales y de grupos y a descuentos «indebidos« en concepto de prestación del Servicio de Información al Visitante.
A lo largo de las doce sesiones que se han señalado en la Audiencia de Granada (está previsto que la vista acabe el 25 de enero), los magistrados de la Sección Segunda determinarán si la excúpula de la Alhambra y el dueño de la concesionaria delinquieron o no. Sus declaraciones, las de los testigos y los análisis periciales articularán un enjuiciamiento que pone una vez más en evidencia que la justicia no es precisamente rápida. Los encausados se enfrentan a años prisión (la fiscalía pide para la exidrectora y la exsecretaria cinco y diez para el empresario), aunque ya llevan ocho de pena de banquillo.
Hay otras partes acusadoras en el proceso: la Junta de Andalucía (acusación particular) y el PP (acusación popular) y, según ha podido saber IDEAL, el PP ha presentado en estos días un escrito comunicando que se aparta del procedimiento al haberse adherido a las conclusiones del ministerio fiscal y no haber formulado cargos distintos ni contra personas distintas.
Pero, como se ha dicho, el caso de las audioguías no ha sido la única tacha de la historia de la gestión de la Alhambra hasta 2015. Hubo otras dos investigaciones penales que provocaron que el recinto nazarí copara titulares y no por ser el monumento más visitado de España.
Colina Roja II
La otra gran causa penal relacionada con la gestión de Mar Villafranca en la Alhambra se tramitó también en el Juzgado de Instrucción 4 de la capital (se desligó del caso de las audioguías) y acabó en carpetazo en 2019. Bautizada con el nombre de la operación policial que dio lugar a la misma, 'Colina Roja II', estuvo centrada en otros contratos del monumento. Se llegó a detener a más de 20 personas, entre ellas otra vez a la exdirectora y la exsecretaria.
Aquella investigación salpicó a numerosas empresas, pero terminó siendo archivada después de que la Audiencia anulara las detenciones y demás pruebas practicadas desde octubre de 2017 por haberse superado los plazos que marca la ley sin que se hubiera llegado a interrogar a ningún investigado en el juzgado. Cabe recordar que no se puede acusar y sentar en el banquillo a una persona a la que no se le ha escuchado antes como investigada para que pueda defenderse de los delitos que se le imputan, pues se vulnerarían derechos fundamentales.
La Policía Nacional llegó a hablar de una supuesta «trama organizada» que habría llegado «a defraudar cerca de 7.000.000 de euros». Aquel asunto se centró en el estudio de otros contratos adjudicados por el conjunto monumental desde 2007 hasta 2015 a una serie de empresas. Se quería investigar si esas entidades se comprometían a contratar una red clientelar de trabajadores «de la casa» afines a la excúpula directiva, pero nada se averiguó ni se pudo determinar al ser sobreseídas las actuaciones.
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