Desde que la fiscalía emitiera su escrito de acusación en julio de 2019, las novedades en el caso Marchelo, en el que se investigan desde 2006 presuntas irregularidades en varias operaciones urbanísticas siendo alcalde José Guerrero (PP), se han sucedido con cuentagotas. Una de las ... últimas figura en un escrito del Ayuntamiento de Alhendín, que se ha dirigido al órgano instructor del asunto, el juzgado mixto número 2 de Santa Fe, para comunicarle el papel que juega en este viejo proceso: el de «perjudicado».
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Las fuentes del caso consultadas ayer por IDEAL confirmaron que la causa, que ha estado plagada de vicisitudes desde su inicio, se sigue encontrando en la fase de preparación del juicio oral, en la que las partes califican los hechos. En esta fase, las acusaciones emiten sus conclusiones provisionales (enumeran los delitos que ven y piden las penas que consideran oportunas) para que, una vez se dicte el auto de apertura del juicio oral, las defensas emitan sus escritos de disconformidad.
Otro de los últimos pasos dados en el caso consta en una providencia del juzgado fechada el 17 de mayo. En ella se acordó la «ampliación del plazo para presentar escritos de defensa», tras solicitarlo algunos de los implicados. El órgano accedió, «concediendo a los mismos y a todos los investigados, simultáneamente» un período de 30 días «una vez sea notificado el auto de apertura de juicio oral y dado traslado de los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y resto de acusaciones, para presentar los mentados escritos de defensa».
La tardanza en la tramitación de esta causa se ha debido, entre otros motivos, a que cuando ya se había pasado a la fase de preparación del juicio oral en 2012 se dio marcha atrás para practicar más pruebas. Tampoco han ayudado a agilizar el proceso los diversos cambios de juez en ese órgano santaferino, los numerosos recursos interpuestos o la demora en su digitalización.
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La fiscalía acusó a 15 de los 16 implicados, que son empresarios y expolíticos del municipio granadino, entre los que está el exalcalde José Guerrero, para quien el fiscal pidió más de 15 años de prisión por la supuesta comisión, entre otros, de delitos de fraude en la contratación, prevaricación o malversación. También figura el exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández, que se enfrenta a 26 años de cárcel. El 'caso Marchelo' se parcela en varios grandes apartados: la construcción de una gasolinera, las presuntas irregularidades en el polígono Marchalendín y la edificación de la urbanización Novosur.
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